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Última modificación: 2006-11-16
Derecho a la igualdad de oportunidades de los niños que estudian en instituciones de educación especial y los que no

Una madre en representación de su hija que padece del síndrome de turner presentó acción de tutela contra una seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por considerar que se le vulneraron los derechos a la igualdad y a la educación de la menor al negársele un subsidio educativo bajo el pretexto de que la educación para niños con discapacidad debe sólo ser impartida en una institución de educación especial.

Al respecto la Corte Constitucional manifestó que conforme a los artículos 13 y 47 de la Carta Política la igualdad de oportunidades, no sólo implica la ausencia de discriminaciones, sino también ayuda efectiva para que quienes se encuentren en situación de inferioridad o desventaja puedan remediarlas eficazmente. Es por ello, que el Constituyente otorgó un papel fundamental en el campo de las llamadas acciones positivas al derecho a la educación de las personas con discapacidad, entendiendo que el acceso a la misma es el requisito indispensable para acceder al desarrollo y a la cultura.

En este sentido, el Gobierno Nacional reglamentó la materia mediante el Decreto 2082 de 1996 que establece que la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales será de carácter formal, no formal e informal y será impartida en las instituciones educativas estatales y privadas no especiales, que para el efecto deberán definir en el currículo y en el Proyecto Educativo Institucional las adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente y, en general de accesibilidad que sean necesarias para su formación integral, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y otros reglamentos.

Así mismo, el Decreto consagra en forma expresa que la atención educativa para las personas con limitaciones se fundamenta particularmente en el principio de integración social y educativa, en virtud del cual esta población se incorpora al servicio público educativo del país, para recibir la atención que requiere dentro de los servicios que regularmente se ofrecen, brindando los apoyos especiales de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean necesarios.

De esta manera, el tratamiento diverso a las personas con discapacidad que estudien en una institución educativa formal con aquellos que lo hacen en una de carácter especial, constituye un trato discriminatorio, que no se encuentra justificado, teniendo en cuenta que la Constitución, el ordenamiento internacional y la legislación propenden por la integración de las personas con discapacidad a los sistemas educativos normales.

En consecuencia, el derecho a la educación de los menores con alguna clase de discapacidad debe ser interpretada de conformidad con estos tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales propenden por que los estados en su política educativa busquen crear las condiciones necesarias para que esta población puede llevar su vida con normalidad. En este sentido, la incorporación al sistema educativo no especial por ser una condición indispensable para la integración social de los discapacitados debe ser buscada.

Por lo anterior, la Corte ordenó inaplicar para este caso la limitación contenida en la Circular de la DIAN referida a que el programa de auxilios de educación especial sólo pueda ser concedida a los hijos de los funcionarios que se matriculen en una Institución Educativa de Educación Especial, por violar los derechos fundamentales de los niños establecidos en el artículo 44 de la Carta Política y en la Convención de Derechos del Niño así como los artículos 13 y 47 referidos al derecho a la igualdad y a la protección especial de las personas con discapacidad. De igual forma, ordenó a la DIAN adoptar las medidas necesarias para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas se concediera el auxilio educativo contenido en la circular a favor de la menor, el cual debería ser reconocido a partir de la fecha en que le fue suspendido el auxilio. Así mismo, previno a la DIAN para que en el futuro, en sus políticas de bienestar a favor de la población con discapacidad se abstenga de limitar su acceso en virtud del tipo de educación a ellos impartida nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1015-05

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