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Última modificación: 2006-08-01
La familia es la primera obligada a prestar asistencia a la persona declarada en interdición por demencia. excepcionalmente, la obligación le corresponde al estado

El hijo de una señora declarada interdicta por demencia presentó acción de tutela contra sus hermanos debido a que éstos venían incumpliendo con sus obligaciones como curadores de su madre respecto a la administración de sus bienes y a cuidado personal de ella, con el fin de que el juez ordenara la protección de sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad física.

En el proceso se estableció que ya con antelación se habían solicitado medidas de protección de la señora en el mismo juzgado donde se había adelantado el proceso de interdicción de la madre del actor las cuales habían sido ordenadas por el juez en la oportunidad debida. No obstante, las acciones adelantadas por el demandante y su familia y las del Juzgado Promiscuo de Familia para defender los intereses personales y patrimoniales de la señora a través de los mecanismo procesales correspondientes, la situación de ésta no había mejorado y por el contrario, se encontraba acreditado el deterioro de sus condiciones de salud, aseo y nutrición, por lo que ?sin lugar a dudas? venía soportando la vulneración de sus derechos fundamentales, y dadas sus precarias condiciones de existencia incluso su dignidad humana. Pues, conforme a las distintas declaraciones y documentos que se habían allegado al proceso, se había establecido que la señora a pesar de contar con una silla de ruedas no hacía uso de ella sino que permanecía en el piso, lugar donde comía rodeada de perros y gallinas y donde hacía sus necesidades fisiológicas. Carecía del adecuado aseo personal, no se le brindaba la alimentación apropiada, no se le tenía un seguro de salud asignado, no se le tenía tolerancia a su enfermedad mental ni se le prestaba la atención personalizada y permanente necesaria.

Por otra parte, se estableció que el último curador que el juzgado le había asignado, se encontraba desaparecido tras haber sido amenazado por uno de los familiares de la mujer, lo que la colocaba en una mayor situación de desprotección.

La Corte recordó que la institución de la curaduría o curatela, al lado de la tutela para menores de edad impúberes, forman parte de las denominadas ?guardas?, mediante las cuales el Estado brinda un mecanismo de protección para las personas que por encontrarse en determinadas circunstancias especiales, requieren de otra que se encargue directamente tanto de su protección física como de sus bienes, y ejerza su representación en todos los actos jurídicos. Solamente la pueden asumir las personas indicadas en el artículo 550 del Código Civil, personas todas que en general forman parte de su familia, de entre quienes el juez escoge la persona que considera es la más idónea.

El curador elegido tiene el deber de administrar los bienes de su pupilo y cuidar personalmente de su bienestar físico y mental, al punto que los frutos de los bienes del interdicto y los capitales autorizados judicialmente, deben emplearse principalmente en aliviar su condición y en procurar su establecimiento. Tal encargo en consecuencia, no se reduce a la eficiente administración de los bienes del incapaz sino a la disposición de los medios humanos y patrimoniales que permitan un correcto cuidado de su persona, garantizando su existencia en condiciones de dignidad humana, tales como el acceso completo al servicio de salud, alimentación balanceada y suficiente, aseo y presentación personal apropiado, recreación, etc., En particular, frente al manejo de personas con trastornos mentales.

En principio, corresponde a la familia prodigar dicha atención y cuidado, y, sólo excepcionalmente el Estado tendría la obligación de proteger a la persona colocada en situación de debilidad manifiesta, si se demuestra fehacientemente esa condición de debilidad manifiesta y la imposibilidad material de su familia para darle asistencia. En particular, cuando hay completa ausencia de apoyo, al punto que el afligido está privado de los mínimos derechos fundamentales, así como afectada la dignidad humana. En tal evento, opera una inversión del orden de exigibilidad del principio de solidaridad social, que obliga al Estado a una prestación directa e inmediata a favor de la persona que se halla en circunstancias de debilidad manifiesta, sin perjuicio del derecho en cabeza de la autoridad estatal, cuando sea del caso, al reintegro posterior de su costo por parte del beneficiario y de su familia.

La Corte decidió ordenar al Juzgado Promiscuo de Familia tomar las determinaciones pertinentes para designar nuevo curador, si no lo hubiere hecho aún, y coordinar con éste y la Alcaldía Municipal -Secretaría de salud, la entrega al ente territorial para su cuidado personal a la citada señora, a través de un programa de asistencia social para la protección de las personas de la tercera edad. Indicó que dicho Curador, debería periódicamente rendir un informe detallado sobre la situación personal de ésta, y la administración de sus bienes ante el Juzgado Promiscuo de Familia, a efecto de que éste realizara el control pertinente.

Finalmente, ordenó la expedición de copias con destino a la Fiscalía correspondiente, a fin de que se investigara si, en este caso, los Curadores designados o sus hijos, pudieron haber incurrido en el delito tipificado en el artículo 127 de la Ley 599 de 2000, sobre abandono de persona que se encuentra en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ella. nota 1

En otra decisión, la Corte indicó que se ocasiona vulneración de los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad física de una persona con discapacidad mental, cuando un Hospital psiquiátrico no le presta los servicios médicos psiquiátricos bajo la modalidad de hospitalización cuando no cuenta con el apoyo emocional ni económico de sus familiares.

La Corte manifestó que la asistencia y cooperación de los asociados a favor de los más desventajados implica una carga para quien finalmente asuma el deber positivo de realizar las acciones humanitarias. Por ello, la imposición de deberes de cuidado y protección de las personas que padecen alguna enfermedad mental se asigna tanto a la familia, como a los particulares y al Estado, según las circunstancias propias de cada caso.

De manera prevalente, lo más recomendado por los médicos psiquiatras es que la familia se involucre activamente en la recuperación del paciente, contribuyendo en el proceso de alivio al permitirle mantenerse dentro de su medio social. Unidos por lazos de afecto, se espera que de manera espontánea los parientes adelanten actuaciones solidarias que contribuyan al desarrollo del tratamiento, brindando apoyo, colaborando en la asistencia a las consultas y a las terapias, supervisando el consumo de los medicamentos, estimulando emocionalmente al paciente y favoreciendo su estabilidad y bienestar. Evidentemente, bajo la orientación y coordinación de las entidades que conforman el sistema General de Seguridad Social en Salud pues, aún cuando la familia asuma la responsabilidad por el enfermo, ellas no se eximen de prestar los servicios médicos asistenciales que sus afiliados requieran

Pero, si bien la familia es la principal llamada a asistir a sus parientes enfermos, en ciertos eventos los parientes pueden ser relevados de esta carga. Cuando la persona hospitalizada se encuentra en estado de abandono y carece de apoyo familiar, o resulta excesivo para su familia imponerle semejante carga por que carecen de las capacidades emocionales, físicas o económicas, para ello, se ha acudido al valor de la solidaridad en cabeza de los particulares y del Estado para poder garantizarle a los pacientes la materialización de sus derechos fundamentales.

Es decir, que el deber de solidaridad de la familia no es absoluto, sino que es compartido con los demás miembros de la comunidad hasta tal punto que, ante la falta o la evidente incapacidad de la primera, serán el Estado y la sociedad quienes acudan en defensa de la persona con discapacidad psíquica.

El desinterés de los parientes por la recuperación del enfermo al paciente tampoco puede dar lugar a un innecesario e indefinido confinamiento en un hospital. Si su recuperación y reintegro al seno familiar resulta imposible, tampoco se compadece con la Constitución disponer su hospitalización permanente, pues recuérdese que jurisprudencialmente se ha señalado que los disminuidos psíquicamente tienen el derecho a no ser internados de manera indefinida y a que se promueva su desarrollo integral dentro de la sociedad. Un confinamiento forzoso en este sentido no sólo vulneraría los derechos fundamentales a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad del paciente, sino que también le impondría una carga excesiva a la entidad hospitalaria, al exigirle la prestación de un servicio que el enfermo realmente no requiere. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-046-05
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1090-04

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