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Última modificación: 2007-02-26
Principios que rigen la prestación del servicio de salud

· El derecho a la salud de las personas con discapacidad reviste el carácter de derecho fundamental autónomo

Un padre en representación de su hijo que padece de retardo mental interpuso acción de tutela contra una entidad promotora de salud, al considerar que se le habían vulnerado los derechos a la salud y a la dignidad humana, al negársele la autorización y practica de una cirugía que requería el menor. La Corte recordó que el derecho a la salud es considerado como un derecho fundamental autónomo para las personas con discapacidad, es decir, su protección por vía de tutela, se da sin que su desconocimiento pueda afectar por conexidad otro derecho fundamental. El carácter fundamental de ciertas prestaciones de salud a personas en condiciones de debilidad física o mental tiene como sustento la necesidad de garantizar el valor de la dignidad humana, consagrado en el artículo 1º de la Constitución.

Por ello -dice la Corte-, resulta indispensable que el Estado proteja de manera directa y eficaz a aquellas personas a quienes sus condiciones físicas o mentales les imponen barreras o las aíslan drásticamente, impidiéndoles desarrollar sus actividades diarias fundamentales de manera funcional, ubicándolos en condiciones de debilidad manifiesta, y debido a sus circunstancias, carecen de la capacidad para proveerse por sí mismas las prestaciones necesarias o en general para afrontar autónomamente su condición.

De modo que, en la medida en que una empresa encargada de prestar los servicios de salud se niegue o retarde la prestación de un servicio de salud a un paciente, la injustificada inercia de las autoridades públicas o de los particulares ante el dolor de una persona, constituye atentado contra el derecho a la vida en condiciones dignas, en directa contradicción no sólo con los mandatos constitucionales, sino contra los propios principios que gobiernan el Sistema de Seguridad Social en Salud.

En consecuencia, la Corte amparo los derechos ordenando a la EPS, que si aún no lo había hecho evaluara y determinara cuál era el mejor tratamiento para el niño y procediera a prestar la asistencia médica que éste requería. nota 1

· Gratuidad del servicio de salud: atención al primer año de vida del niño con discapacidad

?El ISS diagnosticó a un menor, parálisis cerebral infantil (PCI); le suministró servicios médicos, farmacéuticos, asistenciales, durante su primer año de vida. Luego, médicos de la institución concluyeron que la enfermedad del menor no era curable y por tanto, que su tratamiento debía ser domiciliario, excepto en aquellos casos que ameritaran hospitalización. Para la Corte Constitucional esta actuación no vulnera el derecho constitucional del menor a la salud, pues ello obedece a claros preceptos de orden legal, que son de imperativo cumplimiento para quienes laboran en dicha Institución, como para los particulares que hacen uso de los servicios que allí se prestan. El Instituto de Seguros Sociales no es una entidad de asistencia pública abierta, sino una institución de seguridad social, sometida a reglamentaciones y procedimientos legales que deben respetarse. El derecho a la salud, en favor de los niños, a diferencia del que tienen las demás personas, por voluntad expresa del Constituyente, se instituyó en la Carta como fundamental, y a él tienen acceso, en forma gratuita, todos los niños menores de un (1) año, quienes deben ser atendidos en las instituciones de salud que reciban aportes del Estado, siempre y cuando el menor "no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social", al tenor de lo normado por el artículo 50 ibidem.? * nota 2

· Deber de crear condiciones adecuadas de los centros de atención para las personas con discapacidad síquica

?La Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia presentó una acción de tutela contra el ICBF y el Centro de Educación Especial del Niño Diferente, debido a que 33 personas que sufren retardo mental estaban recluidas en una casa que no cumple con las más mínimas exigencias necesarias para realizar un tratamiento adecuado. La Corte Constitucional señaló que no es posible consentir las condiciones infrahumanas en que se desarrolla la vida de las personas que habitan en el centro, cuya condición amerita una actuación pronta y eficaz que concrete en la práctica la especial protección que las normas superiores disponen en su favor.? * nota 3


· Suministro oportuno de servicio de salud especializado

Una personera municipal presentó acción de tutela contra una ARS y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia por considerar que le estaban vulnerado el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social a una persona con discapacidad, al negarle el tratamiento ordenado por el médico para el manejo del hipotiroidismo.

La Corte Constitucional señaló que el derecho a la salud es considerado como derecho fundamental frente a sujetos de especial protección. El carácter fundamental tiene como sustento la necesidad de garantizar el valor de la dignidad humana, consagrado en el artículo 1º de la Constitución.

De esta manera resulta indispensable que el Estado proteja de manera directa y eficaz a aquellas personas a quienes sus condiciones físicas o mentales les imponen barreras o las aíslan drásticamente, impidiéndoles desarrollar sus actividades diarias fundamentales de manera funcional, ubicándolos en condiciones de debilidad manifiesta (C.N. art. 13), y debido a sus circunstancias, carecen de la capacidad para proveerse por sí mismas las prestaciones necesarias o en general para afrontar autónomamente su condición.

Es por ello, que la Constitución Política protege a la persona contra las acciones u omisiones de autoridades o particulares que pongan en grave peligro su vida, es decir, que de una u otra forma puedan afectar no solo la existencia humana sino también la subsistencia sin importar el grado de afectación de esta última.

Así entendido, los derechos a la vida y a la integridad física deben interpretarse conforme al principio de dignidad humana, teniendo en cuenta los componentes de calidad de vida y condiciones de subsistencia del individuo, hace que en algunos casos su protección involucre necesariamente la protección del derecho a la salud.

Adicionalmente ha señalado la Corte que mientras el usuario permanezca afiliado al sistema de seguridad social en salud, la entidad territorial o la administradora deben velar por su atención integral, en respeto de los principios de eficiencia y continuidad en la prestación del servicio, los cuales determinan que cuando se esté practicando un tratamiento o procedimiento médico a un paciente, no puede suspenderse sin quebrantar gravemente sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.

De cara a la falta de autorización de la práctica del examen tiroxina T4 libre mensualmente, así como el control o seguimiento por programa de medicina interna y neurocirugía por encontrarse excluido del POS-S, la Corte precisó que en este caso, se cumplía con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, para inaplicar la reglamentación expedida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud:

- la falta de los exámenes y los tratamientos, amenazaba los derechos constitucionales fundamentales a la vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta su condición de persona con discapacidad.

- Se trataba de unos exámenes y tratamientos que no podían ser sustituidos por otros de los contemplados en el POS-S.

- El paciente realmente no podía sufragar el costo de los exámenes y de los tratamientos requeridos, toda vez que el señor pertenecía al nivel II del Sibén, es decir, el hecho de que se encontraba dentro del grupo de la población pobre y vulnerable del país, y no contaba con recursos económicos para sufragar los costos de los procedimientos médicos que requiere, era razón suficiente para demostrar su incapacidad de pago, y por ende, ser sujeto de protección a través de la acción de tutela.

- Tanto los exámenes como los tratamientos habían sido prescritos por un médico adscrito a la ARS a la cual se hallaba afiliado.

Por lo tanto, para la Corte era claro que la prestación estaba llamada a ser reconocida mediante la presente acción. nota 4


· Asistencia pública a persona con discapacidad no afiliada al régimen de seguridad social luego de sufrir un accidente de trabajo

?En sentencia de tutela, en el caso de un accidente de trabajo que ocasionó la invalidez de un trabajador al servicio transitorio de una entidad pública que no lo había afiliado a ninguna institución de seguridad social, la Corte Constitucional ordenó su inscripción por el municipio en un organismo de seguridad social que lo atienda médicamente hasta el momento en que la justicia laboral resuelva el caso. Obsérvese que para tener derecho a la protección constitucional enunciada no se requiere estar laboralmente relacionado con entidad pública alguna, ni hallarse en inminente peligro de muerte. El hecho que da lugar a la prestación a cargo del Estado es la indefensión material del individuo, que no puede valerse por sí mismo y que requiere, por tanto, para su digna subsistencia, la asistencia pública.? * nota 5

· Límites al deber de las IPS de prestar atención médica a las personas discapacitadas síquicas

?El padre de una mujer mayor de edad, que sufre de retraso mental, solicitó a la IPS a la que se encuentra afiliado que incluyera a su hija como beneficiaria y le realizara unos exámenes médicos, entre los que se encontraba la ligadura de trompas. La entidad negó la atención por cuanto la joven se encontraba excluída de los servicios de salud. La Corte Constitucional señala que el artículo 13 de la Carta, no confiere de manera autónoma, a una persona discapacitada, el derecho a ser atendida en la entidad médica a la cual su padre se encuentra afiliado. Si bien es cierto que esta norma impulsa al Estado a procurar un trato especial a las personas que por sus condiciones mentales se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta -como puede serlo una persona que sufre de retardo mental-, también lo es que se trata de un enunciado que por sí mismo no impone a la IPS demandada la obligación de atender a la hija del actor.? * nota 6

· Asistencia pública no es un derecho fundamental en ausencia de condiciones de debilidad manifiesta

?Se instauró acción de tutela para lograr el internamiento de una persona enferma mental en un establecimiento psiquiátrico. La Corte Constitucional deniega la tutela porque la actora no se encuentra en situación de debilidad manifiesta, pues cuenta con la atención de sus familiares y ha obtenido cuidados médicos que la entidad demandada no se ha negado a prestarlos ahora y seguirá prestándolos en el futuro. Además la asistencia pública, en virtud de su especial naturaleza, no hace parte de los derechos constitucionales fundamentales, pues su efectividad no es inmediata sino gradual, que se desarrollará al ritmo de específicas condiciones económicas, sociales y políticas que permitan su concreción. La asistencia pública requiere la existencia de leyes que la prevean y agencias públicas que se encuentren en posibilidad de suministrar las prestaciones que conforman los derechos de esa categoría. El artículo 47 de la Constitución Política no persigue sólo el desarrollo de una labor de tipo asistencial sino que también pretende integrar socialmente a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos facilitándoles el goce de los otros derechos incluidos en la Carta.

?Resulta inevitable advertir que el adecuado cumplimiento de cargas como las impuesta al Estado por los artículos 47 y 13 de la Constitución apareja la disposición de recursos suficientes, el gradual desarrollo de toda una política que permita hacer beneficiarios de sus prestaciones a un número creciente de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; y la instrumentación por parte del legislativo y del ejecutivo de condiciones aptas para brindar la protección deseada a todos aquellos que pudieren requerirla. A pesar de que la misma Carta prevé mecanismos encaminados a la concreción de tales propósitos, como por ejemplo: la prioridad conferida al gasto público social "sobre cualquier otra asignación" (art. 366 Constitución Política), no ignora la Corte algunas deficiencias estructurales del Estado colombiano que, al presente, le impiden dar cabal satisfacción a los derroteros que la Carta le asigna, en procura de la protección debida a las personas ubicadas en situación de desventaja.? * nota 7

· La condición de persona discapacitada mental no implica per se un trato preferente

El padre de una mujer con síndrome de Dawn interpuso en su nombre una tutela contra el ISS. Consideró vulnerados los derechos a la salud y vida digna de la mujer con discapacidad, pues ella requería un implante total de cadera sin el cual podría perder completamente la capacidad de caminar, que no había sido programado por la entidad demandada pues adujo que la operación se encontraba en la ubicación 12 de la lista de intervenciones pendientes. La Corte estableció que es razonable el criterio ?primero en tiempo, primero en derecho? subyacente a la lista de turnos, en aplicación del criterio de igualdad. Por eso, para establecer un trato diferenciado entre la accionante y los demás pacientes en lista, es necesario, previo a realizar un test abstracto de igualdad, constatar la existencia fáctica de una desigualdad inicial.

Ello se hace con criterios como: (a) los beneficios o cargas sometidas a distribución, (b) la lesión a otros derechos, (c) el aspecto temporal, (d) Costos y (e) las condiciones personales de los sujetos. Con esos criterios, la Corte concluyó para el caso, donde el bien a distribuir es la atención en salud (a), que no existe información alguna que indique que el padecimiento del síndrome de Dawn conduzca a un situación de mayor costo en términos de dolor o una mayor inmovilidad (b), que se vea comprometido otro derecho (c) o que no pueda soportar el tiempo que debe esperar por el sistema de turnos. Es decir, no existe información que obligue a considerar la existencia de una situación inicial desigual que, eventualmente obligaría a un tratamiento diferencial. Ahora bien, la condición de debilidad manifiesta no debe implicar un trato preferente per se, pues esta interpretación llevaría al absurdo de convertir una medida de igualación (especial protección) en un mecanismo de creación de privilegios. La Corte afirmó que la debilidad manifiesta debe ser la causa de la necesidad del beneficio para que se justifique un trato preferente. En consecuencia, la Corte negó la solicitud de tutela nota 8.

· Deber de los prestadores de salud de brindar información precisa, clara, oportuna e inteligible a los pacientes y sus representantes

Una madre instauró acción de tutela contra una Dirección Seccional de Salud en defensa de los derechos a la salud, vida e integridad de su hijo, por no haber aceptado el internamiento permanente de su hijo en un establecimiento psiquiátrico, conforme ella lo había solicitado. La Corte Constitucional manifestó que dada la información suministrada por el médico tratante del paciente, en el sentido de que el paciente no se encontraba en una descompensación depresiva, maníaca o mixta, y por tal razón, no requería de internación hospitalaria alguna, no puede la Corte ordenar su internación en el hospital mental, pues los jueces no son competentes para ordenar tratamientos médicos no prescritos por el médico tratante del paciente. Tal acción, en vez de proteger los derechos fundamentales del paciente, los pone en peligro. Además, la internación de una persona en una institución psiquiátrica, cuando no lo requiere, vulnera toda una serie de libertades fundamentales que se restringen por el hecho de estar internado contra su voluntad.

Teniendo en cuenta que el paciente no requería ser hospitalizado en una institución psiquiátrica, y que de manera oportuna y permanente se le venía proporcionando el tratamiento ambulatorio que requería, la Corte no concedió la petición. No obstante, dado que el médico tratante advirtió que la enfermedad psiquiátrica del paciente podía tener episodios que exigían hospitalización transitoria, es necesario evitar que en el futuro ésta no se llevara a cabo oportunamente por existir una controversia sobre cuál es la entidad encargada de financiar la hospitalización, o por desconocimiento de la madre de los trámites necesarios para acceder al servicio, o por trabas administrativas.

La Corte observó que la acción de tutela interpuesta por la madre del menor y, mediante la cual se solicitó la internación del paciente en una institución psiquiátrica, reflejaba la falta de entendimiento pleno de la enfermedad mental que padecía su hijo, del tratamiento médico y de los cuidados que requería. Por ello, la Corte subrayó que uno de los derechos más importantes de los pacientes y de sus representantes es recibir información precisa, clara, oportuna e inteligible, sobre (i) las características de la enfermedad, (ii) su tratamiento, (iii) el ámbito de cobertura del sistema de seguridad social frente al tratamiento requerido, (iv) la(s) entidad(es) competente para prestar los servicios cubiertos y (v) los costos y cargos que puede implicar al paciente y a sus familiares, el tratamiento requerido.

En aras de brindarle a la madre del menor mejores elementos para que participara activamente en el cuidado y mantenimiento de la salud de su hijo la Corte ordenó al Hospital Mental, Empresa Social del Estado, especializada en el área psiquiátrica y a la que se encontraba inscrito el médico tratante, que le suministrara a la señora una información precisa, clara, oportuna e inteligible, que tenga en cuenta sus condiciones emocionales y educativas, y que le permita entender (i) las características de la enfermedad de su hijo y (ii) del tratamiento que requiere, (iii) los cuidados especiales debe tener en cada una de las fases de su enfermedad (periodos interepisódicos y descompensaciones depresivas, maníacas o mixtas) y (iv) las medidas que puede adoptar para poder dejar sólo a su hijo, o en compañía de otras personas, y así tener tiempo disponible para trabajar fuera de su casa. De igual manera, se le informe el (i) ámbito de cobertura del sistema de seguridad social frente al tratamiento requerido por las personas con retardo mental moderado que sufren de trastorno afectivo bipolar, (ii) la(s) entidad(es) competente(s) para prestar los servicios cubiertos y (iii) los costos y cargos que deba asumir del tratamiento, de ser legal o jurisprudencialmente establecido que deba hacerlo.

Lo anterior, dado que las enfermedades cíclicas, tal como es el caso del trastorno afectivo bipolar (TAB) al que hace referencia la sentencia objeto de revisión, tienen fases agudas, en las que se requiere atención hospitalaria especializada y urgente, y fases moderadas, en las que la medicación y el control médico periódico son suficientes para mantener adecuadamente la salud del paciente. En la actualidad, según la información médica aportada al presente proceso, el trastorno afectivo bipolar (TAB) es incurable, esto quiere decir, que durante toda su vida, quien padece de esta enfermedad, deberá recibir atención médica y tomar medicamentos, los cuales variarán según la fase en la que se encuentre (periodos interepisódicos o descompensaciones depresivas, maníacas o mixtas).

De otra parte y, conforme a las pruebas aportadas a lo largo de este proceso se concluyó que no existe claridad respecto a cuál es la entidad encargada (la entidad territorial o la ARS) de financiar la atención hospitalaria que requieren los pacientes de trastorno afectivo bipolar, durante las fases agudas de su enfermedad, y que pertenecen al régimen subsidiado. Por tal razón la Corte, ordenó a la Dirección Seccional de Salud que eleve una consulta al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, órgano regulador del sector de la salud, en la que le solicite esclarecer a quién le corresponde financiar la atención hospitalaria que requieren las personas que pertenecen al régimen subsidiado, que sufren de trastorno afectivo bipolar (TAB), durante las descompensaciones depresivas, maníacas o mixtas. Y mientras se obtiene una respuesta a la consulta ordenó al Hospital Mental que, en el evento que el médico tratante de paciente ordene su hospitalización, por haberse presentado una descompensación depresiva, maníaca o mixta, le preste oportunamente tal servicio nota 9.

· Derecho al consentimiento informado de los padres de un niño con discapacidad para decidir sobre el tratamiento médico quirúrgico que debe suministrársele a su hijo

Un padre, en representación de su hijo menor con discapacidad, instauró acción de tutela contra una ARS a fin de que le fueran amparados los derechos a la salud y a la vida, ordenando el suministro del tratamiento médico quirúrgico que mejores perspectivas tiene de satisfacer las necesidades del niño. Sobre este asunto existían discrepancias entre los padres del niño y la entidad accionada, motivado en el concepto dado a los primeros por un médico particular no adscrito a esta última. Al respecto la Corte concluyó que, si bien la elección del tratamiento médico adecuado ordinariamente compete al médico tratante, en el caso de menores discapacitados esta selección debe ser particularmente meticulosa, de manera que exista certeza en cabeza del facultativo sobre la calidad óptima de la atención que va a prestar al menor impedido. En efecto, el mandato de optimización exigía este comportamiento especialmente atento a las necesidades del niño discapacitado, de forma tal que no se escatimaran recursos para lograr su mejoría.

En tal sentido, si lo mejor para el niño no está incluido dentro de los planes obligatorios que lo cobijan, o si la entidad a que se encuentra adscrito no se halla en condiciones de suministrar esta mejor opción, el médico no debe dudar en formularlo a pesar de estas circunstancias, y el juez constitucional debe autorizarlo si así le es solicitado por vía de tutela, previa comprobación de la prescripción médica del médico tratante, y permitiendo a la respectiva entidad el reembolso de los gastos con cargo al Fosyga. Por lo anterior, la Corte no entró a decidir directamente cuál es el procedimiento médico quirúrgico que debe serle practicado al niño, pero en cambio protegió el derecho a la autonomía personal, implícito en las garantías de libertad personal y reconocimiento de la personalidad jurídica a que aluden los artículos 13 y 14 de la Constitución Política y de la cual se deriva el derecho al consentimiento sustituto informado y calificado de los padres del niño. Para ello, ordenó:

(i) Que en el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente Sentencia, los padres del menor deberán ser citados al Hospital para que con la presencia del médico ortopedista pediatra y el médico neurólogo tratantes del menor adscritos a la ARS, así como de un psicólogo y un médico de Medicina Legal, obtengan una información detallada sobre los problemas neurológicos y ortopédicos que afectan a su hijo y sobre los cuidados especiales y el soporte familiar e institucional que deba recibir para lograr su desarrollo en las mejores condiciones posibles.

(ii) En dicha reunión los padres del niño deberán escoger el procedimiento médico ortopédico a seguir, previa explicación dada con mucha claridad y en términos comprensibles para ellos sobre las bondades y riesgos de cada uno de los dos procedimientos que han sido sugeridos, así como de las razones por las cuales los médicos tratantes adscritos a la ARS demandada prefieren el que han formulado y no el otro recomendado en el Instituto Roosevelt de Ortopedia Infantil, a pesar de que ambos pueden ser practicados en el Hospital.

(iii) Surtida esta etapa, los padres del menor deberán ser nuevamente interrogados sobre su determinación respecto del procedimiento médico a seguir, en una nueva reunión que tendrá lugar a los diez días hábiles siguientes a la primera y en la cual se les otorgará una nueva oportunidad de resolver las dudas que aun tengan.

(iv) En cualquier caso se les exigirá a ambos padres su autorización escrita para proceder a la intervención por ellos escogida, que deberá ser llevada a cabo en el Hospital. nota 10

· El consentimiento sustituto como criterio fundamental para garantizar la protección del derecho a la salud, a la integridad física y a la vida de quien no está en capacidad para decidir de manera autonóma

Los padres de una menor con discapacidad mental, reclamaron de una entidad prestadora de salud, la práctica de un procedimiento quirúrgico consistente en la esterilización definitiva de su hija.

La Corte Constitucional ha señalado que el consentimiento otorgado debe reunir algunas características básicas, que aparte de que el consentimiento sea informado, quien autorice para intervenir sobre su propio cuerpo, tenga la capacidad para reconocer la importancia y seriedad de su decisión, así como también tenga claridad sobre el razonamiento que debió hacer para dar su aceptación. En aquellos casos en que dichas facultades mentales, físicas o síquicas, impidan que dicho consentimiento sea razonado, libre y espontáneo, surge la posibilidad que otro dé su consentimiento a cambio de aquél.

Así, en el caso de los menores de edad, y de las personas con discapacidad mental, o incluso en aquellos casos en donde estos dos factores confluyen en una misma persona, el consentimiento sustituto surge como un criterio fundamental para garantizar la efectiva protección del derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de quien no está en capacidad para decidir de manera autónoma de qué manera podrá proteger tales derechos.

Sin embargo, dicha autorización debe estar precedida por una amplia y detallada información que los médicos suministren a quienes otorgan el consentimiento sustituto, a afectos que dicha autorización esté sustentada en un detallado y claro conocimiento del tipo de tratamiento o procedimiento médico que se va a realizar, las posibles complicaciones que ésta puede presentar, por la complejidad misma en razón a las condiciones especiales de salud del paciente. Igualmente, se deberá informar no sólo los efectos directos que dicho procedimiento generará a corto y a largo plazo en la salud y calidad de vida del paciente, sino que además deberá indicar igualmente cuales consecuencias pueden afectar de manera definitiva la integridad del paciente. Con esta información, quienes sustituyan en su consentimiento al incapaz, deberán tener la certeza de que la decisión por ellos tomada deberá siempre responder a un fin último, cual es el de garantizar la vida, y mejora sustancial de las condiciones de salud de quien está impedido para dar su consentimiento.

Además, que, que dicho consentimiento sea informado y cualificado. En algunas ocasiones se requiere que este consentimiento se acompañe igualmente del agotamiento previo de algunos trámites judiciales por medio de los cuales se autorice la práctica de algún procedimiento médico, particularmente cuando, como consecuencia de la práctica del mismo, se vaya a decidir de manera definitiva sobre alguna función orgánica de una persona, es decir, cuando se vaya a afectar o limitar severamente alguna capacidad funcional, alterando incluso de manera definitiva algún derecho del menor o del disminuido mental que ha sido sustituido en su consentimiento.

En consecuencia, en las personas que tienen grandes limitaciones personales, es fundamental, garantizar ante todo la dignidad humana y la propia vida, aún a costa de principios, que como la autonomía de la voluntad, si bien son prioritarios, deben hacerse a un lado para salvaguardar otros derechos que de no ser protegidos, harían más gravosa las limitadas condiciones de vida y autonomía que tienen en el momento esas personas.

Por lo anterior, la Corte ordenó que antes de tomar una decisión definitiva frente el procedimiento médico que reclaman los padres de la menor con discapacidad, se agoten las siguientes etapas:

a) que la menor sea sometida una valoración médica especializada que permita establecer su capacidad cognoscitiva y su nivel de desarrollo mental.

b) que un cuerpo médico multidisciplinario determinen el grado de retraso mental de la menor.

c) Establecido el nivel de discapacidad de la menor, y si éste fuere de tal dimensión que permita asegurar que nunca la paciente podrá ser consciente ni tener la suficiente autonomía personal para decidir por si misma, el cuerpo médico deberá, informar a los padres de la menor, de manera, clara, objetiva, científica y respetuosa, el procedimiento quirúrgico o médico a seguir, los efectos inmediatos de éste, las consecuencias físicas a corto y largo plazo, así como los efectos sicológicos que este pueda llegar a causar, para que éstos, de manera razonada y válida otorguen su consentimiento sustituto.

d) Luego de que los padres de la menor hayan dado su consentimiento y soliciten en consecuencia la realización del procedimiento quirúrgico ya anotado, deberán iniciar el trámite judicial, que autorice el procedimiento de ligadura de trompas o Pomeroy.

e) Posteriormente, se adelantará el procedimiento quirúrgico, en los términos que los protocolos médicos lo exigen, a efectos de garantizar una recuperación satisfactoria de la paciente, que asegure el menor riesgo para su integridad física, su salud y su propia vida. nota 11



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-836-05
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-200-93
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-644-96
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-751-06
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-093-97
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-348-97
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-235-93
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-499-02
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-398-04
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-412-04
  11. Corte Constitucional, Sentencia T-1019-06

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