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Última modificación: 2007-08-06
Protección de la seguridad social en empresas privadas o entidades territoriales que se encuentran en concordato, liquidación o crisis financiera

· Pago oportuno de mesadas pensionales de empresas en concordato

?La Corte Constitucional en sentencia de tutela protegió los derechos a la vida (subsistencia y mínimo vital) y seguridad social de personas de la tercera edad respecto de una empresa que se encontraba en concordato y que se negaba a pagar las mesadas y tramitar la conmutación pensional. Se consideró que en personas de la tercera edad, el derecho a la seguridad social, que se hace efectivo a través del pago de las correspondientes mesadas pensionales y la prestación de los servicios médico-asistenciales, adquiere el carácter de derecho fundamental, como quiera que el mínimo vital de los ancianos, quienes se encuentran excluidos del mercado laboral o hallan serias dificultades para acceder a un empleo, depende por entero de los recursos que perciben por concepto de las pensiones. Resulta inaceptable cualquier argumento que tienda a erigir el concordato preventivo obligatorio en una patente de corso para que las empresas privadas, vinculadas a los mandatos de los artículos 13, 46 y 48 de la Constitución, vulneren los derechos fundamentales de sus pensionados. Los créditos de carácter laboral orientados al pago de las pensiones de las personas discapacitadas o de la tercera edad, gozan de una prelación absoluta no sólo legal sino constitucional, al momento de efectuarse el pago de los créditos concordatarios así como de los gastos de administración.? * nota 1

?Considera la Corte Constitucional que someter a una persona de la tercera edad al trámite de un proceso ejecutivo u ordinario, que de todos es conocido, por su demora en el trámite, sería desconocer su condición de debilidad manifiesta, siendo posible que cuando se obtenga una decisión judicial al respecto ya sea demasiado tarde, o que el mismo pensionado haya fallecido. Es por esto que la entidad responsable de la pensión, que actualmente se encuentra en el trámite de un proceso concordatario, reconozca que su difícil situación económica no es óbice para sustraerse a las obligaciones contraídas con sus trabajadores activos y pensionados, quienes en su gran mayoría dependen de sus salarios y mesadas pensionales, las que deben en lo posible ser canceladas de manera oportuna y completa.

"Además, dichas obligaciones deberán pagarse de manera preferente a todas las demás. La Corte decide tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social y a la igualdad y ordenar a la Sociedad para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, reanude el pago de las mesadas pensionales a que tiene derecho la señora. En lo que respecta a las mesadas atrasadas y no pagadas la entidad demandada, deberá, tan pronto exista la disponibilidad de los dineros, proceder a pagar de manera preferente, todas aquellas obligaciones laborales existentes y pendientes de pagar a la señora.? * nota 2

· Pago de mesadas pensionales de empresas en liquidación o en crisis financiera

?En providencia de tutela, la Corte Constitucional al proteger los derechos a la vida (subsistencia y mínimo vital) y seguridad social de personas de la tercera edad respecto de una empresa en liquidación, ordenó pagar las mesadas atrasadas con la debida indexación, tan pronto se lo permitiera el flujo de caja.? * nota 3

?En otra ocasión la Corte Constitucional señaló que las autoridades distritales, con posterioridad a la decisión de liquidar la empresa de servicios públicos, tuvieron la oportunidad de redimensionar el pasivo laboral y prestacional y de adoptar las medidas del caso para honrar las acreencias, pero tal cosa no se hizo. La prolongada mora - superior a tres años - en el pago de las mesadas pensionales causadas, que afecta el mínimo vital de un anciano de sesenta y ocho años de edad, la que se mantiene pese a las órdenes judiciales de pago, demuestra que el costo negativo de la decisión de "privatizar" el servicio público -que puede beneficiar al distrito y eventualmente a sus usuarios y nuevos gestores del mismo-, recae injustamente en aquél y en personas que se encuentran en análoga situación como ex trabajadores de la empresa.? * nota 4

?Un numeroso grupo de pensionados presentó una tutela contra la empresa que les debe pagar la pensión, reclamando el pago de las mesadas atrasadas desde el año 1.997. La Corte Constitucional concedió la tutela y señaló que en cuanto a las mesadas actuales, el solicitante no necesita demostrar que la mesada es su único sustento, porque hay una conexidad necesaria, tratándose de personas de la tercera edad. Advierte la Corte que la tutela se predica de las mesadas actuales y futuras porque para las mesadas anteriores, su reclamación es por juicio ejecutivo, o, como en el presente caso haciéndose presente en el trámite de liquidación obligatoria. En lo referente a pensiones, las razones expuestas para que prospere la tutela por el no pago de mesadas son válidas tanto para concordato como para liquidación. Es más, considerar a las mesadas pensionales como pago preferente surge del artículo 36 de la Ley 50 de 1990, pudiendo inclusive hacerse el pago de manera rápida aplicando los artículos 121 y 147 de la Ley 222/95, en armonía con el artículo 197 ibídem.? * nota 5

?En otra ocasión, varias personas de la tercera edad a quienes la empresa que debe pagarles sus pensiones viene incumpliendo desde hace años su pago. La Corte Constitucional señala que en el presente caso además de que existe comprobada vulneración al mínimo vital de los accionantes el cual se protegerá con la orden de pago respectiva, se aprecia una amenaza permanente a los derechos constitucionales a la seguridad social, por cuanto dada la crisis de la empresa, se potencia la eventualidad de que desaparezcan o se agoten los bienes que pueden respaldar el pago de las mesadas pensionales y por lo tanto quedan desprotegidos los pensionados de todo mecanismo de seguridad social. En consecuencia, se requieren medidas para evitar que la empresa haga nugatorio el derecho a recibir en un futuro las mesadas pensionales de los accionantes.? * nota 6

· Deber de empresas de asegurar su obligación pensional no se suple con creación de patrimonio autónomo aún administrado por entidad fiduciaria

?La Corte Constitucional al proteger los derechos de las personas jubiladas de la Flota Mercante a quienes no se les cancelaban sus mesadas pensionales señaló que, los jubilados, salvo contadas excepciones, están excluidos del mercado laboral. La pensión suple el mínimo vital básico. El paso del tiempo hace más acuciante el temor de no recibir la mesada. Ha sido particularmente importante en este aspecto la sentencia SU.111/97. El derecho prestacional no se limita a lo presupuestal, sino también a la seguridad de la continuidad del servicio público esencial de la seguridad social, y esto implica organización y procedimiento dentro de un contexto democrático. Significa lo anterior que la protección al derecho prestacional, tratándose de los jubilados, no se limita al reclamo cuando no hay pago de la correspondiente mesada indispensable para el mínimo vital, sino que se extiende a aquellas situaciones en las cuales la falta de una organización y un procedimiento adecuados para la continuación en la prestación del servicio pudieran venir a afectar el goce del derecho, en este caso la protección es más de prevención, cuestión que también está admitida en la tutela.

"Dentro de un Estado Social de Derecho, el Estado y el patrono tienen que efectuar lo necesario para que el derecho prestacional no sea afectado y para cualquier solución el proceso no puede ser antidemocrático. La Constitución determina como garantía a la efectividad del servicio público en mención, la prestación institucional del derecho. La Constitución excluye de la órbita de la autonomía de la voluntad privada la prestación de la seguridad social, pues se considera un derecho en donde por esencia el Estado debe controlar, dirigir y coordinar. Finalmente, en desarrollo de lo expuesto en precedencia, el artículo 60 de la Ley 100 de 1993 dispone que "las cuentas de ahorro pensional, serán administradas por las entidades que se autoricen para tal efecto, sujetas a la vigilancia y control del Estado" y el inciso primero del artículo 168 del Decreto reglamentario 663 de 1993 que se refiere a los fondos voluntarios de pensiones de jubilación e invalidez.

"En este orden de ideas, tanto en la Constitución como en su desarrollo legal, se establece la institucionalización de los fondos administradores de pensiones, los cuales se autorizan por el Estado con base en criterios de eficiencia y seguridad (art. 48 Constitución Política) en el desempeño de sus labores. Por ello, como una forma de garantizar la eficiencia del derecho a la seguridad social, la administración de recursos parafiscales que provienen de los trabajadores para financiar las pensiones de jubilación e invalidez, no puede dejarse en manos de entidades que no reúnan los requisitos de ley, luego un patrimonio autónomo no reemplaza a un fondo de pensiones, y, si ese patrimonio es administrado por una fiduciaria, esto constituye una garantía adicional al derecho a ingresar al sistema de seguridad social, pero no lo suple. Concluye la Corte que la Flota, hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana, no puede agotar su obligación con la promesa de asumir la prestación, ni puede válidamente decir que como ya firmó un contrato de fiducia su obligación está asegurada.? * nota 7

· Prelación del derecho fundamental al mínimo vital de las personas de la tercera edad en empresas en liquidación

?El principio constitucional de dignidad humana, sobre el que se establece el Estado Social de Derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es otro distinto del de garantizar las condiciones materiales más elementales, sin las cuales la persona arriesga perecer y quedar convertida en un ser que sucumbe ante la imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia. Con arreglo a los imperativos de la igualdad material, la Carta reconoce que si bien el derecho fundamental al mínimo vital es predicable de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, existen determinados sectores de la población que, en razón de su mayor vulnerabilidad, son susceptibles de encontrarse, con mayor facilidad, en situaciones que comprometan la efectividad de su derecho. En particular, a este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, quienes al final de su vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena (Constitución Política artículos 1º, 13, 46 y 48).

?Las disposiciones legales que establecen la prelación de créditos dentro de un trámite concursal o liquidatorio, parten del presupuesto natural de que se ha dado aplicación a las normas, también de rango legal, que garantizan prioritariamente, el pago de las mesadas pensionales. Por consiguiente, si ya existe una conmutación pensional o si se ha constituido la garantía pensional que asegura el pago de pensiones, nada obsta para que se siga el orden de preferencia que ha definido el Legislador en las normas que regulan el trámite de liquidación.

?El juez constitucional, que tiene la obligación de proteger el derecho fundamental a la pensión de las personas de la tercera edad, no puede asistir impasible a la aplicación asistemática y literal de las leyes civiles y comerciales antes mencionadas. Sólo una aplicación sistemática de tales disposiciones, a la luz de la Constitución Política y de las normas legales que pretenden dar prelación definitiva al pago de pensiones, puede, efectivamente, conceder a los créditos pensionales la consideración "especial" que ordena el mismo constituyente. La Corte ha entendido que, tratándose de personas o grupos de personas que, en virtud del principio de igualdad sustancial, merezcan una especial protección del Estado por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, resulta necesario, ante las omisiones o inconsistencias del Legislador, encontrar en la propia Constitución las máximas que habrán de ser observadas directamente por las autoridades públicas.

?La defensa del mínimo vital de las personas de la tercera edad se traduce, en este caso particular, en el sacrificio de otros derechos de rango constitucional. En efecto, dar prelación en el reparto de los escasos activos de una empresa en liquidación, al pago del pasivo pensional, implica que probablemente se dejarán de sufragar deudas laborales, originadas en el contrato de trabajo, como las correspondientes al pago de las vacaciones o de las cesantías y otras prestaciones. Incluso, puede dar lugar al no pago de salarios atrasados. No obstante, el daño constitucional que apareja es menor que el que se produciría al desamparar por entero a personas que por sus condiciones personales no pueden acceder al mercado de trabajo y, probablemente, no tendrán, hasta el final de sus días, otros ingresos que los provenientes de su pensión. Se trata, de una decisión trágica, pero la propia Constitución ordena que, en casos como el presente, se prefiera la protección del mínimo vital de los ancianos. Debe afirmarse que el Estado-Legislador, el Estado-administración y el Estado-juez, están obligados, en primerísima instancia, a defender las pensiones de los ancianos, como una forma de obedecer los imperativos constitucionales antes mencionados.

"El Legislador al definir las normas a las cuales debe sujetarse una empresa que ha asumido directamente el pasivo pensional, diseñó un esquema que otorga prioridad al pago de las acreencias pensionales. De una parte la empresa está obligada a constituir una garantía pensional que tiene el objetivo de asegurar plenamente, frente a cualquier eventualidad, el pago de las mesadas. Adicionalmente, las entidades que ejercen funciones de policía laboral están autorizadas para someterla a un trámite de conmutación pensional cuando, por cualquier circunstancia, se amenace el cumplimiento de la obligación pensional. Lo anterior, incluso a riesgo de que con posterioridad la empresa se vea necesariamente obligada a cerrar o deje de pagar otros créditos menos urgentes. Bajo el supuesto de que estas garantías aseguran el pago prioritario de las pensiones, las normas aplicables a la liquidación de una empresa definen un sistema de prelación de créditos que no incluye, expresamente, la preferencia de las pensiones que, se supone, ya está asegurada.

"La Corte, en defensa de los derechos fundamentales amenazados de las personas de la tercera edad y en atención a la situación financiera de la empresa en liquidación, ordenará al liquidador y al Superintendente de Sociedades que si se presentare el evento en el que los activos resultaren insuficientes para asumir las mesadas pensionales actuales y por devengar, de los pensionados, actúen conforme a los siguientes criterios en los que se proyectan los efectos de los principios y valores de la Constitución y con sujeción a los cuales debe interpretarse y aplicarse la ley:

1. "los activos de una empresa en liquidación que sean claramente insuficientes para cancelar las distintas acreencias -pre y posconcordatarias deben destinarse, de manera prioritaria y exclusiva, a garantizar el pago de las mesadas pensionales que legalmente le corresponda sufragar, de modo que se garantice el derecho al mínimo vital del grupo de los pensionados que cumplan la edad legal de jubilación (Ley 100 de 1993) o que estén incapacitados para trabajar;

2. "si el monto de los activos resultare insuficiente, incluso para garantizar la efectividad del derecho al mínimo vital de los pensionados, corresponderá al Superintendente de Sociedades, promover entre éstos los acuerdos necesarios a fin de que los créditos se ajusten proporcionalmente en relación con las sumas materialmente disponibles. Todo lo anterior, por supuesto, con excepción del pago de los recursos que sean estrictamente necesarios para continuar y finiquitar, prontamente, el trámite de la liquidación.? * nota 8

· Pago de mesadas pensionales frente a crisis financiera de las entidades territoriales

Varios pensionados del departamento del Chocó y de la Empresa de Licores del departamento acudieron a la acción de tutela para obtener el pago de sus mesadas pensionales y la atención médica que les corresponde. La Corte Constitucional observó que la situación de los demandantes en el proceso se ajusta a una condición general de los pensionados del Chocó, caracterizada por un sistemático incumplimiento no sólo de las obligaciones pensionales del departamento sino también de las sentencias de tutela que ordenan el pago oportuno de las mesadas. El departamento afronta una grave crisis económica que le impide cumplir cabalmente con sus obligaciones. Un alto porcentaje de los pensionados supera los 70 años de edad y reciben pensiones muy bajas, lo que permite suponer que son personas de muy escasos recursos y que, por lo tanto, el no pago de su mesada pensional es una amenaza contra su vida.

La Corte consideró que el juez de tutela, ante la situación del Chocó, no puede insistir en mandatos generales de pago total, de manera abstracta e indiferenciada, esto es, sin atender a la situación real, sino que debe innovar su repertorio de órdenes, de tal manera que ellas sean materializables y que sus sentencias no se conviertan en hojas de papel. Esta fórmula tiene fundamento en el hecho de que la situación descrita con respecto a la prolongada omisión en el pago de las pensiones del Chocó y la desobediencia generalizada de las sentencias de tutela conforman un estado de cosas inconstitucional. Este estado de cosas se fundamenta en: 1) una repetida violación de derecho fundamentales de muchas personas y, 2) la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada sino que reposa en factores estructurales, puesto que, el no pago de pensiones no depende de la voluntad del gobernador, sino que responde a la situación de crisis del departamento.

En circunstancias como las descritas, debe ordenar la cesación de la trasgresión constitucional, disponiendo medidas necesarias para establecer los derechos conculcados. Esta acción tiene únicamente por fin suplir una protuberante falta de compromiso o actividad de los órganos políticos del Estado para superar una situación que evidentemente vulnera los derechos fundamentales de los colombianos. El Congreso de la República expidió la Ley 549 de 1999, que contiene una serie de medidas tendientes a cubrir los pasivos pensionales de las entidades territoriales. Una de ellas es la obligación del Gobierno de destinar ochenta mil millones de pesos a las entidades territoriales, con el objeto de que puedan saldar sus deudas pensionales.

Esta disposición ha de poner fin a la masiva vulneración de los derechos fundamentales de los pensionados del Chocó que se ha generado a partir de la omisión en el pago de sus mesadas. Lo anterior, hace innecesario que la Corte se pronuncie acerca de otras medidas para resolver la situación descrita de los mencionados pensionados. Por lo tanto, se concedió la tutela solicitada por los distintos actores de este proceso y ordena que, con cargo al anticipo contemplado en el parágrafo 6 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999, y dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, se les cancelen las acreencias que resulten de sus derechos pensionales. nota 9

· Deber de las entidades territoriales de garantizar el pago oportuno de las mesadas pensionales

El actor interpuso acción de tutela contra una entidad territorial en defensa de sus derechos a la vida, igualdad, seguridad social y tercera edad, debido a que se le adeudaban las mesadas pensionales correspondientes a los meses de junio a agosto de 2003 y la prima adicional de junio. El Alcalde del municipio adujo para el no pago que el municipio se encontraba en proceso de reestructuración administrativa y saneamiento fiscal, razón por la cual se había contratado un encargo financiero con la Fiduciaria Popular, cuyo comité no había accedido a financiar ?el pago de gastos de funcionamiento tales como las mesadas pensionales?, por considerarlo un objeto ajeno a dicho encargo.

Sin embargo, durante el trámite de la acción de tutela el municipio tramitó los recursos necesarios para efectuar dicho pago y procedió a cancelar sus obligaciones, circunstancia que para el presente caso hizo operar el fenómeno de la sustracción de materia.

Esta misma situación se había dado en dos oportunidades anteriores, cuando el actor había instaurado sendas acciones de tutela para obtener el pago de otras mesadas pensionales. Por esta razón, la Corte consideró que ante la evidencia de la práctica repetida en que incurre el municipio al omitir adelantar de manera eficiente las gestiones presupuestales y administrativas que garanticen el pago oportuno de sus obligaciones por concepto de mesadas pensionales, era necesario prevenir al Alcalde para que en ningún caso volviera a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, pues con ellas se genera una violación reiterada de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de las personas de la tercera edad y, en concreto, del accionante. nota 10



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-299-97 ver también T-407-99
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-528-97 ver también las Sentencias T-031-98 y T-425-99
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-685-98 ver también T-980-99
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-019-97
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-014-99
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-020-99
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-339-97
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-458-97
  9. Corte Constitucional, Sentencia SU-090-00
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-137-04

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