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Última modificación: 2006-12-26
Deber de protección especial a vendedores ambulantes con discapacidad

· Vendedor ambulante con discapacidad física que ejerce su actividad en silla de ruedas

Una persona minusválida interpuso acción de tutela contra la Policía Nacional por el hecho de impedirle ejercer la actividad de vendedor ambulante. La Corte Constitucional estimó que el alcance dado al articulo 82 de Constitución Política por parte de los Jueces de instancia que negaron el amparo solicitado, no es armónico con la jurisprudencia de esta Corporación, en el entendido de que por tratarse de un vendedor ambulante que se desplaza en una silla de ruedas cargando consigo su mercancía (loterías y escapularios) sin ocupar el espacio público, no constituye por si sólo un obstáculo para el tránsito de personas ni vehículos más allá de su presencia física personal, de tal suerte que la actividad realizada por éstos representa un mínimo de afectación al espacio público. Lo anterior sin perjuicio de que las autoridades puedan formalizar esta actividad bajo los condicionamientos señalados por la jurisprudencia de esta Corte.

De esta manera, tratándose de un vendedor ambulante que ejercía su actividad en una silla de ruedas con una discapacidad física que lo hace vulnerable, goza de una especial protección por el Estado al igual que por el amparo vertido en tratados Internacionales ratificados por Colombia. Por ello, se ordenó a la Policía Nacional se abstuviera de realizar cualquier procedimiento que impidiera al actor el desplazamiento en su silla de ruedas. Como a la Secretaría de Gobierno Municipal, incluyera al tutelante en los programas alternativos para vendedores ambulantes que allí se adelantaran, o que se pudieran adelantar, dentro de un término que no exceda tres meses nota 1.

· La ejecución de planes de recuperación de espacios públicos, debe ir precedida de una valoración de todas las dimensiones de la realidad que se verá afectada por esa política

Un vendedor ambulante con discapacidad física, que durante años ejerció como actividad la venta de comidas rápidas en un sector de Ibagué, en lugar autorizado mediante Resolución por autoridades del Municipio, fue desalojado por ocupación indebida de espacio público en razón a la revocatoria del acto administrativo que autorizaba su actividad en el lugar.

Para la Corte el compromiso que tiene el Estado, conforme a la Constitución, para con las personas discapacitadas es doble: por una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; y por otra, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, debe remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas.

El Estado no puede negarse a brindar las condiciones normativas y materiales que permitan a personas colocadas en situaciones de debilidad manifiesta, en la medida de lo factible y razonable, superar su situación de desigualdad. Este deber de protección no solo radica en cabeza del legislador sino también le corresponde ejercerlo a las autoridades del orden administrativo, cuando deben adoptar decisiones específicas que afecten los derechos de estos sujetos de especial protección constitucional.

La ejecución de planes de recuperación de espacios, debe ir precedida, en lo que sea técnicamente posible, de una valoración de todas las dimensiones de esa realidad que resultarán afectadas por la política, programa o medida en cuestión, incluida la situación de las personas que verán sus derechos severamente limitados, a quienes se deberá ubicar, por consiguiente, en una posición tal que no queden obligados a soportar una carga pública desproporcionada

Un detenido examen de la actuación surtida en primera y segunda instancia por la Dirección de Espacio Público y Control Urbano y la Secretaría de Gobierno, respectivamente, para declarar ?ocupante indebido de espacio público? al accionante permite afirmar que su condición de discapacitado fue totalmente ignorada por los entes acusados, no obstante que mediante los actos que expidieron dejaban sin efectos un acto administrativo que tenía como fundamento amparar dicha condición.

Las autoridades demandadas vulneraron de manera flagrante el derecho constitucional del demandante a ser beneficiario de un trato especial por parte de las autoridades públicas municipales, que debía proyectarse no solamente en la abstención de aplicar medidas que afectaran sus derechos fundamentales de sujeto de especial protección constitucional, sino en el desarrollo de acciones positivas orientadas a remover los obstáculos de todo orden que enfrentan estas personas, para alcanzar niveles de vida digna. La condición de discapacitado debió tener un peso significativo en la interpretación de la normatividad aplicable, y particularmente en la búsqueda de alternativas que permitieran solucionar el conflicto suscitado evitando la imposición de cargas desproporcionadas al demandante. Se impusieron cargas que anularon sus posibilidades de satisfacción del mínimo vital, y que lo despojaron de los beneficios espirituales que para una persona de su condición, comporta el desarrollo de una actividad laboral en condiciones dignas.

Y si bien el reclamo iba orientado a la ?reubicación? de la caseta móvil las autoridades municipales ordenaron la restitución de la zona ocupada, sin ofrecer alternativa alguna. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-146-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-630-08

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