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Última modificación: 2010-12-18
Obligación de las entidades de salud y el estado de intervenir para que el disminuido no vea afectada su salud y dignidad, cuando la familia no este en condiciones de brindarle el cuidado requerido

En el presente caso se ha planteado la situación de una persona con discapacidad mental grave, cuya familia expresa carecer de los medios económicos para prestarle la atención que su condición requiere, razón por la cual solicita su internación permanente en un centro especializado, no obstante que no existe un dictamen médico en ese sentido

La Secretaría de Salud Departamental expresa que no cuenta con proyectos para este tipo de casos. Por su parte, la Secretaría de Educación Departamental manifiesta que el Departamento ha adelantado políticas que buscan ampliar el cubrimiento del servicio público de educación, extendiéndolo incluso a aquellas personas que presentan discapacidades, pero son susceptibles de ser integrados en los centros educativos. En cuanto a personas con discapacidades cognoscitivas severas, aun cuando el Departamento no ha tenido grandes avances, presta acompañamiento a nivel académico y psicológico. Así, para el caso del joven ha contemplado la posibilidad de brindar ayuda siempre que exista un tratamiento neurológico y terapéutico previo que le permita ingresar a un proceso de formación integral.

La accionante manifiesta que su hijo es víctima de una discriminación por omisión al ser restringidas sus oportunidades sin justificación objetiva, ya que a pesar de haber elevado diversas solicitudes de ayuda ante las entidades pertinentes no ha obtenido una solución a la situación de su hijo.

Para la Corte, la primera llamada a responder por el cuidado de un enfermo mental es la familia, sin embargo el bienestar del afectado no puede depender de las condiciones particulares de aquella, pues la protección constitucional a favor de los disminuidos psíquicos tiene un carácter objetivo que se debe garantizar en todo momento, razón por la cual, cuando por motivos económicos, sociológicos o de capacitación la familia no brinde el cuidado requerido las entidades de salud y el Estado deben intervenir para que el disminuido no vea afectada su salud y dignidad.

De este modo, no puede imponérsele a la familia una carga desproporcionada con respecto a las posibilidades reales con las que cuente para brindar la atención al enfermo, en función de la tipología de la enfermedad, las condiciones económicas y la preparación requerida para asumir un evento de este tipo, razón por la cual, como se ha señalado por la jurisprudencia, en determinadas circunstancias, la familia debe contar con el apoyo y la asistencia del Estado y de las entidades de salud, en un esfuerzo coordinado, orientado a evitar que las personas con discapacidad se vean sometidas a condiciones inadecuadas para su salud y dignidad

En un momento dado, el Estado y el sistema de salud deben suministrar los servicios extraordinarios que sean necesarios para hacer frente a la situación irregular en la que se encuentre una persona discapacitada, con afectación de sus condiciones de salud, atribuible a la imposibilidad de su grupo familiar para atender adecuadamente sus necesidades. Así mismo, además de la intervención puntual necesaria para que la condición física y mental de la persona discapacitada sea estabilizada, es preciso también que, de manera concurrente, se preste la asesoría dirigida a concientizar y preparar a los familiares para que cumplan con su obligación de cuidado de manera que con ello sea posible reinsertar al afectado a su medio.

Cuando la atención que brinda la familia es insuficiente o, incluso, perjudicial para garantizar un tratamiento adecuado y que obedezca al concepto de dignidad humana, deben acudir a atender esta situación, por un lado, las entidades encargadas de suministrar los servicios médicos para estabilizar al paciente y garantizar el cuidado de su enfermedad, y, por el otro, las entidades para que, proporcionen una capacitación multidisciplinaria al grupo familiar para que, cuanto antes y en tanto sea posible, el disminuido pueda regresar a su hogar en condiciones adecuadas y con el compromiso de la familia de atender su situación. Todo lo anterior, con el fin de que la enfermedad no se constituya en un motivo de discriminación y desconocimiento de la dignidad humana y, por tanto, se creen las condiciones necesarias para que la persona, que está en una situación de debilidad manifiesta, pueda desarrollarse en un entorno social y familiar.

En este contexto, el sistema de salud debe brindar a la familia el apoyo que sea necesario para suplir los elementos extraordinarios que la atención de la condición de la persona discapacitada exija, aún cuando se encuentren por fuera del POS, siempre y cuando se trate de un requerimiento extraordinario, atribuible a la condición de la discapacidad, que sea necesario para preservar la vida en condiciones de dignidad y que la familia carezca de los recursos para hacerse cargo del mismo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-879-07. Ver en el mismo sentido, Sentencia T-1093-08

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