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1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

En cumplimiento del control constitucional que le corresponde a la Corte Constitucional, se sometió a revisión la Ley 1346 de julio 31 de 2009, por medio de la cual se aprobó por el Congreso de la República la ?Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006?.

La Corte Constitucional ha señalado que el contenido de la Convención apuntan a promover las condiciones que hagan posible la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad, que la generalidad de las medidas a cuya implementación se comprometen los Estados partes, tienen el carácter de acciones afirmativas, denominación que, como es sabido, alude a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas, que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social.

Concepto que gana especial notoriedad a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política, cuyo artículo 13 resalta el deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. Además contiene disposiciones que de manera específica plantean el mismo mandato frente a colectividades, entre ellas, el artículo 47 a favor de las personas con discapacidad.

La Corte ha manifestado, que si bien algunas de las disposiciones de la Convención pueden excepcionalmente requerir para su total cumplimiento de la expedición de normas (leyes o actos administrativos según el caso), o de la adopción de otras medidas, la generalidad de tales estipulaciones son ejecutables a partir de la fecha en que el Estado colombiano manifieste su consentimiento frente a los demás signatarios a través de los cauces establecidos para tal fin en la misma Convención. En esta medida, resulta posible que la sola vigencia de este tratado implique avances en el nivel de realización efectiva de los derechos que la Constitución Política reconoce a las personas con discapacidad.

De ahí, que del análisis constitucional de las cláusulas que conforman el articulado de esta Convención, observó la Corte, que ellas reflejan un esfuerzo comprehensivo de protección a las personas con discapacidad, ya que abordan y ofrecen correctivos, desde una perspectiva moderna e inclusiva, frente a la mayor parte de los aspectos y situaciones en las que puede apreciarse la condición de desigualdad y vulnerabilidad que normalmente afecta a estas personas. Por otra parte, el desarrollo particular que se hace de los distintos derechos que se predican de las personas con discapacidad, tanto fundamentales como sociales, económicos y culturales, es enteramente concordante con el que esta corporación ha efectuado desde sus inicios, a través de su jurisprudencia, consideraciones que también conducen a la exequibilidad de estas disposiciones.

Resalta la Corte que, pese al considerable y ambicioso alcance de los compromisos que a través de esta Convención pretenden asumir los Estados respecto de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad, las condiciones en que tales obligaciones quedan planteadas permiten descartar cualquier posible objeción sobre su exequibilidad. Ello por cuanto, conforme al artículo 4° de la Convención, tales compromisos se atenderán de manera progresiva?, con el objeto de que las personas con discapacidad logren a través del tiempo el pleno ejercicio de todos sus derechos, para lo cual los Estados miembros adoptarán medidas ?hasta el máximo de sus recursos disponibles?, es decir, estos parámetros aseguran la racionalidad de los esfuerzos asumidos en cumplimiento de esta Convención, tomando en cuenta las condiciones de restricción presupuestal que en todos los Estados son inherentes a la acción pública, y son congruentes con el principio de ampliación progresiva de los derechos sociales, que es característico de la Constitución Política de 1991.

Concluye la Corte, que ninguna de las disposiciones de la Convención estudiada justifica la formulación de reservas por parte del Estado colombiano al momento de proceder al depósito de su ratificación, es decir, se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno. Y los objetivos y el contenido de la misma, busca la promoción y efectiva protección de los derechos de las personas y ciudadanos afectados por algún tipo de discapacidad. Igualmente se avienen sin dificultades al contenido del texto constitucional, y más allá de ello, constituyen una oportunidad para el mejor cumplimiento de varios preceptos superiores. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-293-10

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