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Última modificación: 2006-12-26
Deber de practicar valoración médica previa para reubicar o desvincular del trabajo a una persona con discapacidad

Una señora con una discapacidad a quien se le diagnosticó el mal de Chagas hace aproxímadamente dos años, instauró acción de tutela contra una Empresa Social del Estado ESE ?Hospital- por heberle suprimido el cargo que venia desempeñando, pese a haber sido indemnizada.

la actora invoca la protección de su derecho i) a que las limitaciones que padece sean valoradas y en consecuencia se determine la adaptación de la labor encomendada a sus condiciones especificas y, de no ser ello posible, su desvinculación, de ser preciso, con la intervención de ?la oficina de trabajo? y, una vez le sea reconocida la pensión a la que cree tener derecho; y ii) a la salud, como quiera que en razón del despido debió suspender el tratamiento médico, toda vez que no posee los recursos que demanda la atención de la enfermedad que padece.

Al respecto, la Corte Constitucional señalo que la actora adquirió una enfermedad parasitaria, en ejercicio de su labor de promover condiciones de salud entre la población expuesta al riesgo y que su padecimiento, si no fue conocido por el empleador ha debido conocerse, porque la actora nada hizo para impedir su difusión.

Conocimiento éste que a todas luces resulta indispensable i) en el desarrollo de actividades de prevención del riesgo, por razón de las labores encomendadas, entre los promotores de salud de la institución; ii) para identificar y evaluar, mediante estudios periódicos los agentes y factores de exposición al riesgo; iii) en la investigación del acaecimiento de éste, determinación de sus causas y aplicación de los correctivos correspondientes; y iv) para elaborar y proponer normas y reglamentos internos, sobre salud ocupacional, conjuntamente con medidas de higiene y seguridad industrial, tal como lo determina el artículo 30 del Decreto 814 de 1984.

Siendo así la actora no podía ser desvinculada de la entidad, sin previamente evaluar su estado y determinar las posibilidades de adecuación de sus actividades o de reubicación, con miras al mejoramiento de sus condiciones y con el objeto de garantizarle la asistencia médica permanente que la misma requiere.

De manera que la protección invocada habrá de concederse, porque tal como lo dispone el artículo 26 de la Ley de 1997, el Gerente de la E.S.E. accionada no podía desvincular a la actora sin la necesaria autorización de la ?oficina de trabajo? y no le era dable solicitar el permiso sin contar con la previa valoración de las condiciones de salud de la afectada, frente a su deber de agotar la posibilidad de permitirle a la misma conservar su empleo, atendiendo a las condiciones de su estado, sin que para el efecto cuente el carácter de la vinculación ?artículos 9°, 53, 54 y 93 CP. Esto porque son distintas las previsiones constitucionales que imponen al Estado el deber de participar activamente en la rehabilitación e integración social de las personas afectadas con toda clase de limitaciones, de aquellas que señalan la obligación de la administración de atender al mérito, como factor de permanencia en los empleos en los órganos y entidades del Estado ?artículos 13, 47 y 125 CP.

Por lo anterior, la Corte dispuso que la entidad demandada ordenaría la valoración de la empleada despedida y que, una vez verificado su estado de salud, adelantaría las diligencias con miras a su reubicación o al diligenciamiento de la pensión de invalidez, con pleno respeto de las garantías constitucionales de la servidora, sin perjuicio de acudir, ante el Ministerio de la Protección Social, siempre que, en consideración al dictamen, la única solución tuviera que ver con la terminación de la relación laboral, según lo ordena el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-513-06

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