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Última modificación: 2010-10-22
Derecho fundamental a la igualdad y a la educación de la población con discapacidades
Se viola el derecho a la educación de personas mayores de edad que padecen algún grado de discapacidad, cuando un ente territorial decide suspender el subsidio económico que venia siendo consignado en la institución que prestaba los servicios educativos especiales requeridos. Olvidándose que es deber del Estado y la sociedad brindar la asistencia particular y de adelantar esfuerzos ingentes para garantizar el máximo nivel de desarrollo de sus libertades, consiste en las condiciones objetivas de discapacidad del cual provienen sus necesidades especiales.
Pues este servicio, debe comprenderse no sólo desde el haz de su dimensión académica sino dentro de una perspectiva más compleja en el cual sean atendidas las diferentes facetas que participan en el proceso educativo de los ciudadanos, es decir, abarca fines específicos que difieren de manera considerable, en una distinción de grado, en el caso de las personas con necesidades educativas especiales. En este escenario el intercambio social adquiere una notable importancia pues resulta indispensable para alcanzar el más alto aprovechamiento de las facultades de estas personas y, en tal sentido, para asegurar el mejor desarrollo de sus libertades.
De esta manera la duración del proceso durante el cual transcurre la formación no puede verse bajo los mismos lineamientos empleados en el caso de la población ordinaria.
De ahí, que la aplicación de los límites de edad diseñados para la política educativa dirigida a la población ordinaria constituye una violación del derecho fundamental a la igualdad y a la educación de la población con discapacidades. nota 1
Última modificación: 2010-10-22
Derecho fundamental a la igualdad y a la educación de la población con discapacidades
Se viola el derecho a la educación de personas mayores de edad que padecen algún grado de discapacidad, cuando un ente territorial decide suspender el subsidio económico que venia siendo consignado en la institución que prestaba los servicios educativos especiales requeridos. Olvidándose que es deber del Estado y la sociedad brindar la asistencia particular y de adelantar esfuerzos ingentes para garantizar el máximo nivel de desarrollo de sus libertades, consiste en las condiciones objetivas de discapacidad del cual provienen sus necesidades especiales.
Pues este servicio, debe comprenderse no sólo desde el haz de su dimensión académica sino dentro de una perspectiva más compleja en el cual sean atendidas las diferentes facetas que participan en el proceso educativo de los ciudadanos, es decir, abarca fines específicos que difieren de manera considerable, en una distinción de grado, en el caso de las personas con necesidades educativas especiales. En este escenario el intercambio social adquiere una notable importancia pues resulta indispensable para alcanzar el más alto aprovechamiento de las facultades de estas personas y, en tal sentido, para asegurar el mejor desarrollo de sus libertades.
De esta manera la duración del proceso durante el cual transcurre la formación no puede verse bajo los mismos lineamientos empleados en el caso de la población ordinaria.
De ahí, que la aplicación de los límites de edad diseñados para la política educativa dirigida a la población ordinaria constituye una violación del derecho fundamental a la igualdad y a la educación de la población con discapacidades. nota 1
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Derecho a la educación inclusiva
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