› Observatorio de Justicia Constitucional
» Personas con Discapacidad
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2006-12-26
Derecho de las personas con discapacidad a permanecer laborando hasta finalizar proceso de liquidación de una empresa

Una persona con una discapacidad y madre cabeza de familia instaura acción de tutela contra una empresa nacional de comunicaciones al considerar que le violaron los derechos a la igualdad y a tener una familia, al retirarla de su trabajo aduciendo reestructuración y liquidación de la empresa.

La Corte constitucional señaló que tratándose del ámbito laboral de las personas con discapacidad debe existir una protección que se dirige al derecho que tienen los disminuidos física o psicológicamente de gozar de una ubicación laboral acorde con su estado de salud. Además del derecho para acceder a un empleo acorde con sus limitaciones ?dijo, las personas con discapacidad son beneficiarios de una estabilidad laboral reforzada mientras no exista una causal razonada de despido.

Debido a la especial protección que la misma Constitución ordena a favor de los minusválidos (art. 54 CP), éstos son beneficiarios de una protección mayor que se traduce en una estabilidad laboral reforzada, por lo que existe una inversión en la carga de la prueba cuando una medida de índole administrativo que los afecta sea constitucionalmente cuestionada, teniendo entonces la administración la obligación de probar porqué la discapacidad de un sujeto no ha sido desconocida como consecuencia de su decisión.

La Corte concluye que existe una garantía en la permanencia del empleo de la persona con discapacidad como una medida de protección especial que se dirige principalmente a reconocer el principio de la dignidad humana de los limitados física, psíquica y sensorialmente.

Por ello, la Corte concede la tutela y ordena reintegrar a sus labores a la señora con discapacidad como beneficiaria del ?retén social?, hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa nota 1.

En otro caso, la Corte conoció de una acción de tutela presentaba por una persona con discapacidad auditiva que también fue retirado de la misma empresa nacional de comunicaciones.

La Corte indicó que en los procesos de reestructuración se deben respetar, por regla general, los derechos de los trabajadores. Velar al máximo por su estabilidad y en caso de no ser posible, indemnizar al trabajador, para que en ningún caso éste quede desprotegido. Señaló que pese a que en las normas que regulan el proceso de liquidación de la empresa se consagró el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho las personas que resultaran desvinculadas de la entidad como consecuencia de la supresión de la misma, con el pago de una indemnización, en el caso concreto, no se garantiza la protección de los derechos fundamentales del actor, en la medida en que éste es un sujeto constitucionalmente protegido de manera especial al cual no se le debe dar el mismo trato que a los demás trabajadores en un proceso de reestructuración.

Por ello, la Corte ordenó a la empresa de telecomunicaciones en liquidación- reintegrar en sus labores al demandante, sin solución de continuidad, desde la fecha en la cual fue desvinculado y hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa. La Corte hizo énfasis en que al quedar sin efecto el acto de desvinculación debe quedar sin efecto la indemnización que se hubiere cancelado al actor, por lo que habría lugar a restituciones y compensaciones mutuas. Para ello, la Corte precisó tres eventos diferentes en los cuales pueden operar las compensaciones o restituciones que fueren necesarias:

i) En un primer momento, a la fecha del reintegro efectivo del accionante, la empresa procederá a la compensación de los valores adeudados por concepto de salarios y prestaciones con el monto de la indemnización efectuada, a fin de determinar si quedan saldos a favor de la entidad o por el contrario le corresponde hacer un pago suplementario.

ii) En un segundo momento, en el evento en que existieren créditos pendientes a favor de la empresa, el peticionario podrá hacer abonos parciales desde el momento del reintegro y durante su permanencia en la entidad, para lo cual Telecom debe ofrecerle facilidades de pago de manera que no afecte su mínimo vital y su subsistencia en condiciones dignas.

iii) Por último, si todavía quedaren saldos pendientes con la entidad llegado el día de la terminación de la empresa y la desvinculación definitiva del actor, en ese momento habrá lugar a las restituciones y compensaciones mutuas que hasta entonces estuvieren pendientes nota 2.

Posteriormente, la Corte conoció de otra acción de tutela contra la misma empresa de comunicaciones que suprimió el cargo que venía desempeñando una persona con discapacidad.

La Corte Constitucional al respecto señala que de conformidad con la Constitución el compromiso que tiene el Estado para con las personas con discapacidad es doble: por una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, debe remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas.

En cuanto a las acciones afirmativas, es decir, aquellas cuyo propósito es proteger a ciertas personas o grupos, ya sea para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan o bien, para conseguir que los miembros de un grupo discriminado tenga una mayor representación en el escenario político o social, la Corte ha establecido que de ellas se deriva una estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad mientras el empleador no tenga una justa causa para el despido. Se trata de una medida de protección
especial que se dirige a salvaguardar el derecho a la dignidad humana de este grupo de personas.

De esta manera, se concluye que existe una garantía en la permanencia del empleo de las personas con discapacidad como una medida de protección especial que se dirige principalmente a reconocer el principio de la dignidad humana de las personas. La Corte ordenó al liquidador de la empresa de telecomunicaciones, en liquidación, que dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación del fallo, reintegre a la persona con discapacidad, sin solución de continuidad desde la fecha en la cual fue desvinculado de la entidad y hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa. Como reconocer al demandante todos los salarios y prestaciones a las cuales tenía derecho desde la fecha en la cual fue desvinculado y hasta el momento en que sea efectivamente incorporado a la nómina de la entidad, y efectuar el cruce de cuentas que sea indispensable en caso de haber recibido el accionante indemnización nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-792-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-602-05
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1167-05

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2011-01-31
Las personas con enanismo deben ser consideradas un grupo social vulnerable

2011-01-31
Por definición legal, todas las personas de talla baja o con enanismo deben ser consideradas personas con discapacidad

2011-01-31
Las personas de talla baja o con enanismo pueden excluirse libremente de la categoría personas con discapacidad

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede acceder a cada sujeto simplemente haciendo clic en el menú de la parte izquierda de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Personas con Discapacidad optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad