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Última modificación: 2007-02-20
Prohibición de negar la continuidad de los servicios médicos a personas desvinculada del servicio que no tengan derecho a la pensión de invalidez

El accionante, quien prestó servicio militar como infante de marina, sostuvo que fue retirado de la Armada Nacional por presentar una disminución de la capacidad laboral del 52% como consecuencia de un accidente sufrido durante un enfrentamiento con tropas enemigas. Adujo que no le fue concedida la pensión de invalidez y que con el retiro le fueron suspendidos los tratamientos médicos que venía recibiendo en un Hospital para la recuperación de su salud.

Consideró que le fueron vulnerados sus derechos a la salud, la seguridad social y el mínimo vital por cuanto no podía desempeñar ninguna labor que le generara ingresos económicos. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordenara a la Armada Nacional reconocerle la pensión de invalidez y continuar con la prestación del servicio de salud.

Al respecto la Corte Constitucional señaló que la pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública se encuentra regulada en un régimen especial. En desarrollo de la Ley Marco 923 de 2004 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de 2004, por medio del cual se fija el régimen pensional y de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En su artículo 32 se estableció una pensión especial para los miembros de la Fuerza Pública que hubiesen adquirido una incapacidad parcial permanente igual o superior al 50% e inferior al 75% ocurrida en combate o actos meritorios del servicio. Esta norma fue demandada y analizada por la Corte, y mediante sentencia C-924 de 2005 se declaró exequible luego de considerar que los miembros de la Fuerza Pública que hayan adquirido una incapacidad igual o superior al 50% e inferior al 75%, por hechos ocurridos en misión del servicio o en simple actividad, desde el 7 de agosto de 2002, podrán ser amparados por la ley 923 de 2004, y de esta forma obtener una pensión mensual por este hecho.

De conformidad con la norma transcrita, en principio, las personas que sean desvinculadas del servicio con una discapacidad menor al índice señalado para obtener la pensión de invalidez, no tendrían derecho a recibir dichos servicios de salud por no ser beneficiarios de esta pensión. Sin embargo, conforme lo disponen los artículos 48 y 49 de la Constitución Política la seguridad social y la salud son servicios públicos de carácter obligatorio cuya prestación está sujeta a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, es decir, que la eficiencia en la prestación de los servicios públicos (art. 365 de la C.P.) está ligada al principio de continuidad. Este último supone la prestación ininterrumpida, permanente y constante del servicio.

En consecuencia, el derecho a la salud y a la seguridad social del personal retirado del servicio activo, no puede verse afectado aunque la persona no tenga derecho a la pensión, siendo entonces un deber del Estado la prestación de la asistencia médica que requiera para el tratamiento y mejoramiento de sus condiciones de salud. Lo anterior, por cuanto resulta contraria a los principios constitucionales de solidaridad, de continuidad en la prestación de los servicios de salud y de protección especial a personas en situación de debilidad manifiesta, una interpretación literal del ordenamiento jurídico en materia de salud y seguridad social de la Fuerza Pública que se oriente a restringir o impedir la continuidad del acceso a los servicios médicos a una persona por el solo hecho de ser desvinculada, cuando dichos servicios se requieren necesariamente para su rehabilitación y son prestados en razón de condiciones patológicas que pueden ser directamente atribuibles al servicio.

Para la Corte, era evidente que los derechos del accionante revestían el carácter de fundamentales, por ser un sujeto de especial protección constitucional, en razón de las condiciones de debilidad manifiesta en las que éste se encontraba. De tal manera, que los derechos solicitados por el actor no eran simples derechos de estirpe legal como fue considerado erróneamente por el juez de segunda instancia para denegar el amparo.

Por tal motivo, la Corte consideró violatorio de los derechos fundamentales del actor, la suspensión de los tratamientos médicos iniciados a éste por la Armada Nacional que decía no estar obligada a prestar servicios médicos a personal que no era afiliado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. La Corte ordenó a la Armada Nacional, que continuara prestando al accionante la atención especializada ?hospitalaria, terapéutica y farmacológica-, que venía siendo prestada en el Hospital Naval de Cartagena y que éste requería para superar las afecciones que padecía. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-841-06

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