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Última modificación: 2009-02-24
Acceso al servicio público de educación

Se vulneran los derechos fundamentales a la educación, a la vida, a la salud y a la seguridad social de una niña con discapacidad, cuando una autoridad administrativa municipal decide no renovar un convenio administrativo, por motivos de prohibición de la ley de garantía, negando la prestación del servicio de educación especial y las terapias adecuadas para la atención de la niña beneficiaria. Así como la negativa de brindar el servicio de transporte escolar.

Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho constitucional de carácter social a la educación en el caso de las personas con discapacidades de diverso orden, cuenta con un contenido mínimo no susceptible de ser alterado, que se halla definido en la ley y en los actos administrativos respectivos, derivado de la propia Carta constitucional. Contenido que debe ser protegido y garantizado por las autoridades, permitiendo la realización progresiva de este derecho hasta que las personas puedan gozarlos plenamente.
Además de la progresividad, el derecho a la educación cuenta con algunos elementos que lo convierten en un derecho fundamental de aplicación inmediata. Esto implica el deber correlativo de las entidades estatales de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del servicio de educación, los cuales deben suministrarse en condiciones de igualdad, y bajo la consideración de las condiciones especiales de las personas afectadas con dichas limitaciones, de tal forma que los procesos de aprendizaje y socialización de tales sujetos sean lo más parecido posible a los de cualquiera de los educandos que carecen de alguna discapacidad.

Por lo tanto, se ordenará al ente municipal realizar las gestiones pertinentes para que la niña sea incluida dentro de algún programa relativo a la atención terapéutica en las mismas condiciones en que venía siendo atendida, advirtiendo que en el futuro la administración municipal debe tener en cuenta las contingencias legales que se pueden presentar en la ejecución del servicio, con el fin de garantizar la continuidad y la inviolabilidad de la progresividad del mismo. Asimismo incluir a la niña dentro del sistema de transporte escolar que ofrece el municipio, atendiendo las necesidades especiales propias de su condición. En caso de existir imposibilidad material de abrir un nuevo cupo en una institución para brindar la atención ordenada, deberá contratarse con una institución particular que preste el servicio de educación especial cerca al lugar de residencia de la accionante, por el tiempo que sea indispensable y hasta tanto esté en capacidad de ofrecer la atención requerida en un centro de educación especial oficial. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-282-08

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