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Última modificación: 2006-11-16
Derecho a la igualdad de personas con discapacidad en procesos de sucesión. adopción de medidas afirmativas.

Una madre en calidad de curadora y representante de su hijo con una discapacidad mental, instauró acción de tutela contra un juzgado de familia para que se le proteja al menor el derecho a la igualdad dentro del proceso de sucesión intestada de su padre, donde por su condición de hijo extramatrimonial sólo se le reconoció una cuota inferior en la mitad a la que correspondió a su hermana matrimonial. Tal decisión fue sustentada dentro del proceso en el hecho de que la muerte del causante se había producido en el año de 1977, antes de que entrara en vigencia la Ley 29 de 1982, y, por tanto, la sucesión estaba regida por las disposiciones de la Ley 45 de 1936 y el artículo 34 de la Ley 153 de 1887. A las pretensiones de la demanda se adhirió otra hija extramatrimonial.

La Corte Constitucional estableció que ninguno de los apoderados de los accionantes había apelado la decisión de partición de herencia. Por tal razón, decidió que la acción de tutela no podía prosperar respecto de la hija extramatrimonial que se había adherido a la demanda, pues debía asumir los costos del abandono procesal en que había incurrido su apoderado. No así respecto del otro hijo extramatrimonial accionante, pues dada su condición de persona con discapacidad i) ?sus condiciones mentales le impidieron establecer una posición defensiva propia dentro del asunto, discenir y en consecuencia responder por las acciones y omisiones de quienes la representaron? y ii) debido a su condición de sujeto de especial protección constitucional, de conformidad con las reglas de los artículos 1, 2, 5, 13 y 47 de la Carta Política?.

Dentro de este contexto, la Corte Constitucional sostuvo que en procura de la igualdad real de las personas afectadas con limitaciones mentales dentro de los procesos civiles existe el deber de acometer medidas afirmativas en los procesos en curso para proteger real y efectivamente los derechos de las personas que requieren de otros para suplir sus limitaciones, en orden a la defensa material de sus intereses. Al respecto, la Corte recordó que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los numerales 7 y 11 de los Principios para la Protección de lo Enfermos Mentales destaca la necesidad de que los personas limitadas en su capacidad de obrar cuenten con recursos extraordinarios para salvaguardar sus intereses en todas las instancias gubernamentales, en especial, dentro de los procesos en los que se definan sus derechos y determinen sus obligaciones.

La Corte, al analizar los fundamentos de la decisión adoptada en el proceso de sucesión, concluyó que la jueza accionada i) no reparó en que las disposiciones sobre derechos hereditarios vigentes al tiempo de la delación gobiernan el derecho de suceder, pero no así el derecho de dominio sobre los efectos a trasmitir; ii) al parecer no tuvo en cuenta la evolución sobre la igualdad de los hijos a que la Ley 45 de 1936 dio comienzo y culminó al dictarse la Ley 29 de 1982; y iii) desconoció que las expresiones discriminatorias, contenidas en el artículo 25 de la Ley 153 de 1887 fueron sustituidas y definitivamente erradicadas por los artículos 1, 2, 5, 13 y 42 constitucionales.

Por tal razón, el Tribunal Supremo decidió conceder el amparo al accionante con discapacidad en el sentido de disponer que la Juez accionada disponga lo conducente para que en el proceso de sucesión, la partición se elabore nuevamente en lo que tiene que ver con las hijuelas de los herederos, de manera que éste acceda a la misma cuota del derecho de dominio sobre el inmueble inventariado que su hermana matrimonial. Con el fin de garantizar que tal decisión no quedar inocua, la Corte ordenó a la hermana matrimonial y a la curadora del accionante abstenerse de enajenar las cuotas que les fueron adjudicadas en la partición hasta tanto se rehaga ésta y el trabajo se pruebe y registre como corresponde. De igual forma ordenó inscribir ésta decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1203-05

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