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Última modificación: 2007-02-26
El principio de progresividad y la prohibición de regresión en la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad

Un ciudadano con una discapacidad auditiva por hipoacucia sensorial profunda bilateral, interpuso acción de tutela contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, pues el SENA se había negado a abrir una convocatoria para la población no oyente que brindara la oportunidad de cursar el programa de mantenimiento de hardware en el período lectivo 2006. Este programa había sido convocado en los años 2004 y 2005.

La Corte Constitucional señaló que tal decisión estaba desconociendo la normatividad que regía la materia y la jurisprudencia sobre protección especial a las personas con discapacidad, además del principio de progresividad y no regresividad. La Corte fundamentó su decisión en los siguientes aspectos:

(i) Existe un amplio consenso internacional respecto del deber de los Estados de remover los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad acceder en igualdad de condiciones a la plena realización y efectividad de sus derechos. Lo anterior, regido por la prohibición de retroceso en los avances logrados en la materia y, a su vez, por el compromiso de efectividad progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población.

(ii) La población con discapacidad constituye un grupo social de especial protección constitucional por la situación de marginalización en que ha permanecido a lo largo de la historia, lo cual implica de parte de las autoridades públicas adoptar medidas enderezadas a eliminar todas las formas de discriminación, mediante acciones afirmativas que garanticen su pleno disfrute de los derechos de los cuales son titulares.

(iii) Por expreso mandato constitucional (C.P. art. 47), el Estado tiene el deber de propender por la rehabilitación y la integración social de las personas que padecen cualquier tipo de limitación física, mental o sensorial.

(iv) El derecho a la educación técnica y superior implica la igualdad de acceso con base en criterios de mérito académico y la prohibición de establecer discriminaciones basadas en criterios sospechosos. En el caso de las personas con discapacidad, a partir del derecho internacional de los derechos humanos y del propio ordenamiento constitucional, surge la obligación del Estado de establecer tratos favorables para lograr la igualdad real y efectiva en dicho acceso.

(v) De conformidad con los instrumentos internacionales y la hermenéutica efectuada por sus intérpretes autorizados, los mandatos constitucionales, la legislación en materia de derecho a la educación de las personas con discapacidad, y la reiterada jurisprudencia proferida por este Tribunal Constitucional, el modelo por el que deben propender los Estados contemporáneos, en la medida de sus posibilidades, es el de la integración de las personas con discapacidad al sistema general de educación, a fin de garantizar una verdadera integración social.

Para la Corte, el SENA como institución educativa de carácter público, debe ceñirse estrictamente a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el ámbito internacional, a más de ajustar sus procedimientos y actuaciones al ordenamiento jurídico interno y, específicamente, a la normatividad que configura la política pública específica para el caso de la población con limitaciones auditivas.

La Corte hace énfasis en que una medida que implique un retroceso en los logros alcanzados respecto de deberes prestacionales dirigidos a garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los discapacitados, requiere una justificación satisfactoria que conlleve el cumplimiento de un fin imperioso a la luz de los principios constitucionales, pero que, en ningún caso, puede depender de criterios voluntaristas o que no resistan un análisis de razonabilidad, en la medida en que representen un sacrificio desproporcionado para los derechos de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección.

Por lo anterior, la Corte ordenó al Servicio Nacional de Aprendizaje ?SENA-, que ofrezca el programa de mantenimiento de hardware para el período lectivo correspondiente al año 2007, en su modalidad de curso mixto (para personas sordas y oyentes), y que en el futuro se abstenga de suspenderlo nuevamente en virtud del principio de progresividad que debe regir sus actuaciones. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-884-06

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