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Última modificación: 2006-08-01
Deber del patrono de afiliar al empleado

?La Corte Constitucional protegió transitoriamente los derechos a la dignidad y seguridad social de una persona de la tercera edad que había desarrollado labores de servicio doméstico durante 17 años, pagándosele un salario muy inferior al legalmente establecido, sin ser vinculada a una institución prestadora de servicio de salud, ni tampoco a una institución de seguridad social en pensiones. La Corte ante dichas anomalías dispuso la cancelación de una suma equivalente al salario mínimo legal vigente y en lo sucesivo cancelarle hasta cuando exista pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria respecto de los derecho laborales. Igualmente ordenó afiliar a la demandante a un Plan Obligatorio de Salud. Tratándose de personas de la tercera edad, cuyas capacidades laborales para procurarse su propio sustento se encuentran prácticamente agotadas, y cuyo mínimo vital se encuentra afectado como consecuencia de la ausencia total o parcial de una seguridad social que le permita unas condiciones de vida dignas y justas, la tutela surge como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger su derecho constitucional fundamental.? * nota 1

En este mismo orden de ideas, la Corte dijo que los empleadores pueden verse obligados a pensionar por su cuenta a los trabajadores no afiliados oportunamente, o a pagar la denominada por la ley ?pensión sanción?. nota 2

· Deber de empresa en concordato de cumplir acuerdo de afiliar al régimen de salud al pensionado

?La situación concordataria de una empresa no la exime de la obligación constitucional y legal de seguir cancelando de manera oportuna y completa las mesadas pensionales de la actora, pues su situación concordataria no es excusa válida para vulnerar los derechos fundamentales. La Corte Constitucional considera que siendo el derecho a la salud un derecho fundamental por conexidad, y estrechamente vinculado con el derecho a la vida y a la protección especial que merecen las personas de la tercera edad, como es el caso en cuestión, es evidente que existiendo un acuerdo suscrito entre la actora y la empresa, la no afiliación de la demandante a la seguridad social, régimen salud, es una clara vulneración de los derechos a que en tal sentido tiene, y un desconocimiento del acuerdo suscrito anteriormente. Por tal motivo, si la empresa, no lo ha hecho aún, deberá proceder a afiliar a la señora al Instituto de Seguros Sociales, régimen de salud.? nota 3

· Deber de afiliar al empleado a la seguridad social a pesar de que la empresa haya cesado sus actividades

?La salud de una actora corría grave riesgo de empeorar y su vida peligraba si no era atendida con urgencia. Para la Corte Constitucional el principio según el cual la acción de tutela no procede para obtener el pago de obligaciones y prestaciones laborales tiene que sufrir en estos casos una de sus más imperativas excepciones, si se considera la reducción en el tiempo de vida futura del solicitante, enfrentado a la conocida demora de la justicia ordinaria en cuanto a las decisiones definitivas sobre las controversias correspondientes, lo que, según las circunstancias de cada caso -asunto que debe ser evaluado por el juez-, torna dichos medios judiciales en tardíos e ineficaces para la verdadera protección de los derechos fundamentales comprometidos, entre ellos el de la vida. A no dudarlo, la procedencia de la tutela resulta de un análisis material que equilibra la estabilidad del sistema jurídico ordinario con la premura, justificada, en atender con prontitud los derechos del anciano.

"De otra parte, el proceso ordinario de carácter laboral, que de todas maneras debe iniciar el solicitante, sólo vendría a culminar después de largo trámite que, respecto de los derechos fundamentales, hoy en peligro, haría de la respectiva sentencia una decisión tardía e inepta para el fin constitucional buscado. Para la Corte, el hecho cierto es que continúa una relación laboral en vigor, reconocida de manera expresa por los demandados, sin que se pueda admitir, con el objeto de desconocer sus consecuencias jurídicas, el hecho de haber cesado la ladrillera en su operación, pues, de todas maneras, el servicio personal subsiste, bajo la modalidad del cuidado permanente de unos bienes.

"Además, dada la situación de precariedad económica del accionante, causada por la vulneración de su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y ante la necesidad de atención médica y asistencial para él y para su esposa -ésta última en condición de beneficiaria, en virtud del principio de universalidad y en los términos de la Ley 100 de 1993-, puesto que los patronos no han cumplido con su obligación respecto de la seguridad social, se ordenará que el trabajador sea afiliado de inmediato y que, mientras se perfeccionan los trámites pertinentes o en aquellos gastos que no cubra la E.P.S. en razón del tiempo de afiliación, asuman la totalidad de los costos que se causen para proteger al empleado y a su esposa en materia de salud, desde los puntos de vista médico, hospitalario y quirúrgico y en lo que concierne al suministro de droga? *. nota 4



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-062-99
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1055-01
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-166-97
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-166-97

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