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Última modificación: 2006-12-26
Acceso a instalaciones de edificios abiertos al público

Una persona en calidad de ciudadano y concejal de un ente territorial afirmó que la administración municipal ha sido omisiva al no efectuar las modificaciones a la estructura del palacio municipal que facilitaran el acceso a las instalaciones de las personas con discapacidades físicas. La Corte manifestó que a partir de los principios constitucionales, las normas del derecho internacional, las disposiciones legales y la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el ámbito de protección especial de la locomoción de una persona discapacitada contempla la accesibilidad a las instalaciones y edificios abiertos al público en condiciones de igualdad, es decir sin tener que soportar obstáculos, barreras o limitaciones que supongan cargas excesivas, puesto que ?los grupos de discapacitados tienen el derecho a que se remuevan las cargas desproporcionadas que les impiden integrarse cabalmente a la sociedad?. Consideró la Corte que con la omisión de los alcaldes frente a la adecuación del palacio municipal, se vulnera el derecho fundamental a la igualdad y a la libertad de locomoción de las personas con discapacidad física, que requieran adelantar algún trámite ante el ente local.

Señala, que esta circunstancia se consolida frente al accionante, quien es titular de una protección especial por parte del Estado pues i) además de su condición de habitante del municipio, ii) ostenta la calidad de concejal, iii) que tiene una discapacidad al movilizarse en silla de ruedas, y que iv) para el cabal ejercicio de sus funciones debe frecuentar las oficinas del municipio, ubicadas en el palacio municipal, el cual carece de condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Por ello, procede el amparo constitucional de sus derechos, y se ordena al concejo municipal y a la alcaldesa del municipio que, en la oportunidad que señala la ley, adelanten las acciones correspondientes para que al aprobar el presupuesto de la próxima vigencia fiscal se incluyan las partidas necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas del palacio municipal. Igualmente, la administración municipal, en cabeza de su alcalde, dispondrá de un término de dieciocho meses contados a partir de la notificación de esta sentencia para garantizar la efectiva eliminación de las referidas barreras arquitectónicas.

De otra parte, previno al Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación para que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6° de la Ley 361 y el Decreto 1068 de 1997, tomara las medidas necesarias para lograr que la entidad accionada eliminara las barreras arquitectónicas que impedían a los limitados físicos acceder al edificio en que funciona la Administración del municipio nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-276-03

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