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Última modificación: 2006-08-01
Inconstitucionalidad del reconocimiento de la lengua manual como idioma oficial de la población con limitaciones auditivas

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, ?por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda". El primero, reconocía la Lengua Manual Colombiana, como idioma propio de la comunidad sorda del país y el segundo, consagraba el compromiso del Estado de promover la formación de intérpretes en ésta lengua, para ayudar a las personas sordas. La actora consideró que las normas demandadas vulneraban la Constitución al declarar la Lengua Manual Colombiana como idioma propio de la comunidad sorda y al darle privilegios a esta lengua como metodología de enseñanza y aprendizaje para la comunidad con limitaciones auditivas. Aduce que existen otras alternativas pedagógicas válidas, como la oralidad, y por ello era discriminatorio que la ley impusiera una metodología única para todos los sordos. Al respecto manifiesta la Corte, que no existe consenso científico que permita privilegiar la oralidad o la lengua manual para la rehabilitación y educación de los limitados auditivos.

Para algunos expertos se debe implementar la oralidad desde la infancia, pues de lo contrario se disminuiría la posibilidad de desarrollar el habla y obligaría a los sordos a aislarse de la lengua manual. Otros opinan que la oralidad es un método difícil, que no funciona en todos los casos y por tanto, debe preferirse la lengua de señas para evitar el marginamiento total de esta población. También existe una posición intermedia, que propone la integración de los dos métodos a fin de proteger el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos. La Corte consideró que el reconocimiento de esta lengua como idioma de la comunidad sorda y el apoyo estatal a la formación en esta metodología persigue propósitos constitucionales relevantes para favorecer la plena integración social, educativa y laboral de los sordos.

Sin embargo, la interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual esas normas privilegiaban el idioma de señas, y por ende excluían o reducían injustificadamente el apoyo a la oralidad para la rehabilitación de sordos, no representa un medio adecuado y proporcionado para alcanzar esa finalidad constitucional, por las siguientes razones: i) El legislador habría optado por el idioma de señas, uno de los polos del debate científico sobre las alternativas de rehabilitación para las personas con limitaciones auditivas. Esa opción es cuestionable, por cuanto el Estado incumpliría su deber de promover el pluralismo educativo (Constitución Política arts. 8, 68, 70), y de incentivar el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura (Constitución Política arts. 69, 70, 71). Esa interpretación implica que el Estado protege únicamente a la población sorda que se comunica mediante la Lengua Manual, con lo cual, termina excluida, o fuertemente discriminada la opción por la oralidad, y se presentaría la supresión de la ayuda estatal para programas de rehabilitación y educación de sordos a través de la oralidad. Esa exclusión es inadecuada y desproporcionada, pues existen evidencias de que la formación en la oralidad tiene éxito, y que muchas familias y limitados auditivos prefieren ese tipo de rehabilitación;

ii) La preferencia por el idioma de señas afecta injustificadamente el derecho de los padres de escasos recursos económicos a escoger la educación de sus hijos. La ausencia de apoyo estatal a las entidades que opten por la oralidad implicaría que las familias pobres no podrían acceder a ese tipo de formación, por cuanto esas instituciones, al carecer de recursos estatales, no serían muy numerosas o tendrían que recurrir a matrículas costosas. Los padres de las menores con limitaciones auditivas verían así gravemente restringido su derecho a escoger para sus hijos una formación basada en la oralidad;

iii) La limitación a los padres a que sus hijos accedan a una educación en una lengua en donde puedan expresarse más adecuadamente es una forma de discriminación, pues el artículo 13 superior expresamente establece que en principio la lengua no puede ser un factor para restringir o limitar el goce de los derechos, o establecer tratos distintos, por lo cual, una regulación que diferencie a las personas por su lengua es potencialmente discriminatoria.

Por lo anterior, la Corte concluyó que la interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual éstas implican un apoyo privilegiado y casi exclusivo al idioma de señas es inconstitucional. Además, la Corte consideró que el artículo 2° de la Ley 324 de 1996 vulneraba el artículo 10 de la Constitución que establece como idioma oficial de Colombia el castellano y las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus respectivos territorios. El artículo acusado, al reconocer como idioma propio de la comunidad sorda la lengua de señas, y al hacer derivar de ese reconocimiento unas obligaciones a las autoridades de comunicación en ese lenguaje, en el fondo está estableciendo un idioma oficial distinto a los previstos en la Carta. Conforme a lo anterior, el artículo 2 deberá ser retirado del ordenamiento, por vulnerar el mandato constitucional sobre reconocimiento de idiomas oficiales. Precisando que la declaración de inexequibilidad no implica que el Estado no pueda fomentar el uso de la lengua manual a favor de los limitados auditivos, pues ese estímulo cumple propósitos constitucionales evidentes.

La inconstitucionalidad deriva de que el apoyo a la población sorda que se expresa en lenguaje manual no puede vulnerar la regulación constitucional de los idiomas oficiales en Colombia, ni traducirse en una discriminación contra los limitados auditivos que hayan optado por la oralidad. En cuanto al artículo 7 de la Ley 324 de 1996, la Corte encontró que no vulneraba la Carta sino que desarrolla el apoyo estatal a la formación en lengua manual y a la presencia de intérpretes para que los limitados auditivos que recurren a este idioma, puedan acceder a los servicios que el Estado confiere a los colombianos. El problema surge, cuando ese reconocimiento es entendido como un apoyo preferente y casi exclusivo en favor del idioma de señas, y en detrimento de la formación basada en la oralidad. Por ello, con el fin de excluir la interpretación inconstitucional del artículo 7, se declaró su exequibilidad condicionada, indicando que el apoyo a los intérpretes de la lengua manual no excluye el apoyo a las otras opciones de educación y rehabilitación de la población con limitaciones auditivas, como la oralidad. También es claro que ese apoyo estatal a la formación de intérpretes en la lengua manual no debe ser entendido como el reconocimiento de esa técnica de comunicación como un idioma oficial. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-128-02

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