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Última modificación: 2007-08-06
El cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión se configura como causal justa de retiro de trabajadores públicos y privados

La Corte Constitucional se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad del artículo 9° (parcial) de la Ley 797 de 2003, el cual modifica el artículo 33 de la Ley 100 que consagra como justa causa para dar por terminada cualquier relación laboral pública o privada, que el trabajador cumpla con los requisitos para tener derecho a la pensión, así como la potestad del empleador para dar por terminada la relación laboral cuando sea reconocida o notificada la pensión o para solicitar el reconocimiento de la misma a nombre del empleado, una vez transcurridos treinta (30) días desde que éste cumplió con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión y no la haya solicitado. El actor consideró que el artículo contraviene y desconoce principios, derechos y garantías previstas en la Carta Política.

La Corte al resolver el problema analiza a) la libertad de configuración del Legislador para regular lo referente a las causales de retiro de trabajadores públicos y privados, b) el deber del Estado de intervenir para dar ?pleno empleo? a los recursos humanos y c)la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas al ejercicio de funciones públicas. En este sentido la Corte argumentó que fue el mismo Constituyente quien facultó al Legislador para que estableciera causales adicionales a las reguladas directamente por la Constitución para el retiro del servicio de los empleados públicos. En consecuencia, compete al Legislador, en ejercicio de la potestad de configuración política, determinar las demás causales de terminación de las relaciones laborales públicas y privadas, respetando los límites, principios y valores constitucionales. Por tanto, la regulación prevista en el parágrafo 3° del artículo 9° de Ley 797 de 2003, al establecer una causal de terminación de la relación laboral, tiene amparo constitucional.

En este orden de ideas, cuando un trabajador particular o un servidor público han laborado durante el tiempo necesario para acceder a la pensión, es objetivo y razonable que se prevea la terminación de su relación laboral. Por un lado, esa persona no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión, como contraprestación de los ahorros efectuados durante su vida laboral y como medio para gozar del descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de su producción laboral es evidente. Por otro lado, crea la posibilidad de que el cargo que ocupaba sea copado por otra persona, haciendo efectiva el acceso en igualdad de condiciones de otras personas a esos cargos, pues no puede perderse de vista que los cargos públicos no son patrimonio de las personas que los ocupan.

Por último, La Corte declaró la exequibilidad del parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, mediante sentencia aditiva, pues además de la notificación del reconocimiento de la pensión exigirá, para hacerla conforme con la Constitución, la notificación de su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. En síntesis la Corte adiciona a la primera notificación, otra, la de su inclusión en la nomina de pensionados nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1037-03

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