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Última modificación: 2007-02-19
Sustitución pensional

· Derecho a la sustitución pensional de la persona con discapacidad.

?La Corte Constitucional concedió transitoriamente la tutela de los derechos al mínimo vital y la igualdad, de una mujer a quien se negó el derecho a la sustitución pensional, quien padece desde la infancia el "síndrome mental orgánico crónico", lo cual la hace absolutamente incapaz. La Corte al disponer proferir el acto administrativo que reconoce y sustituye el derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación que disfrutaba su padre, indicó que resultaba meridianamente claro que la actora tenía derecho, desde la muerte de su padre, a la sustitución pensional y a los derechos conexos, pues se trata de una persona que, desde entonces, sufre una enfermedad que la incapacita, totalmente, para ejercer cualquier actividad laboral y que no recibe auxilio, beca, recompensa o cualquiera otra entrada que le permita su congrua subsistencia. La atención médica -e incluso el derecho a la pensión- constituyen condición necesaria para que la demandante pueda gozar de una vida digna y, en consecuencia, tales derechos prestacionales se encuentran en conexidad evidente con su derecho al mínimo vital indispensable para su subsistencia.? * nota 1

· Importancia de sustitución pensional para una persona con discapacidad

?Una persona que sufre epilepsia y trastorno mental solicitó a una Caja de Previsión Municipal que se le otorgara la sustitución pensional de su fallecido padre, y que en consecuencia se le prestara los servicios médicos a los cuales cree tener derecho. La Corte Constitucional sostiene que dado que se trata de una persona que no cuenta con ninguna fuente de ingresos y que no tiene la capacidad de operar en el mercado laboral, negarle, injustificadamente, su derecho a la sustitución pensional, equivale a someter arbitrariamente, su bienestar a la voluntad o capacidad de terceras personas, lo que compromete seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía - en este caso, en grado reducido pero no inexistente - de la actora una decisión en el sentido anotado vulneraría el mandato contenido en el último inciso del artículo 13 de la Constitución, toda vez que quien no interpuso en forma oportuna los recursos administrativos pertinentes que le hubieran permitido acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, es una persona que sufre de un grave retraso mental, se le han vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad. Sería a todas luces irrazonable y contraproducente que la Corte hiciera prevalecer, en el presente caso, una regla de carácter formal que persigue, básicamente, la eficiencia en el funcionamiento de la administración de justicia, sobre los derechos fundamentales antes mencionados.? * nota 2

· Deber de continuidad en el pago de la sustitución pensional y en la prestación de la atención médica

?A una persona inválida, mayor de edad que padece una lesión desde hace treinta años, y ha disfrutado de la sustitución pensional, por espacio de siete (7) años ésta se le dejó de pagar oportunamente. Lo anterior, según la Corte Constitucional, entraña un desconocimiento al derecho a ser tratado de modo especial por encontrarse el ciudadano incapacitado en una situación de desventaja frente a otras personas. En el caso de las personas que están disfrutando de una sustitución pensional por invalidez, es claro que se hallan en condiciones de inferioridad respecto de los demás miembros de la comunidad, ya que ven disminuida su capacidad laboral, máxime si dependen de los recursos económicos provenientes de la mesada pensional para atender sus necesidades físicas y económicas más apremiantes, por lo cual no resulta justo abandonarlos en esta etapa de su vida, cuando necesitan todo el apoyo, dadas las especiales condiciones en que se encuentran, porque ello rompería el principio de igualdad material que también condiciona los derechos derivados de la seguridad social.? * nota 3

?Las hermanas de una persona con enfermedad mental instauran en su nombre acción de tutela contra la Caja de Previsión Social, que le suspendió la sustitución pensional y con ello, los derechos de atención médica. La Corte Constitucional sostiene que es deber del Estado prestar asistencia a la persona por quien se interpone la tutela de manera urgente, asistencia y protección. Por lo tanto, ordena a la Caja de previsión Social de Bogotá reembolsar el derecho a las mesadas dejadas de percibir por la afectada. Señala la Corte que cuando una persona se encuentra en un estado de extrema necesidad, no se le puede excluir de la protección eficaz a la dignidad personal a que tiene derecho, sino extenderle toda la ayuda posible, incluso otorgarle prelación en la destinación de bienes y servicios, de acuerdo con el artículo 11 superior. El Estado debe dar un trato especial a los débiles, en forma tal, que remedie las deficiencias en que se encuentra la persona necesitada. De ahí que en este caso se acude al principio de la justicia distributiva, que es dar a cada cual según sus necesidades.

?Como la necesidad de la persona en cuyo favor se interpone la tutela es mayor que la del común de las personas, la protección debe ser mayor, y en tal virtud es especial, porque las circunstancias determinan un trato de preferencia. Como la igualdad consiste en la proporcionalidad equivalente entre dos o más realidades, es justo que el Estado mengüe al máximo la desigualdad en que se hallan las personas más débiles, de manera que la intervención de aquel sea adecuada, con el fin de lograr la igualdad real y efectiva que ordena el artículo 13 superior. El Estado existe, precisamente, para aliviar en la medida que le sea posible, la humillación y miseria humanas; y en consecuencia no puede ser indiferente ante el abandono extremo en que se encuentra uno de sus miembros, porque no puede haber bien común si uno de los componentes del todo social está afectado de manera grave. No hay justificación alguna para desamparar a cualquier persona humana, ya que ésta, en nuestro ordenamiento jurídico, es fin y no medio.? * nota 4

Al fallecer el padre de una menor que presentaba retardo psicomotor y otra patología, ella adquirió el derecho a una sustitución pensional y a la atención médica en salud. Sin embargo, le fueron extinguidos ambos derechos al cumplir la mayoría de edad, pese a persistir las causas de su invalidez. La Sala estimó que es indispensable conceder la tutela como mecanismo transitorio, con el fin de neutralizar cualquier posibilidad de que la joven quede desprotegida en algún momento, no solamente en lo que atañe a la seguridad social en salud, sino en lo que al aspecto económico se refiere, porque en su condición de disminuida física y psíquica, es beneficiaria de la pensión de sobreviviente por invalidez. Para la protección de sus derechos fundamentales, se ordenó al Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del ISS, que incluyera de nuevo en la nómina de beneficiarios de la pensión de sobreviviente a la joven y que siguiera pagando la prestación en los términos que le fue reconocida, hasta que se determinara si la mencionada tenía derecho o no a la pensión de sobreviviente por invalidez. Por consiguiente, dentro del mismo término, deberá ser incluida como beneficiaria directa de la prestación de los servicios de salud a que tiene derecho nota 5.

· Derecho de una persona con discapacidad a gozar de la sustitución pensional de su hermano.

La curadora de una persona de la tercera edad con retardo mental congénito, que no podía decidir por sí misma y que fue declarada inválida permanente por la Caja Nacional de Previsión, instauró acción de tutela contra esta Entidad por haberle negado a su representado la sustitución de pensión de un hermano, tras la muerte de la madre. Señaló la demandante que por razón de sus precarios recursos económicos no podía brindarle a su representado todos los cuidados que él requiere. La Corte advirtió que una interpretación inicial del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 llevaría a la conclusión de que el demandante no ostentaba la calidad de beneficiario de su hermano por haberle sido reconocida inicialmente la sustitución pensional a un beneficiario con mejor derecho -su madre- quedando en consecuencia él excluido. Sin embargo, razones de equidad y de justicia le permitieron a la Sala arribar a la conclusión contraria, y por ende, a sostener que era preciso la protección de sus derechos por vía de tutela en tanto obligaba para este caso que la controversia trascienda los dictados meramente legales y el fallo que revisó las decisiones proferidas en este caso, se analizara desde una perspectiva constitucional por encontrarse comprometida la efectiva garantía de ciertos derechos fundamentales.

Las razones de justicia y de equidad que dieron lugar a tal determinación se sustentaban en los siguientes hechos: 1. Aún cuando el demandante no fue beneficiario directo del causante, de conformidad con el literal d) del propio artículo 47 de la Ley 100 de 1993, éste mantenía la condición de beneficiario en el último orden. 2. En vida del causante, dependió económicamente de él y luego de su muerte también, a través de la sustitución pensional reconocida a su madre quien proveía lo necesario para su sostenimiento. 3. A lo anterior se agregó su demostrado estado de incapacidad total (se trata de un interdicto así declarado por sentencia), su condición de persona de la tercera edad (65 años) y la incapacidad económica de éste y de su curadora, quien no estaba en capacidad de brindarle la manutención y los cuidados especiales y permanentes que requería por razón de su condición física y mental.

Para la Corte, en la medida en que se trataba de una persona que no contaba con ninguna fuente de ingresos y que no tenía la capacidad de operar en el mercado laboral, negarle una pensión de invalidez, equivale a someter arbitrariamente su bienestar a la voluntad o capacidad de terceras personas, lo que compromete seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía. El principio de dignidad humana resulta vulnerado cuando se somete a una persona a vivir de la caridad ajena, existiendo la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos económicos propios que le permitan subvenir algunas de sus necesidades básicas.

Cuando se trata de un derecho pensional dejado de reconocer, ?son las condiciones específicas del prestatario, y no la naturaleza de la prestación, lo que posibilita conceder o negar el amparo constitucional.? De este modo, el titular de un derecho fundamental en condiciones de debilidad manifiesta requiere el amparo urgente de sus derechos, dada la gravedad del perjuicio que afronta. En consecuencia, lo procedente en este caso es revocar las decisiones de instancia, que se apartaron de los dictados constitucionales, y en tanto se trata de una persona con discapacidad de la tercera edad, se concederá la tutela como mecanismo definitivo, para que la entidad accionada revoque la resolución y profiera acto administrativo mediante el cual resuelva nuevamente y de manera favorable el derecho que le asiste al señor a gozar de la pensión de su fallecido hermano nota 6.

En otro caso, expresò la Corte que se vulneran los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, a la seguridad social y a la protección especial a la que tienen derecho las personas de la tercera edad, afectadas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, cuando un Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones se niega a reconocer como beneficiaria sustituta a una persona con discapacidad de la pensión que devengaba su hermana soltera, de la cual dependía totalmente.

La Corte ha manifestado que cuando desconocen los Jueces de instancia i) que las opiniones de los expertos que integran las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, si bien se requieren en todos los asuntos para dirimir controversias pensionales, no son definitivas y ii) que en el expediente obra un dictamen autorizado, emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que da cuenta de la incapacidad absoluta y permanente que aqueja a la persona con discapacidad desde su infancia. Se debe acoger lo que según la experiencia indica que quien adolece de limitaciones motoras, del lenguaje y cognitivas, debe afrontar un desarrollo caracterizado por la demora en la adquisición de habilidades, al punto que no puede asistir a la escuela primaria y requiere de asistencia permanente para satisfacer sus necesidades básicas, aunado a los setenta años donde no puede gozar de una capacidad laboral superior al 50%, como lo dictaminó la Junta Regional que calificó la invalidez que padece la implicada.

De ahí, que la Corte determinó que la entidad demandada reconsiderará la Resolución, esta vez con la audiencia del curador provisional de la señora con discapacidad teniendo presente, además de la opinión de los expertos que conforman la Junta Regional de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, el dictamen de medicina legal y las evidencias que obran en el expediente, es decir las declaraciones y testimonios, y disponga lo conducente para que la pensionada sustituta sea afiliada a una entidad promotora de salud, como corresponde. nota 7

· No se puede suspender el pago de una pensión sin el consentimiento de su titular

Una madre en su calidad de curadora de su hijo interpuso acción de tutela contra un ente territorial del nivel departamental, al considerar que se le habían vulnerado los derechos a la vida digna, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso, al suspender el pago de la pensión de sobrevivientes, por cumplir la mayoría de edad. La Corte manifestó que las personas con discapacidad tienen derecho a que el Estado les procure un trato desigual más favorable, siempre que ello resulte necesario para el ejercicio pleno de sus derechos. La omisión de este deber, por parte del Estado, puede convertirse en una lesión de sus derechos fundamentales.

La sustitución pensional o pensión de sobrevivientes tiene como objetivo proteger a la familia que por causa del fallecimiento de la persona que proveía el sustento del hogar queda en situación de indefensión, ya sea por razones de tipo económico, físico o mental, respecto a quien debe pagar la mesada. De igual forma, busca impedir que los beneficiarios se vean obligados a soportar cargas materiales y espirituales que no les corresponde. Lo anterior con la finalidad de que vivan en condiciones dignas y con un nivel de existencia similar al que disfrutaban antes del fenecimiento del pensionado.

Al respecto, la legislación laboral contempla entre los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los hijos inválidos que dependían económicamente del causante, esto es, que no tenían ingresos adicionales, por el tiempo que subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplica el criterio previsto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

Por otra parte, la Corte sostuvo que para suspender el pago de una pensión, debe mediar el consentimiento y aprobación de su titular, pues si bien la suspensión del pago no revoca la resolución que reconoce la asignación mensual, sí la hace inoperante, en tanto no deja que su cometido fundamental consistente en el efectivo pago de la pensión se cumpla; lo que constituiría una violación de los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y al mínimo vital.

La Corte concedió la tutela ordenando al Departamento, que si aún no lo había hecho, tomara las medidas necesarias a fin de reconocer la situación de invalidez en que se encontraba el joven para la época de la suspensión de la pensión y en consecuencia, que cancelara las mesadas pensionales que se causaren en adelante. Respecto de las demás mesadas dejadas de pagar desde que éste se suspendió, la Corte le advierte a la actora que puede acudir a la jurisdicción ordinaria para lograr su pago. nota 8

· Reconocimiento transitorio de derecho a la sustitución pensional de persona con discapacidad.

La hermana de una persona con discapacidad instauró acción de tutela contra la Caja de Sueldos de la Policía Nacional porque le negaron la sustitución pensional de su padre fallecido. Las razones por las cuales se le negó ese derecho a la actora, de acuerdo con la demandada, obedecen a que la tutelante era mayor de 21 años y a que la valoración realizada por el área de sanidad de la Institución fue contraria al diagnóstico certificado inicialmente. El juez de tutela negó el amparo por considerar que la actora disponía de otro medio de defensa judicial.

La Corte Constitucional señaló que la procedibilidad de la acción de tutela debe ser analizada por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interpone tiene el carácter de sujeto de especial protección constitucional ?esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, personas con discapacidad, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.

En tal sentido, es evidente que la peticionaria se encontraba en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable con motivo de los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela, puesto que del reconocimiento de la sustitución pensional a la cual alegó tener derecho dependía la satisfacción de su mínimo vital; tratándose de una persona discapacitada, los organismos judiciales y demás autoridades estaban en la obligación constitucional de proteger sus derechos, y en particular su derecho fundamental al mínimo vital, con especial celo y diligencia, sin oponer requisitos de tipo formal como obstáculo para cumplir con tal deber. Por lo tanto, la mera remisión de la actora a la jurisdicción contencioso - administrativa por parte de los jueces de tutela desconoce su condición de sujeto de especial protección constitucional, pues conlleva someter a una persona discapacitada a las cargas procesales, personales y temporales que implican el adelantar un proceso judicial contencioso ? administrativo.

En consecuencia, la Corte consideró procedente para este caso revocar la decisión de instancia y, en su lugar, conceder la tutela como mecanismo transitorio para que la entidad demandada se pronuncie nuevamente, teniendo en cuenta que las pruebas relativas al dictamen de Medicina Legal y a la condición de curadora de la hermana de la persona con discapacidad, llegaron con posterioridad a la resolución por la cual se confirmó la denegatoria de la porción pensional y el no reconocimiento de la hermana como curadora provisoria de la afectada; por donde, además, deberá tenerse como curadora legitimada para actuar en el asunto pensional. En todo caso, precisó, la protección que aquí se establece a favor de la persona con discapacidad se mantendrá hasta tanto se pronuncie la jurisdicción laboral ordinaria sobre los derechos de la actora nota 9.

· No se puede suspender el pago de una pensión de invalidez bajo el supuesto de la independencia económica del titular sin asegurarse de que puede vivir dignamente y sin su previo consentimiento

Una persona con una discapacidad físíca instauró acción de tutela contra una Caja de Sueldos de Retiro de la Polícía nacional al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, al extinguirle la sustitución pensional, bajo el argumento de independencia económica.

Al respecto, la Corte Constitucional manifestó que para determinar cuando se ha dado lugar a la causal de independencia económica se requiere que, en cada caso, se consulte la situación fáctica del sujeto y su entorno social. Además, debe valorarse aquellos aspectos que acrecientan la vulnerabilidad del individuo y que lo cualifican como sujeto de especial protección. Aspectos como que se trata de una persona con invalidez absoluta y permanente, y además de la tercera edad, que necesita de la ayuda de un tercero para desarrollar las tareas mínimas cotidianas, circunstancias altamente relevantes para determinar si goza de la capacidad de asumir su mínimo vital con una suma equiparable a un salario mínimo.

Entendiendo por el derecho al mínimo vital como aquel que ?está constituido por los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano.? Protección que se expande en especial sobre aquellas personas que por su debilidad manifiesta se encuentran expuestas a una degradación en su precaria situación, no solamente respecto a aspectos materiales sino también sobre su propia dignidad, lo que acentúa la vulnerabilidad de sus derechos.

En este sentido, la independencia económica no solo se mide en la capacidad para subsistir, cuando lo fundamental no es sobrevivir, sino vivir con dignidad.

Igualmente, la Corte enfatizó que con relación al derecho fundamental al debido proceso en las decisiones administrativas en las que se suspende o se extingue el derecho a una pensión, se requiere notificación y consentimiento expreso del pensionado, de lo contrario habrá lugar a la afectación del derecho.

Por lo cual no le es constitucionalmente dable a la autoridad pública de forma unilateral revocar o inaplicar actos administrativos de carácter particular y concreto que reconozcan un derecho subjetivo, como acontece con las prestaciones salariales asignadas a trabajadores o el derecho pensional. Es así que cuando la administración no cuenta con el consentimiento escrito y expreso del titular del derecho no puede proceder la revocatoria directa del acto. Recayendo en la administración la carga de ir a la jurisdicción contenciosa constitucional.

Por lo anterior, se ordenó dejar sin efectos la resolución expedida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y la Subdirección de Prestaciones Sociales, por la cual se extingue definitivamente la sustitución de asignación mensual de retiro, así como en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, incluir nuevamente al tutelante en la nómina de pago de pensiones, y restablecer el pago de la sustitución de la asignación mensual de retiro que venía percibiendo. Por último, reiniciar la atención en los servicios médicos asistenciales del tutelante. nota 10



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-378-97. Ver también la Sentencia T-1221-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-378-97
  3. No tiene cita en el original
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-290-94
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-321-02
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-401-04. En el mismo sentido ver T-638-04.
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-102-08
  8. Corte Constitucional Sentencia T-941-05
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-456-04
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-464-06. Ver también la Sentencia T-816-06.
  11. Corte Constitucional, Sentencia T-128-07

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