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Última modificación: 2006-08-01
Derecho al consentimiento informado de persona con discapacidad mental para decidir sobre el derecho de reproducción

Una madre en representación de su hija beneficiaria y quien presentaba retraso mental y epilepsia refractaria interpuso acción de tutela contra el Seguro Social, por negarse a efectuar una esterilización quirúrgica a la menor, a fin de evitar que quedara embarazada. La Corte adujo que se vulneraron los derechos de autonomía, a la dignidad humana, y el derecho a la reproducción de una mujer con una discapacidad mental leve, cuando el Estado y la sociedad no le proveen el conocimiento necesario para que pudiera adoptar decisiones autónomas en relación con el manejo de su sexualidad. Señaló que los servicios de seguridad social que se presten a las personas con debilidades físicas o mentales deben servir como mecanismos para la superación, no sólo de una condición patológica, sino, principalmente, para brindarles la mayor capacidad para que sobrepasen las barreas físicas o mentales que los aíslan o les impiden desarrollar sus propias actividades, entre ellas el impartir la educación sexual y reproductiva adecuada.

La Corte decidió ordenar al Instituto de los Seguros Sociales, para que, convocara un equipo de médicos especialistas en neurología, psiquiatría y ginecología, a fin de que evaluaran las diversas opciones médicas a las que se podía acudir en procura de preservar al máximo las condiciones físicas necesarias para que la persona con discapacidad pudiera adoptar decisiones autónomas en relación con el manejo de su sexualidad, descartando aquellas opciones que tuvieran carácter quirúrgico y definitivo y que resultaran inadecuadas a su condición de salud y al tratamiento que recibía para controlar la epilepsia que padecía. Igualmente ordenó al Seguro Social incorporar a la mayor brevedad posible a la persona con discapacidad en un programa de educación especial de acuerdo con sus necesidades, en el cual se le impartiera la educación sexual y reproductiva adecuada para las personas con sus condiciones mentales específicas, tendiente a capacitarla para ejercer su sexualidad e informarle de las repercusiones de la maternidad, de acuerdo con su condición, intereses y capacidades nota 1.

En otro caso, actuando como agente oficiosa, la madre de una mujer con discapacidad mental interpuso acción de tutela para que una EPS procediera a practicarle una intevensición quirurgica denominada ?pomeroy? a su hija para evitar un eventual embarazo.

La Corte Constitucional precisó que:

i) un procedimiento quirúrgico de esterilización definitiva femenina, denominado tubectomía (corte de trompas) constituía una restricción severa de un derecho fundamental;

(ii) que en tal virtud, dicha restricción severa de derechos no podía ser simplemente autorizada por el representante legal de una mujer incapaz, sino que además era menester obtener previa autorización judicial, dentro de un proceso distinto de la tutela en el cual se demostrara que tal mujer incapaz tenía problemas mentales que le impedían específicamente dar el consentimiento para ese tipo concreto de procedimientos quirúrgicos;

(iii) que sin dicha autorización judicial previa, no era posible al representante legal del incapaz acudir ante el juez de tutela a demandar la práctica de la intervención;

(iv) que si se tratara de una mujer incapaz mayor de edad, adicionalmente se exigía la declaración previa de su estado, por medio de un proceso de interdicción de sus derechos y discernimiento de una guarda.

Lo anterior, a juicio de la Corte, obedece a la necesidad de estudiar en cada caso concreto la situación de la mujer incapaz que pretende ser esterilizada en forma definitiva, a fin de determinar especialmente dos asuntos: primero, su nivel de autonomía, y segundo, la medida o medidas de protección alternas o complementarias que se acomodan a su particular situación personal, familiar y social. Pues, no siempre los niveles de autonomía de las personas con incapacidades psíquicas son iguales, ni siempre son irreversibles. Tales incapacidades admiten grados, pudiendo ser más o menos leves, y comprometiendo en mayor o menor medida la posibilidad de un comportamiento autónomo en el manejo de la propia sexualidad y en la posibilidad de optar por la maternidad.

Por estas razones, la Corte encontró que la acción de tutela era improcedente por falta de legitimación en la causa por activa. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-850-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-492-06

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