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Última modificación: 2006-08-01
Incurre en el delito de abandono quien incumple una obligación legal de cuidar al menor de doce años o a quien se encuentre en imposibilidad de valerse por si mismo

Se presentó demanda de inconstitucional contra la expresión ?legal? contenida en el artículo 127 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, que señala que el que abandone a un menor de doce años o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por si misma, teniendo el deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de dos a seis años. La Corte ha manifestado que además del reconocimiento constitucional del derecho a recibir especial protección por parte del Estado, varios son los instrumentos internacionales que aluden a la función protectora de las personas con discapacidad, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado, entre ellos: los Derechos de Retrasado Mental y de los Impedidos, al igual que la que adopta el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, como la Resolución sobre los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental.

Aduce la Corte, que entre los derechos reconocidos a quienes están en incapacidad de valerse por si mismos cabe destacar el derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la sustituya, salvo que sea indispensable su permanencia en un establecimiento especializado y la obligación del Estado de protegerlos contra toda forma de explotación o trato discriminatorio, abusivo o degradante.

En este sentido, el tema de la discapacidad se trata en consecuencia en el derecho civil, en el Código del Menor, en el derecho penal, en materia laboral y de seguridad social, en materia de educación, asignado específicamente responsabilidades tanto al Estado como a la sociedad y a la familia.

De ahí, que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable. La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico -sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado, para verificar la legitimidad, racionabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado.

De esta manera el trato diferenciado para que se pueda considerar constitucionalmente legítimo, debe reunir las siguientes condiciones: i) que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; ii) que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; iii) que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; iv) que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; v) que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.

Por lo anterior, no resulta posible equiparar, para efectos de atribuirles una responsabilidad penal idéntica, como pretende el actor, la situación de las personas a las que la ley de manera explícita y concreta atribuye la obligación de asumir el cuidado del menor de doce años o de la persona que se encuentra en incapacidad de valerse por sí misma -a que alude el artículo 127 del Código Penal-, con la de cualquier otra persona respecto de la cual eventualmente pudiera predicarse , -y sin que ello haya sido establecido concretamente por la ley.

Concluye la Corte, aduciendo que no cabe endilgar al Legislador ningún reproche por la introducción de la expresión ?legal? en el artículo 127 de la Ley 599 de 2000 que tipifica el delito de abandono para calificar el deber a que en él se alude y que por el contrario dicha expresión atiende claramente los mandatos superiores invocados como vulnerados, así como los presupuestos de exigibilidad de los deberes en cabeza de los particulares ha que se ha referido la jurisprudencia de esta Corporación, lo que procede, contrariamente a lo que pretende el actor, es declarar la exequibilidad de la referida expresión sin ningún tipo de condicionamiento. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-034-05

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