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Última modificación: 2010-10-13
Integralidad del sistema de protección de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social

Unas madres en representación de sus hijos con discapacidad interpusieron acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ?ICBF-, al considerar que les fueron vulnerados sus derechos fundamentales; por dar terminado la medida especial de protección de hogar biológico que amparaba a los niños y, cuyas familias se encuentran en situación de pobreza.

La Corte Constitucional adujo que el sistema constitucional de protección de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, incluyendo las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad, han concluido que:

a. El menor con discapacidad es un sujeto de especial protección constitucional, condición que se ve reafirmada cuando se encuentra en condiciones de pobreza.

b. El menor con discapacidad debe gozar de la plenitud de los derechos que el ordenamiento reconoce de manera general a todos los menores, sin discriminación alguna por razón de la incapacidad.

c. Toda medida que afecte a los menores con discapacidad en el disfrute de sus derechos se presume inconstitucional y corresponde a las autoridades asumir la carga de la prueba en contrario.

d. Los menores con discapacidad tienen derecho a que se adopten medidas de discriminación positiva orientadas a permitirles su rehabilitación, integración social y disfrute de sus derechos.

e. Corresponde en primer lugar a los padres o a las personas que tengan a su cargo la custodia de los menores asistir y proteger al niño, tarea en la cual, sin embargo, existe una participación de la sociedad y del Estado y una responsabilidad subsidiaria de éste y,

f. En la medida de los recursos disponibles, el Estado debe brindar asistencia pública orientada a permitir que los menores con discapacitados y en condiciones de pobreza extrema accedan a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Donde se deriva, por un lado, que la atención a la que tienen derecho las personas con discapacidad debe ser especializada, toda vez que éstas deben ser objeto de la atención adecuada a su situación, y, por otra, que el deber del Estado hacia las personas con discapacidad se orienta a garantizarles una mejor condición de vida, razón por la cual deben brindarse alternativas terapéuticas, así la razón de la incapacidad no pueda derrotarse.

En ese contexto, la decisión del ICBF de terminar las referidas medidas de protección es contraria al derecho de los menores a recibir la asistencia del Estado para asegurar el pleno goce de sus derechos y en particular al acceso a los servicios que ofrecen los sistemas de educación y de salud.

Por lo tanto, se dispuso que en el término de un mes, el ICBF, practique una evaluación en torno a la situación actual de los menores en orden a determinar si se encuentran dentro de los presupuestos que dan lugar a una medida de protección, a la luz de las previsiones del Código de la Infancia y la Adolescencia. En particular la evaluación deberá referirse a la capacidad de las unidades familiares de los menores para atender sus necesidades básicas y a la manera como sus requerimientos en materia de educación y de salud están siendo atendidos por las correspondientes instituciones del Estado.

Si como resultado de la anterior evaluación se encuentra un déficit en la atención de los derechos de los menores, el ICBF deberá dictar la medida de protección que corresponda, realizando el acompañamiento necesario para que los menores tengan acceso a los sistemas educativo y de salud en los términos del Código de la Infancia y de la Adolescencia, Así mismo se ordenará a la Directora del ICBF y al Director de Promoción Social del Ministerio de Protección Social, como responsables del Plan Nacional de Discapacidad, que en el término de cuatro meses presenten las bases de una política pública específicamente orientada a atender las necesidades de los menores con discapacidad y en condiciones de extrema pobreza, comprendiendo los componentes de educación, salud y asistencia, en los términos de la Ley 1098 de 2006, que incluya la programación de las partidas presupuestales necesarias, así como indicadores que permitan medir permanentemente el avance, el estancamiento o el retroceso en la cobertura de tales derechos. nota 1

En otra sentencia la Corte manifestó que se vulneran los derechos a la vida digna, educación y rehabilitación de niños con discapacidad, cuando se declara la terminación de la medida de protección a su favor -hogar gestor- donde venían recibiendo un tratamiento integral para sobrellevar la discapacidad que los aqueja. Olvidándose que la responsabilidad no debe limitarse al carácter temporal señalada en los lineamientos internos, si no todo lo contrario, deben ofrecerse alternativas para continuar con el tratamiento que se venia dando.

Pues el ICBF es una institución de servicio público comprometida con la protección integral de la familia y en especial de la niñez, por lo que adquiere el compromiso de guiar y asesorar a través de los diferentes seguimientos a las familias que se encuentren en una situación económicamente precaria, para adoptar las medidas necesarias a fin de continuar con el tratamiento, valiéndose de las entidades públicas y privadas encargadas de prestar atención a los niños en los diferentes campos, pero bajo su responsabilidad, supervisión y liderazgo, como entidad del Estado creada con ese fin. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-608-07
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-816-07

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