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Última modificación: 2007-08-06
Prohibición de suspender unilateralmente el pago de pensiones o de disminuir su valor

· En caso de sustitución pensional

?Al actor se le suspende la pensión, sin tenerse en cuenta el art. 73 inciso 1º del CCA, el artículo 136 ibídem, poniéndose por encima de estas normas a una de inferior categoría (art. 42 Decreto 2665/88) con el argumento de que la sustitución pensional para el viudo no era viable en 1973. La Corte Constitucional ordena al Instituto de Seguros Sociales que en el término de 48 horas continúe pagando al actor la sustitución pensional. Señala que el juez de tutela debe ponderar que en el caso concreto no había discrecionalidad para suspender la pensión (que en el fondo es una revocatoria de la pensión decretada) y al tomarse tal medida se violaron derechos fundamentales. Como esto ocurrió, el perjudicado puede instaurar una acción contencioso- administrativa, pero, dada su avanzada edad que en un momento dado convertiría en ineficaz una lejana sentencia, la tutela sería viable como mecanismo transitorio.? * nota 1

· Obligatoriedad de pago de pensiones a docente

?En providencia de tutela la Corte Constitucional amparó el derecho al trabajo de una docente a quien se le negaba el pago de su pensión por no acreditar su retiro definitivo del servicio oficial. La administración se negaba a realizar el pago con fundamento en la prohibición constitucional de no recibir más de una asignación del tesoro público, pese a la excepción legal según la cual el ejercicio de la docencia no es incompatible con el disfrute de la pensión de jubilación. La Corte sostuvo que la peticionaria puede percibir las mesadas correspondientes a su pensión sin que para ello deba renunciar al cargo de docente y, a la inversa, le es posible trabajar al servicio de la enseñanza sin que, contra su voluntad de hacerlo, pueda oponerse la consecuencia de una pérdida del derecho a la pensión, ya que con ello impondría al trabajo un castigo que, para casos como el controvertido, no tiene sustento en norma alguna. Es claro para la Corte que, estando autorizada la peticionaria para ejercer como docente sin detrimento de la obtención de su pensión, la restricción proveniente del acto administrativo, vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad.? * nota 2

· Prohibición de suspensión unilateral por conflictos entre el ISS y el patrono

?La Corte Constitucional considera que la decisión de la empresa demandada de suspender el pago de la mesada pensional, pese a conocer las repercusiones que tendría el incumplimiento en el pago de los aportes al seguro social para el pensionado, unida al hecho de que el peticionario es una persona de la tercera edad, coloca al actor en situación de indefensión y frente a la eventualidad inmediata de sufrir un perjuicio irremediable. Sostiene que la controversia entre el patrono y el Instituto de los Seguros Sociales en torno a la proporción en que cada uno está obligado respecto del derecho a la pensión de vejez del peticionario, trasciende el mero plano legal para adquirir relevancia constitucional. La decisión de la empresa no sólo compromete la efectividad del derecho a la seguridad social del trabajador pensionado, sino que amenaza su derecho al mínimo vital cuando le obliga a resignarse con el 20% de la pensión que le venía reconociendo y que constituía, su fuente exclusiva de ingreso.? * nota 3

· Prohibición de disminuir la pensión de jubilación ya reconocida

?El pensionado puede solicitar la protección transitoria de la tutela cuando, recibiendo una pensión de jubilación concedida por entidad privada y otra de vejez reconocida por entidad pública, se le disminuye unilateralmente el valor sin su consentimiento, bajo el argumento de que éste recibe simultáneamente dos pensiones. Es de anotar que dichas pensiones no son compartidas y, además, no existe incompatibilidad en recibirlas nota 4.

La Corte Constitucional concedió el amparo solicitado por considerar que el hecho de otorgarse una pensión crea una obligación por cumplir que debe perdurar durante el lapso que subsistan las condiciones para cancelarse nota 5.

Para la Corte, tomar la decisión de disminuir la pensión de jubilación unilateralmente constituye una indefensión y una subordinación simultáneamente; la primera, porque el anciano se ve desprotegido por la disminución de su pensión y, la segunda, porque está subordinado a la entidad que conceda su mesada. Por tanto, en estos actos que concretizan unos derechos en cabeza de una persona, más cuando se trata de una persona de la tercera edad, debe observarse permanentemente el principio constitucional de la buena fe; así pues el acto debe perdurar mientras subsistan ciertas condiciones sin que se pueda fracturar unilateralmente por uno de ellos.? * nota 6

En otra ocasión, unos pensionados de la Fundación San Juan de Dios presentaron acción de tutela por cuanto sin justificación alguna, la entidad demandada disminuyó el monto de algunas de las mesadas en distintos porcentajes, e incrementó el porcentaje para el aporte a la salud, desconociendo lo estipulado en la convención colectiva, con lo cual se presentaba una situación discriminatoria. La Corte reiteró su jurisprudencia al señalar que no es válida ninguna argumentación que permita como solución a una época de crisis descontar en un porcentaje el monto de la pensión previamente reconocida, ni afirmar que por recibir el pago parcial de la mesada pensional, que en muchas ocasiones es más que el mínimo legal, no se está afectando el mínimo vital del pensionado.

Los demandantes laboraron y cumplieron los requisitos para acceder a la pensión, el monto y el pago de este derecho fue reconocido de conformidad con la ley, y no se puede por una situación apremiante desconocerse o descontarse en el porcentaje que de manera arbitraria considere el Interventor de la Fundación, pues no existe ningún supuesto que justifique cuánto se debe pagar o hasta dónde debe pagarse. En consecuencia, el derecho a recibir la pensión se adquiere por cumplir una serie de condiciones y requisitos y el porcentaje, al que se ha accedido de conformidad con estos requisitos, no puede ser cambiado en detrimento del pensionado. nota 7

· Prohibición de suspender el pago de una pensión sin el consentimiento del afectado o la revocatoria directa del acto administrativo o una decisión de carácter judicial que así lo ordene

El actor interpuso acción de tutela contra la Fundación San Juan de Dios y el Ministerio de Hacienda, porque consideró que se le vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, al pago oportuno de la pensión y al debido proceso, con ocasión de la suspensión unilateral y definitiva del pago de su pensión de jubilación, a la cual accedió en aplicación de normas de carácter convencional. Las autoridades demandadas fundamentaron su decisión en la necesidad de evitar un detrimento al erario público, pues de acuerdo a un concepto jurídico emitido por el Ministerio, el actor no cumplió con los requisitos señalados en la Convención para acceder a ese derecho.

La Corte señaló que en aplicación del principio del respecto del acto propio, si una entidad expide un acto por el cual reconoce un derecho, -como puede ser el reconocimiento de una pensión convencional-, y posteriormente suspende o revoca de manera unilateral y sin consultar con la persona a quien había reconocido tal derecho, estará desconociendo además de ese principio, los principios de buena fe y confianza legítima, y vulnerará igualmente el derecho fundamental al debido proceso. Sólo en el evento de que la expedición del acto que reconoció ese derecho hubiere sido consecuencia del empleo de documentación falsa, la suspensión o revocatoria del acto podría hacerse de manera unilateral sin que medie consentimiento previo del particular. En los demás casos, si la autoridad no obtiene el consentimiento del titular del derecho y encuentra necesario revocar el acto por el cual lo reconoció, deberá iniciar la actuación judicial pertinente ante la autoridad judicial que corresponda.

Al revisar el caso, la Corte destacó que la Fundación San Juan de Dios no había demostrado que el demandante hubiera incumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación que venía gozando hasta el mes de mayo de 2002. De esta manera, la Corte consideró que habiéndose suspendido el pago de la pensión sin que hubiere una justificación clara y objetiva para ello, o que hubiere mediado la autorización expresa y por escrito del accionante, o que se hubiere demostrado que la pensión fue reconocida con base en documentos falsos, la actuación adelantada por la Fundación había violado los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital del accionante.

En consecuencia, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y justas, al mínimo vital y al debido proceso del actor y ordenó a la Fundación que hasta tanto no se profiera una decisión judicial que avale la revocatoria del acto que reconoció el derecho pensional al actor, deberá continuar cumpliendo de manera puntual y completa con el pago de la pensión ya reconocida. nota 8

· Prohibición de suspender el pago de una pensión reconocida sin agotar el debido proceso

El actor presenta acción de tutela contra el Ministerio de Protección Social, por cuanto se le suspendió de manera unilateral el pago de la pensión que venía disfrutando desde hace varios años. El Ministerio de Protección Social aduce que se tomó tal determinación al realizar una verificación de la documentación del actor, y no encontrar la hoja de vida en el archivo de la entidad. Para la corte es claro que dicha acción por parte de la entidad mediante la cual se declara la revocatoria directa de una prestación económica, debe ser la consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a las normas establecidas en el código contencioso administrativo, y mientras se adelanta el correspondiente procedimiento administrativo se le debe continuar pagando al titular o a los causahabientes de la pensión o la prestación económica las mesadas o las sumas que se causen.

Adicionalmente, la Corte al pronunciarse sobre la exequibilidad condicionada de la Ley 797 de 2003 Artículo 19, en la Sentencia C-835 de 2003, recordó que de conformidad con el artículo 28 del CCA toda actuación administrativa iniciada de oficio que afecte a un particular deberá estar precedida de un procedimiento que garantice su derecho de defensa y puntualizó que la revocatoria directa sin el consentimiento del titular prevista en el mencionado artículo solo cabía frente a actuaciones evidentemente fraudulentas.

Tal y como queda evidenciado la actuación del Ministerio es violatoria de los derechos del debido proceso, y a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital del actor, y por consiguiente se concede el amparo solicitado. nota 9

· Prohibición al nuevo patrono de suspender paga de pensiones que debía pagar directamente el antiguo por orden de suspender el pago de una pensión reconocida con anterioridad

Mediante escrito el ciudadano x, actuando a través de apoderado, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, la salud, el mínimo vital, la integridad personal, la seguridad social y la protección especial de la tercera edad, vulnerados por el demandado, en razon a que mediante acuerdo celebrado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre él y su ex empleador, se reconoció a su favor y a cargo de aquel, el derecho a la pensión de jubilación, la pensión se venía cancelando oportunamente desde el año 1983 y hasta el mes de enero del año 2005, cuando se presenta una sustitución patronal y entonces se suspendió unilateralmente el pago de su mesada sin mas justificación que posiblemente la del cambio de empleador.

El actor afirma que su situación económica actual es deplorable, caracterizada por la carencia del dinero mínimo necesario para cubrir sus gastos de manutención, y agravada por su avanzada edad, lo mismo que por su deteriorado estado de salud.

En este orden de ideas, el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo señala como responsabilidades de los empleadores, en la sustitución patronal, que: ?1. El antiguo y nuevo patrono responden solidariamente de las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo patrono las satisficiere, puede repetir contra el antiguo?, tam,bien hace alusión a que ?3. En lo casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo patrono, pero éste puede repetir contra el antiguo?.

La Corte en aplicación de las reglas enunciadas, y del principio de responsabilidad solidaria entre el nuevo y el antiguo patrono que rige el proceso de sustitución patronal ante los casos de jubilación de los trabajadores cuyo derecho ha nacido con anterioridad al mismo, ordena al nuevo empleador pagar las mesadas pensionales adeudadas al actor, con la advertencia perentoria de continuar haciéndolo oportunamente hacia el futuro, y advirtiendolo sobre la procedencia de la acción de repetición a favor del actual empleador contra su predecesor en relación con los valores pagados por dicho concepto. nota 10



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-355-95 ver también T-189-95, T-292-95 y T-382-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-064-95
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-287-95
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-315-96
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-181-93.
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-295-99 ver también T-776-02
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-471-02 ver también T-496-02 y T-612-02
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-195-04. Ver también Sentencia T-298-06
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-344-04
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-205-06

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