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Última modificación: 2006-08-01
Protección legal al trabajador con discapacidad

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1o. (parcial) y 2o., del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según los cuales la terminación de la relación laboral de la persona con discapacidad debe ser avalada por la autoridad de trabajo y habrá indemnización por despido o terminación sin justa causa, como sanción adicional. Según la Corte, el ámbito laboral constituye un objetivo específico para el cumplimiento de los propósitos proteccionistas del estado frente a las personas con discapacidad. El elemento prioritario de esa protección, esta dado por lo que la Corte ha llamado ?estabilidad laboral reforzada? que constituye un derecho constitucional, buscando con esto que se garantice la permanencia en el empleo de la persona con discapacidad como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral.

El requerimiento de la autorización de la oficina de Trabajo para proceder al despido o terminación del contrato de trabajo debe entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre estas materias, para corroborar la situación fáctica que describe dicha causa legal de despido y proteger así al trabajador. Por otra parte, el señalamiento de una indemnización tarifada a cargo del patrono cuando éste realice un despido sin justa causa, va de la mano con las garantías laborales referidas, pues se busca que por el monto de la indemnización, se logre reparar el daño al empleado y así mismo disuadir al empresario de llevar a cabo esa conducta. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-531-00

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