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Última modificación: 2010-12-18
Los talleres de trabajo protegido tienen por finalidad preparar a las personas con discapacidad para hacer transición a un empleo ordinario

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 32 de la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

Artículo 32. Las personas con limitación que se encuentren laborando en talleres de trabajo protegido, no podrán ser remuneradas por debajo del 50% del salario mínimo legal vigente, excepto cuando el limitado se encuentre aún bajo terapia en cuyo caso no podrá ser remunerado por debajo del 75% del salario mínimo legal vigente.

Las demandantes consideraron que el artículo parcialmente acusado vulnera los artículos 1, 13, 25, 47, 53 y 54 de la Constitución, pues comporta ?una reducción porcentual de sus derechos? y particularmente de la remuneración que reciben por su actividad laboral, con menoscabo de sus necesidades básicas. En criterio de las actoras, la preceptiva demandada también viola el derecho a la igualdad, porque discrimina a las personas con algún tipo de limitación, en tanto las hace víctimas de una disminución salarial en razón de su estado y permite un trato denigrante en contra de ellas.

Las actoras comparan a las personas limitadas con los trabajadores que no sufren ningún tipo de discapacidad, así mismo, el trabajo que se desarrolla en talleres de trabajo protegido con las labores cumplidas al amparo de una relación laboral por personas sin discapacidad y, por último, la remuneración que se reconoce por el trabajo protegido con el salario que devengan los trabajadores según el régimen laboral ordinario y, de todo ello, deducen la discriminación alegada.

Para la Corte, ninguna de las equiparaciones que las actoras proponen tiene asidero en la realidad que, más bien, demuestra la existencia de significativas diferencias que justifican el trato diverso y permiten afirmar que la igualdad, en su sentido formal, no ha sido desconocida. Se trata de una medida de acción positiva promovida por el Estado, en aras de lograr la igualdad sustancial y de superar una discriminación de carácter estructural que, tradicionalmente, ha propiciado un errado entendimiento de la discapacidad como una enfermedad que impide la integración social y laboral de la persona limitada, a quien se suele considerar ?inútil? y definitivamente incapaz de valerse por sí misma.

La figura del taller de trabajo protegido, contemplada en el artículo 32 de la Ley 361 de 1997, tiene por objetivo preparar a los discapacitados -en particular personas severamente limitadas-, según sus habilidades y en la medida de lo posible, para hacer la transición a un empleo ordinario, dependiente o independiente, permitiéndoles, mientras tanto, el desempeño de algunas actividades formativas, que pueden ser de integración social o de rehabilitación. Estas actividades pueden cumplirse en centros separados o en centros de tipo intermedio que combinen el desarrollo de la rehabilitación con el cumplimiento de trabajos productivos. Carecen de ánimo de lucro para el organizador del taller y tienden a ser eminentemente transitorias.

Como una forma de estímulo y de reconocimiento, al limitado que labore en un taller de trabajo protegido, mientras permanece en él se le otorga una remuneración. En el régimen de los talleres de trabajo protegido, los propósitos terapéuticos, de rehabilitación y de readaptación laboral tienen un peso considerablemente mayor que las actividades productivas consideradas en sí mismas, pues, en estricto sentido, estas actividades, si bien constituyen un propósito, no son sino uno de los medios orientados a asegurar la consecución de las finalidades inicialmente mencionadas. Por ello, la norma ordena que las personas con limitación que aún se encuentren bajo terapia no podrán ser remuneradas ?por debajo del 75% del salario mínimo legal vigente?, en tanto que, los discapacitados que no estén bajo terapia ?no podrán ser remunerados ?por debajo del 50% del salario mínimo legal vigente?.

En relación con la remuneración que se recibe estima la Corte importante puntualizar que el régimen de los talleres de trabajo protegido suele ser flexible, por cuanto, de acuerdo con las severas condiciones de las personas limitadas que reciben atención en estos centros, no resulta posible, por ejemplo, exigir el estricto cumplimiento de jornadas completas y, por lo tanto, las personas bien pueden realizar actividades productivas sólo durante unas cuantas horas al día y dedicar las restantes al descanso o ausentarse para atender sus citas terapéuticas y cumplir así los propósitos de rehabilitación.

Por lo anterior, la Corte declara que el artículo 32 de la Ley 361 de 1997 no contradice la constitución y por ende es exequible. Sin embargo, considera importante precisar que las labores productivas cumplidas en los talleres de trabajo productivo no pueden encubrir una relación laboral o convertirse en pretexto para que el organizador del respectivo taller explote el trabajo de los discapacitados y, por lo tanto, condiciona la declaración de exequibilidad a entender que ?dichos talleres tienen por objeto actividades formativas, de integración social o de rehabilitación sin ánimo de lucro para el organizador del taller, de personas con diversidad funcional severa y que la relación existente entre ellas y el taller no corresponde a una relación laboral?.

Finalmente, la Corte decide no acceder a la solicitud del Ministerio Público en relación a que ?se entienda que las personas cuya limitación requiere del denominado trabajo protegido puedan ser beneficiarias del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud, cuando no puedan producir ingresos equivalentes al salario mínimo legal vigente? porque el condicionamiento de la exequibilidad debe surgir como posibilidad ofrecida por el propio contenido de la disposición sujeta al examen de la Corte y no puede convertirse en oportunidad para agregar de manera inconsulta contenidos que no hacen parte de las alternativas de interpretación ofrecidas por el texto demandado, como acontece en este caso. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-810-07

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