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Última modificación: 2006-08-01
Seguridad social en salud

· Obligación del pensionado de cancelar en su integridad la cotización en salud

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 143 de la Ley 100 de 1993. Consideró que si la solidaridad constituye uno de los principios básicos de la seguridad social, pero el Legislador goza de una considerable libertad para optar por distintos desarrollos de este sistema, entonces la ley puede, dentro de determinados límites, estructurar la forma como los distintos agentes deben cumplir con su deber de solidaridad en este campo. Por consiguiente, en tal contexto, bien puede la ley establecer que el pensionado deba cancelar en su integridad la cotización en salud. En efecto, en la medida en que la persona se pensiona, cesa la obligación laboral y el patrono deja de sufragar las dos terceras partes de la cotización del trabajador. Es obvio que para asegurar la viabilidad financiera del sistema de salud, algún agente debe abonar esa suma, que era anteriormente cubierta por el empleador. Para la Corte esta decisión legislativa es un desarrollo del principio de solidaridad, pues los pensionados contribuyen a que las cargas impuestas a los empleados activos sean menores.

La Corte explicó que lo anterior no se traduce en una carga inequitativa para los pensionados por las siguientes razones: 1) es una decisión razonable para la sostenibilidad financiera del sistema, debido a la reducción de número de trabajadores por pensionado. 2) Los trabajadores activos se encuentran usualmente en una etapa en la cual deben responder financieramente por otras personas. 3) En cierta medida la disminución del ingreso del jubilado, por cuanto debe asumir integralmente su cotización en salud, es en parte compensada por el hecho de que cesa la obligación de aportar para pensiones. 4) La norma acusada establece dos salvaguardas para evitar que la carga financiera sea excesiva para determinados pensionados: i) mediante una cotización complementaria, el propio trabajador durante su vinculación laboral puede cancelar anticipadamente la cotización en salud, ii) la ley establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social en salud puede reducir el monto de la cotización de los pensionados en proporción al menor número de beneficiarios y para pensiones cuyo monto no exceda de tres (3) salarios mínimos legales. nota 1

· Prohibición de excluir del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares a los padres de oficiales y suboficiales retirados

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 24 del Decreto-Ley 1795 de 2000, ?por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional?, en virtud de la cual quedarían excluidos del sistema los padres de los oficiales y suboficiales retirados, que hubieran ingresado al servicio antes de 1989. La Corte declaró la exequibilidad de la norma pero de manera condicionada, en desarrollo del principio de igualdad y de los derechos a la salud y a la seguridad social, esto es en el entendido de que, pueden continuar siendo beneficiarios del Sistema de salud, los padres del oficial o suboficial que haya dejado de ser miembro activo de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, y haya pasado a ser pensionado, siempre y cuando estos oficiales hayan ingresado al servicio con anterioridad a la expedición de los Decretos 1211 del 8 de junio de 1990 y 096 del 11 de enero de 1989 respectivamente, y sus padres demuestren que no tienen la posibilidad de ser beneficiarios de ningún otro sistema de seguridad social en salud.

Para la Corte, el problema deriva de que un grupo social, que ya era beneficiario de un sistema especial de seguridad social en salud, deja de serlo, sin que la ley garantice que esas personas queden cubiertas por otro sistema. Esta regulación implica un retroceso en la garantía del derecho a la salud, pues personas que tenían asegurada una protección de ese derecho constitucional, quedan entonces excluidas del sistema. Ahora bien, la Constitución y los tratados de derechos humanos señalan que si bien los derechos sociales prestacionales no son de aplicación inmediata e integral, los Estados tienen no sólo el deber de tomar todas las medidas posibles para lograr su realización progresiva integral sino que además deben asegurar el goce de estos derechos a todos los habitantes, sin ninguna discriminación. Por ello, el mandato de progresividad no debe ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en la protección de esos derechos.

Por el contrario, el Estado colombiano tiene claros compromisos internacionales y constitucionales en relación con los derechos sociales prestacionales, como la salud. El Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de ese derecho y garantizar a todas las personas unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción. La progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales prestacionales, pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, coberturas universales de los contenidos mínimos de esos derechos.

Finalmente, el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del Legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional.

Es evidente que la exclusión del sistema de salud de un grupo poblacional que ya había sido incluido en el mismo, y ya había alcanzado unos niveles de protección determinados, implica un retroceso en la realización del derecho a la salud. Y la Corte no encontró ninguna justificación imperiosa para excluir del sistema a los padres del oficial o suboficial que se haya pensionado, cuando esos padres no puedan contar con otro sistema de protección. Ha habido entonces un retroceso, que implica una vulneración del derecho a la salud. La Corte concluyó que la expresión acusada persigue propósitos constitucionales legítimos, como es proteger la especialidad y viabilidad financiera del sistema de salud de las Fuerzas Militares, pero es desproporcionada, en la medida en que implica una discriminación y un retroceso en la protección del derecho a la salud de un grupo de la población. nota 2

· Prohibición de descargar en el afiliado, directa o indirectamente, el costo total de un tratamiento o de un medicamento del POS

El actor interpuso acción de tutela contra la EPS, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, pues su médico tratante le prescribió el uso continuo de oxigeno, la entidad efectivamente lo suministró, pero luego y debido al alto consumo de pipetas, le fue cambiado el sistema de suministro, de tal forma que la EPS, le dio un generador de oxígeno a gas. El actor señala que el oxigeno por generador no tiene los mismos efectos que el de las pipetas, y que le genera unos costos económicos adicionales.

Debe resaltarse que el suministro de oxigeno está incluido en el POS, lo cual significa que ha sido previsto como una herramienta para lograr la recuperación y el disfrute del máximo nivel posible de salud. Una vez que ha sido prescrito a una persona por su médico tratante, la entidad que presta los servicios de salud no puede negarse a su suministro, pues con esta omisión afecta un derecho que, como ha sido precisado, tiene en estos casos el carácter de derecho fundamental.

La corte observa que existe una diferencia de tipo económico entre el oxigeno por generador y el oxigeno por pipetas, ya que el primero resulta más oneroso para el paciente, mientras que el segundo resulta más costoso para la entidad prestadora de salud. Si bien es cierto que la Corte ha sostenido en otras oportunidades que en virtud del principio de solidaridad, puede exigirse a los pacientes la cancelación de pagos moderadores, copagos y pagos compartidos, no puede entenderse esto como una facultad para que las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud descarguen directa o indirectamente, el costo total de un tratamiento o un medicamento incluido en el POS. Tal situación afecta el principio de accesibilidad a los tratamientos y medicamentos diseñados en el Plan Básico de Salud, por cuanto se impone un obstáculo económico injustificado a las personas, no previsto en la ley, para que él mismo indirectamente costee su tratamiento.

En el presente caso se observa que el actor es un adulto mayor (75 años de edad), no es jubilado ni cuenta con ingresos adicionales, sino que por el contrario depende económicamente de sus hijos con quienes convive actualmente y se encargan de su manutención. Es, en consecuencia, una persona en una situación de debilidad manifiesta, a quien no puede imponérsele una mayor carga económica, consistente en el mantenimiento del generador de oxigeno. Para la Corte, tal situación afecta su derecho fundamental a la salud, pues la entidad le impone indirectamente un obstáculo para que acceda a su tratamiento, librándose de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y medicamentos al paciente, al trasladarle a éste la carga económica de producir el oxigeno que necesita.

La corte considera que tal situación afecta el derecho fundamental a la salud del accionante, especialmente por vulnerar el principio de acceso efectivo a los tratamientos y medicamentos incluidos en el POS. Por consiguiente se amparará el derecho fundamental a la salud del actor y en consecuencia, se ordenará a la entidad, que suministre al paciente el oxigeno en pipetas. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-126-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-671-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-538-04

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