› Observatorio de Justicia Constitucional
» Personas con Discapacidad
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2006-08-01
Prohibición de retirar del servicio a trabajadores con discapacidad en programa de renovación de la administración pública responde a deber de protección especial

Se presentó demanda de inconstitucional contra el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, mediante el cual se crean prerrogativas a favor de las personas con discapacidad, al establecer que no podrán ser retirados del servicio en desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública. Para el actor las expresiones ? las personas con limitación física, visual, mental o auditiva?, vulneran los artículos 13 y 25 de la Constitución Nacional, por cuanto establecen un trato preferente para las personas con discapacidad frente a otras que se encontrarían en condiciones iguales o mejores para el cumplimiento de funciones públicas; y los artículos 2 y 209 por cuanto con ello no se garantizaría el cumplimiento eficiente de dichas funciones que serían atendidas por personas a las que más bien el Estado debería asegurar los servicios de salud y cuidado integral.

Al respecto la Corte Constitucional declaró exequible la norma demandada al encontrar que la protección especial a que tienen derecho las personas con discapacidad no se reduce -como lo entiende el actor- a la prestación de los servicios de salud, sino que comporta el deber del Estado de propender por su plena integración (art. 47 Constitución Política) en particular en la vida laboral en condiciones que atiendan su situación, respetando su dignidad y valorando la contribución que ellos pueda hacer a la sociedad (art. 54 Constitución Política).

Dicha protección que implica en este caso la imposibilidad para la administración de desvincular en desarrollo del programa de renovación de la administración pública, entre otras personas, a aquellas con limitación física, mental, visual o auditiva, lejos de significar la vulneración del artículo 13 superior responde claramente a sus mandatos. Pues, la protección especial que se brinda a estas personas no contradice sino que atiende y desarrolla dicho texto superior, que no establece una igualdad formal sino que pretende asegurar la igualdad material y la vigencia de un orden justo a través, entre otras cosas, de acciones afirmativas que contrarresten los efectos de la discriminación de que han sido objeto determinados grupos sociales; a la vez que protejan particularmente aquellas personas que por su condición económica física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

En cuanto a la supuesta vulneración de los artículos 2 y 209 de la Constitución Política, la Corte señaló que el actor confundió el concepto de discapacidad con la incapacidad pura y simple en tanto supuso que las personas beneficiadas con la protección laboral aludida no estaban en condiciones de asegurar en debida forma el ejercicio de las funciones públicas que podían asignárseles. Sobre el particular ha de tenerse en cuenta que, contrariamente a lo que considera el actor, las funciones que se le asignen a las personas con discapacidad -luego de determinarse en el proceso de selección cuales son las aptitudes requeridas para cada cargo y de establecerse que el candidato corresponde al perfil requerido para el mismo-, deberán ser cumplidas plenamente y estarán sometidas a una exigencia y evaluación idéntica a la de cualquier servidor público.

No puede entonces considerarse que las disposiciones acusadas estén amparando la gestión ineficiente de las funciones públicas o impidiendo el cumplimiento de los fines del Estado (arts. 2 y 209 Constitución Política). Por el contrario lo que ellas hacen es precisamente atender los claros mandatos del artículo 2º constitucional que ordena garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar la vigencia de un orden justo, así como el cumplimiento de los deberes sociales del Estado -dentro de los que se cuenta, entre otros, la protección especial para las personas con discapacidad (arts. 47 y 54 Constitución Política).

Así mismo, ellas atienden lo ordenado en el artículo 209 superior que establece que la función administrativa estará al servicio de los intereses generales y se desarrollará -junto con los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad-, con fundamento en el principio de igualdad. Principio que implica tanto la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, la adopción de medidas a favor de los grupos discriminados o marginados, así como la protección especial de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-174-04

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2011-01-31
Las personas con enanismo deben ser consideradas un grupo social vulnerable

2011-01-31
Por definición legal, todas las personas de talla baja o con enanismo deben ser consideradas personas con discapacidad

2011-01-31
Las personas de talla baja o con enanismo pueden excluirse libremente de la categoría personas con discapacidad

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Para acceder a la tabla de contenidos de cada ítem, puede hacer clic en el nombre en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Personas con Discapacidad optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad