› Observatorio de Justicia Constitucional
» Personas con Discapacidad
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2009-02-24
Derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad

Una persona con una discapacidad física que laboraba en una entidad gubernamental fue retirada de su empleo en razón a la aplicación del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968. A través de la acción de tutela adujo que con esa decisión se le vulneraron los derechos a la dignidad humana, a la igualdad y al trabajo. Al respecto la Corte Constitucional manifestó que en el modelo de Estado social de Derecho que consagra la Constitución de 1991 es deber del Estado la protección especial a las personas disminuidas físicas, a quienes, además, conforme a disposiciones de la OIT se les debe garantizar una estabilidad laboral.

En el ámbito laboral los minusválidos gozan de una estabilidad laboral reforzada, la cual también es aplicable a otros grupos poblaciones como las mujeres embarazadas y los trabajadores aforados. Dicha estabilidad garantiza que una persona discapacitada no será retirada de su empleo por razón de su limitación física, sensorial o psicológica y además que el Estado debe brindar la capacitación y rehabilitación necesaria para que alcancen un desarrollo psicofísico adecuado para su desarrollo personal y profesional.

Para los fines anteriores se expidió la Ley 361 de 1997, cuyo artículo 26 dispone que la limitación física de la persona no puede ser motivo para obstaculizar su vinculación laboral a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, señala que ningún limitado físico puede ser despedido o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo.

De otro lado, la comunidad internacional esta muy comprometida con la atención prioritaria de las personas discapacitadas. Así, el Convenio 159 de la OIT y la recomendación 168 de la OIT se ocupan del tema y contemplan medidas para la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. En el artículo 8 de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, mediante Resolución 46/96 del 20 de diciembre de 1993, se plantea la obligación de los Estados de garantizarles las prestaciones de seguridad social y una suma periódica para su manutención.

Por tal motivo, en el caso concreto, la Corte concluye que a pesar de que la desvinculación de la actora tuvo lugar por una causal consagrada en la ley y encontrada ajustada al ordenamiento superior, es claro que dada su condición de disminuido físico no podía la administración adoptar tal decisión sin prever la posibilidad de brindarle unas condiciones mínimas necesarias para garantizarle la efectiva protección a que tiene derecho nota 1.

En otro caso, un extrabajador solicitó a través de una acción de tutela que se le protegiera su derecho al trabajo ordenando su reintegro al cargo que desempeñaba y que perdió a causa de un accidente de trabajo, o que se ordenara el pago de la indemnización de 180 días establecida en la Ley 361 de 1997.

La Ley 361 de 1997 consagra la protección laboral reforzada positiva y negativa a favor de las personas con discapacidad. En el campo positivo, establece que la limitación de una persona no podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.

Dentro de lo que puede denominarse protección laboral negativa, la Ley ordena que ninguna persona con limitaciones podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

Para la Corte, el hecho de que el patrono, pese al conocimiento que tenga del estado de salud del trabajador, y estando en la posibilidad de hacerlo no lo reubica, y por el contrario, lo despide sin justa causa, implica la presunción de que el despido se efectuó como consecuencia de dicho estado, abusando de una facultad legal para legitimar su conducta omisiva. Entonces, existen claros límites en cuanto a la facultad legal de los empleadores de despedir con pago de indemnización a las personas con discapacidad, de lo contrario se verá sujeto a que dicho despido sea ineficaz y será sujeto de las sanciones en dicha ley establecidas. Pero no sólo el empleador está sujeto a este procedimiento, sino que el despido no resulta procedente cuando su única causa es el padecimiento del trabajador. En efecto, el patrono al contrario de prescindir de los servicios de éste, está obligado a reubicar al empleado en un cargo cuyas funciones estén acorde con el estado de su salud.

En consecuencia, resulta procedente declarar ineficaz el despido al no cumplirse todos los requisitos legales, y por tanto, se ordena, sin solución de continuidad, su reintegro a un cargo en el que desarrolle funciones acordes con sus condiciones de salud que deberán ser evaluadas por los médicos de salud ocupacional nota 2.

En otro caso la Corte encontró inconstitucional la terminación de los contratos a término fijo antes del vencimiento del término o su no renovación, cuando existen pruebas serias que demuestran que dicha decisión se funda en razones discriminatorias que afectan a colectivos de personas especialmente protegidas-como las personas discapacitadas- y que comprometen su derecho al mínimo vital. En estos casos se exige a la empresa la demostración de que su conducta obedece a necesidades del servicio, que existe una causa justa que justifica su comportamiento, y que antes de la terminación del contrato, intentó la reubicación del trabajador discapacitado en un puesto de trabajo compatible con sus condiciones. Adicionalmente, se exige que hubiere solicitado, previamente, el permiso de la oficina del trabajo. En efecto, para evitar la discriminación de personas desaventajadas física o sensorialmente, se exige el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, según el cual, en todo caso, la no renovación del contrato debe estar precedida de la respectiva autorización del Ministerio de la Protección Social, es decir, debe estar soportada en una razón objetiva y constitucionalmente admisible. nota 3

En otro caso, una mujer con una discapacidad instauró acción de tutela por considerar que se le vulneraron sus derechos al trabajo y la salud, por parte de una empresa de servicios temporales, al dar por termino el contrato de trabajo por cuanto la obra o labor para la cual había sido contratada había finalizado.

Al respecto la Corte Constitucional puntualizo que la protección de las personas con discapacidad no se aplica exclusivamente a los contratos de trabajo celebrados por un término indefinido, puesto que la jurisprudencia constitucional ha encontrado necesario hacer extensiva la exigencia de autorización de la Oficina del Trabajo a las hipótesis de no renovación de los contratos a término fijo.

En tal sentido, se ha señalado que el vencimiento del plazo inicialmente pactado o de una de las prórrogas, no constituye razón suficiente para darlo por terminado, especialmente cuando el trabajador es sujeto de especial protección constitucional.

De esta forma, para dar por terminado un contrato de trabajo que involucra a un sujeto de especial protección y que, pese a haber sido celebrado por un plazo determinado, de conformidad con el principio de primacía de la realidad sobre las formas, envuelve una relación laboral cuyo objeto aún no ha cesado, no basta el cumplimiento del plazo, sino que deberá acreditarse además, el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles.

En última instancia, lo que determina la posibilidad de dar por terminada la relación laboral es la autorización que para tal efecto confiera la Oficina del Trabajo, entidad que para el efecto examinará, a la luz del principio antes mencionado, si la decisión del empleador se funda en razones del servicio y no en motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le halla dado al vínculo laboral.

De tal manera, se debe reintegrar a la señora al cargo que venía desempeñando o en caso de no ser posible como consecuencia de la discapacidad que padece, a uno de la misma categoría que sea compatible con las indicaciones de carácter médico. nota 4

En otra sentencia, la Corte expresó que la garantía a la estabilidad laboral reforzada se extiende no sólo a las personas inválidas, sino también a las discapacitadas. Para esto, ha diferenciado los conceptos de incapacidad e invalidez, pues mientras éste último hace referencia a la pérdida de la capacidad laboral de una persona superior al 50%, la incapacidad implica una deficiencia que le impide desarrollar normalmente una actividad, sin configurarse una invalidez. nota 5



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1208-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-198-06. Ver también T-1031-05
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1046-08
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-1083-07
  5. Corte Constitucional, T-521-08

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2011-01-31
Las personas con enanismo deben ser consideradas un grupo social vulnerable

2011-01-31
Por definición legal, todas las personas de talla baja o con enanismo deben ser consideradas personas con discapacidad

2011-01-31
Las personas de talla baja o con enanismo pueden excluirse libremente de la categoría personas con discapacidad

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
En la parte superior e inferior se encuentran los ítem anterior y siguiente de cada elemento.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Personas con Discapacidad optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad