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Última modificación: 2010-10-22
Deber positivo de trato especial para el pago de la mesada pensional

Se vulnera el derecho al mínimo vital de una persona de la tercera edad con una discapacidad de atrofia muscular severa que le impiden la movilidad, cuando una entidad financiera se niega a enviar al domicilio del señor a uno de sus funcionarios, para que tome la huella dactilar de éste y de esta manera hacer efectivo el pago de la pensión.

La Corte señaló que la función de la Banca constituye un verdadero servicio público, en la medida en que su funcionamiento está ligado con la captación de recursos públicos y vinculados de manera directa con el interés general; interés que tiene un especial realce constitucional cuando se trata del pago de una pensión a alguien que tiene la calidad de ser un sujeto doblemente protegido por la constitución al estar en estado de invalidez y pertenecer a la tercera edad, pues, estos servicios, los financieros, deben procuran el bienestar de la sociedad estructurándose como uno de los elementos centrales del Estado Social de Derecho. Al respecto la Corte ha recordado que recaudar dinero del público es un privilegio que impone deberes sociales teniendo en cuenta la posición de indefensión en la que se encuentran los usuarios del sistema. Por lo tanto se ordena al Banco Comercial envíe a uno de sus funcionario, una vez al mes, al domicilio del señor para tomarle la impresión de la huella dactilar para el pago de la pensión de invalidez a la que tiene derecho; así como el interesado dispondrá del un término máximo de cuatro meses para sea iniciado el proceso de interdicción y, una vez iniciado tal proceso, la protección constitucional transitoria se extenderá durante nueve meses más. En caso de que no se inicie el proceso de interdicción, la protección transitoria cesará al finalizar los cuatro meses referidos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-172-07

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