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Última modificación: 2006-08-01
Reconocimiento de la capacidad de intervenir en actos solemnes de las personas con discapacidad sensorial

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 5, 6, y 7, entre otros, del artículo 1068 del Código Civil, que prohibía a los sordos, ciegos, mudos ser testigos de un testamento solemne. La Corte declaró inexequibles los numerales mencionados al argumentar que tal prohibición vulneraba la Carta, por cuanto establecía una discriminación que les impedía actuar en igualdad de condiciones que a las demás personas en ese acto jurídico, lo que resultaba contrario al artículo 13 de la Constitución y, además, a lo dispuesto en los artículos 47 y 54 superiores, que imponen al Estado la obligación de desarrollar políticas de rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, en todos los campos, de suerte que puedan vincularse plenamente a la sociedad y gozar de todos los derechos constitucionales.

Aclaró la Corte que no se trata de que el legislador no pueda establecer en las reglas aplicables a la sucesión por causa de muerte, bien sea testada o intestada, causales de inhabilidad para actuar como testigos de un testamento solemne, lo que sucede es que dichas prohibiciones no pueden vulnerar los principios, derechos y valores reconocidos en la Carta, la cual establece que Colombia es un Estado social de derecho fundada en la dignidad humana y en la igualdad de todas las personas ante la ley. Así, las prohibiciones que establezca el legislador para cualquier tipo de acto jurídico, deben encontrarse enmarcadas dentro de los principios, valores o derechos protegidos por el ordenamiento constitucional vigente.

Observa, la Corte que la capacidad para testimoniar de los ciegos, sordos o mudos, no es un asunto que guarde relación alguna con el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución, sino con el reconocimiento de la aptitud de esas personas para actuar como testigos de un testamento solemne, en las mismas condiciones que podría hacerlo cualquier otra persona. No se trata, simplemente de la igualdad ante la ley, sino de la igualdad real, que se vería seriamente afectada si se aceptara esa discriminación nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-065-03

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