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Última modificación: 2006-12-26
Principio de igualdad en la accesibilidad.

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2° de la Ley 769/02 -Código Nacional de Tránsito Terrestre-, donde se regula lo atinente a las Bahias de Estacionamiento. El demandante consideró que la norma infringía los artículos 287, numeral 2; 313, numeral 7, y 82 de la Constitución Política, por no tener en cuenta el ejercicio de las competencias conforme al reparto funcional que se ha asignado tanto a la Nación como a las entidades territoriales en la Constitución. Explicó que si bien es cierto que las entidades territoriales deben sujetarse a la Constitución y a la ley, hay unas competencias propias de aquellas, que no puede desconocer el legislador. Expuso que cuando el legislador incluyó en el Código Nacional de Tránsito la definición de bahía de estacionamiento invadió la órbita de la competencia constitucional del Concejo Municipal, al que corresponde reglamentar los usos del suelo. Además es a esta última entidad a quien le correspondería definir si la bahía de un sector de la ciudad se usa o no para estacionamiento. Añadió que el Plan de Ordenamiento Territorial era el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Por último, agregó que la defensa del espacio público contribuía a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acercaba a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.

La Corte Constitucional señaló que conforme al Art. 82 CP, el elemento esencial del espacio público es su destinación al uso común, es decir, al uso por todas las personas. Dicha destinación genérica no significa lógicamente que en las condiciones concretas todas las porciones de territorio tengan una destinación única, ya que ello no guardaría armonía con la naturaleza de los respectivos bienes ni con las necesidades de la comunidad, de suerte que tan importante institución jurídica sería de imposible aplicación. Por esta razón, en lo que se refiere específicamente a las vías de circulación, si el ser humano ha incorporado a su vida cotidiana el uso de vehículos diversos, es evidente la necesidad de que las autoridades competentes destinen vías para su circulación, las cuales pueden ser usadas por todas las personas que utilicen aquellos; pero como los miembros de la comunidad también necesitan movilizarse a pie, aunque tengan vehículos, tales autoridades deben establecer las vías peatonales, igualmente destinadas al uso de todas las personas.

De lo anterior se deduce que la previsión abstracta de una destinación de uso común, en lugar de otra, entre diversas posibilidades, no altera el elemento esencial del espacio público ni altera, por tanto, la integridad del mismo. Dicha alteración se produciría, en cambio, si el Estado por conducto de sus autoridades eliminara el espacio público y diera lugar a espacios privados en una medida no razonable o desproporcionada, sin tener en cuenta las necesidades e intereses de la comunidad. Por esta razón, al disponer el aparte demandado en forma abstracta y para efectos de la regulación del tránsito terrestre que una porción del territorio aneja a una vía pública se destine al estacionamiento de vehículos, por todas las personas, no vulnera el deber del Estado de proteger el espacio público, establecido en el artículo 82 de la Constitución.

Así mismo, dijo la Corte que es oportuno recordar que, dentro del marco del Estado Social de Derecho el constituyente impuso al Estado los deberes de otorgar una protección especial a los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, con miras a su rehabilitación e integración social. En cumplimiento de la anotada protección especial y en relación con el tema que se analiza en la sentencia, los municipios y los distritos, en ejercicio de su competencia constitucional de reglamentación de los usos del suelo, tienen el deber de destinar, en medida razonable, espacios adecuados de estacionamiento, que pueden ser o no las bahías definidas por el legislador en la norma acusada, distinguidos con el signo internacional correspondiente, de modo que se garantice a las personas con discapacidad un acceso y un tránsito fácil y seguro en las vías, edificaciones y sitios, y puedan los mismos ejercer su libertad de locomoción consagrada en el artículo 24 superior e integrarse a la vida social y rehabilitarse, así como desarrollar su vida en condiciones de dignidad y, en lo posible, en condiciones de igualdad con las demás personas.

Por lo anterior, la Corte declaró exequible la definición de ?bahía de estacionamiento? contenida en el artículo 2º de la Ley 769 de 2002. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-765-06

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