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Última modificación: 2007-07-18
Prohibición de hacer más gravosas o regresivas las condiciones para acceder a la pensión de invalidéz

Si con ocasión de un cambio normativo del régimen pensional se hacen más gravosas o regresivas las condiciones para acceder a la pensión de invalidez a una persona con discapacidad, entonces se vulneran sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la igualdad, a los principios de la dignidad humana y de favorabilidad. nota 1

En otra sentencia, la Corte expresó que se vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital de dos personas con discapacidad, al negarles el reconocimiento de la pensión de invalidez por no acreditar los requisitos contemplados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en un caso, y en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en el otro.

La Corte Constitucional ha señalado respecto al principio de progresividad de los derechos sociales que ?los derechos sociales deben ser desarrollados por el legislador, el cual goza de un amplio margen de libertad para definir su alcance y condiciones de acceso. Sin embargo, esta libertad de configuración dista de ser plena, ya que encuentran límites precisos en tanto i) no puede desconocer derechos adquiridos y ii) las medidas que adopte deben estar plenamente justificadas conforme al principio de progresividad.

En cumplimiento de este principio el Congreso deberá establecer condiciones mínimas que no pueden ser desmejoradas y hacer efectiva la ampliación de los beneficios y la creación de garantías más favorables para la población, al momento de reconocer y fijar las condiciones de los derechos, beneficios y prestaciones de la seguridad social.

la Corte ha precisado que el requisito para acceder a la pensión de invalidez contemplado en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, según el cual la fidelidad de cotización para con el sistema debe ser de al menos el 20% entre el momento en que la persona cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, es una medida regresiva en materia de derechos sociales, toda vez que con esta norma se imponen requisitos más exigentes para el reconocimiento de la pensión de invalidez, ya que originariamente el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 no contemplaba esta obligación, pues tan sólo se requería la calificación de invalido según las normas pertinentes y un tiempo de cotización de 26 semanas anteriores al tiempo de producirse el estado de invalidez.

la Corte realizó un análisis de la regresividad de la norma en cuestión y concluyó que con la nueva norma i) se impusieron requisitos más gravosos para acceder a la pensión de invalidez, ii) se afectó a personas con discapacidad que merecen especial protección por parte del Estado y iii) la norma carece de justificación legislativa, pues la finalidad de la Ley 860 de 2003 consistía en generar una cultura de afiliación al sistema y la reducción de los fraudes al mismo, objetivo que no por ser loable deja de ser desproporcionado.

Por lo anterior, se ordenó al Instituto de Seguros Sociales, que expida una nueva resolución para resolver las peticiones de reconocimiento de la pensión de invalidez aplicando para uno de los casos el artículo 6 del Decreto 758 de 1990 y, para el otro, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, sin perjuicio de la compensación a que hubiere lugar frente a la indemnización sustitutiva. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1064-06
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-383-09. En el mismo sentido ver las sentencias T-641-07 y T-1072-07

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