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14. Protección especial de las personas con discapacidad física y acceso al espacio público

14.1. Derecho de la persona con discapacidad a la implementación de planes que garanticen el acceso al transporte público: derecho de locomoción

El actor tenía discapacidad física y debía desplazarse en silla de ruedas, por eso consideró que Transmilenio SA., empresa encargada de administrar el servicio público de transporte en el sector donde el habitaba, vulneraba sus derechos fundamentales a la locomoción, la igualdad y la especial protección de la persona discapacitada, por no acondicionar el servicio publico prestado por las rutas alimentadoras, para el uso de las personas en silla de ruedas. Frente a este caso la Corte estimó que las limitaciones a la libertad de locomoción pueden ser indirectas, es decir, pueden provenir de las consecuencias que genera la actividad que realiza una persona. De otra parte el reconocimiento de la marginación social impone, tomar decisiones en las que se ordena remover los obstáculos que impiden la adecua­da integra­ción social de las personas con discapacidad en condiciones de igual­dad material y real, sin que ello signifique desconocer que las órdenes correspondientes son de ejecución compleja.

En esos casos, la persona con discapacidad, es titular de una protección especial reforzada por parte del Estado, pues es alguien que (i) tiene una discapacidad (ii) que, efectivamente lo margina y excluye del acceso al servicio básico de transporte urbano, (iii) que carece de una forma alternativa para movilizarse y (iv) que en razón a todo ello ve severamente limitadas sus oportunidades para gozar efectiva­mente de otros derechos constitucionales. Decidir cuál es la mejor forma de remover las cargas excesivas que pesan sobre este grupo de personas conlleva, necesariamente, el diseño de una política pública mediante la cual se tomen las medidas adecuadas para cumplir el mandato constitucional de proteger especialmente a los discapa­citados y garan­tizar su integración social. Es pues, tarea de la Administración Pública destinar los recursos humanos y materiales para que, dentro de un marco de participación democrática, se conciban los programas y apropien los recursos con los cuales se financiará la implementación de las medidas que se adopten para atender esta demanda social.

No es pues competencia del juez de tutela sino de Transmilenio S.A., decidir la forma como deben ser remo­vidas estas cargas excesivas que se le imponen a este grupo social para acce­der al servicio de transporte masivo, tal y como lo ha hecho, notoriamente, en el Sistema Central. En síntesis, las prestaciones programáticas que surgen de un derecho fundamental le imponen un derrotero a la administración en el diseño de políticas públicas que gradualmente aseguren el cumplimiento de las mismas. Así, el ámbito de protección de la libertad de locomoción de una persona disca­pacitada contempla la posibi­lidad de acceder al sistema de transporte público básico de una ciudad en condi­ciones de igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas.

La dimensión positiva de este derecho fundamental supone, por lo menos (i) contar con un plan, (ii) que permita, progresivamente, el goce efectivo del derecho, y (iii) que posi­bilite la participación de los afectados en el diseño, ejecución y evaluación de dicho plan, en este caso en los términos de las leyes vigentes que desarrollan la Constitución en este ámbito. En consecuencia, se ordena a Transmilenio S.A. que en el término máximo de dos años, diseñe un plan orientado a garantizar el acceso del accionante al Sistema de trans­porte público básico de Bogotá, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas, y que una vez diseñado el plan inicie, inmediatamente, el proceso de ejecución de conformidad con el cronograma incluido en él. Además, que informe cada tres meses al actor, en su condición de miembro de la junta directiva de ASCOPAR (Asociación Colombiana para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad), del avance del plan, para que éste, al igual que el representante de la Asociación, pueda participar en las fases de diseño, ejecución y evaluación del mismo nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-595-02
14.2. Deber de las autoridades de no crear condiciones más gravosas para las personas con discapacidad

?Un discapacitado presentó una acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito de Bogotá, debido a que la entidad no le concedió un permiso para usar su carro durante las horas de restricción vehicular, único medio idóneo para movilizarse a su trabajo. La Corte Constitucional concluye que una medida como la adoptada por la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C. (restricción vehicular), tiende a restringir, de manera desproporcionada, los derechos de las personas que, por sufrir una incapacidad física grave, se encuentran en imposibilidad de acudir al transporte público de pasajeros. Ello supone una restricción mucho mayor que la que opera respecto de los derechos del resto de la población, lo que, en lugar de favorecer la igualdad real y efectiva de las personas impedidas, aumenta la carga que deben soportar y la marginación a la que se ven cotidianamente enfrentados.

?De no tenerse en cuenta las condiciones de debilidad manifiesta y marginación de los impedidos físicos a la hora de diseñar medidas como la que se estudia, la administración estaría lesionando el derecho a la igualdad de estos grupos por omisión del deber de especial protección. El principio de igualdad y el deber de especial protección, se contraen a ordenar que las autoridades públicas tengan en consideración las circunstancias concretas de cada persona de manera tal que, al momento de adoptar medidas que puedan ser más gravosas para un grupo específico en virtud de la incapacidad que sufren quienes lo integran, adopten, simultáneamente, los correctivos necesarios para colocarlos en situación de igualdad respecto del resto de los sujetos. Así por ejemplo, una medida pública puede afectar sólo a un sector de las personas discapacitadas -por ejemplo a las personas invidentes- pero no al resto del grupo.

?En este caso, los beneficios especiales deben dirigirse, exclusivamente, al sector afectado y no a la generalidad de sector. La Corte sostiene además, que el bienestar general no es un argumento suficiente para desconocer el deber de especial protección de las personas discapacitadas cuando quiera que una política pública tiene como consecuencia una restricción más gravosa para los derechos fundamentales de este grupo poblacional. En estos casos la administración no tiene alternativa distinta de adoptar los correctivos necesarios para evitar que a la marginación social, económica y cultural contra la que deben luchar diariamente las personas discapacitadas, se sume una carga mayor a la que deben soportar el resto de los habitantes de la ciudad, que restringe severamente su autonomía al impedirles por completo el derecho a la circulación en el horario restringido.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-823-99 Reiterada por la Sentencia T-117-03
14.3. Normas de trato preferencial frente a acceso a espacio físico de vehiculos conducidos por personas con discapacidad

Se presentó demanda de constitucionalidad contra el Artículo 60 de la Ley 361 del febrero 7 de 1997, según el cual los automóviles así como cualquier otra clase de vehículos conducidos por una persona con limitación, siempre que lleven el distintivo, nombre o iniciales respectivos, tendrán derecho a estacionar en los lugares específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad. Según la Corte, con el objeto de que las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, puedan superar la limitación que les impide integrarse a la sociedad, en condiciones de normalidad, las autoridades deben, entre otros aspectos, prever que en todos los lugares se destinen espacios apropiados para el estacionamiento de los vehículos en que aquellas se transporten y regular su uso debidamente, con el objeto de hacer realidad su derecho de acceder al espacio físico, como presupuesto indispensable de igualdad.

El artículo demandado establece una discriminación positiva legítima a favor de las personas con discapacidad que conducen, respecto del resto de la población que también lo hace. La Corte no observó que haya también diferenciación en cuanto a las personas con discapacidad severa, pues aunque la disposición acusada solo hace referencia a los incapacitados que conduzcan el vehículo que los transporta, es claro que el correcto entendimiento de la norma en virtud del objetivo de las disposiciones de la ley 361 de 1997, y de los principios y reglas constitucionales, implica comprender dentro del tratamiento especial autorizado por el artículo 60, en estudio, también la situación de quienes por adolecer de una incapacidad más severa no pueden conducir el vehículo que los transporta y han de acudir a otros para tal efecto. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-410-01
14.4. Principio de igualdad en la accesibilidad.

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2° de la Ley 769/02 -Código Nacional de Tránsito Terrestre-, donde se regula lo atinente a las Bahias de Estacionamiento. El demandante consideró que la norma infringía los artículos 287, numeral 2; 313, numeral 7, y 82 de la Constitución Política, por no tener en cuenta el ejercicio de las competencias conforme al reparto funcional que se ha asignado tanto a la Nación como a las entidades territoriales en la Constitución. Explicó que si bien es cierto que las entidades territoriales deben sujetarse a la Constitución y a la ley, hay unas competencias propias de aquellas, que no puede desconocer el legislador. Expuso que cuando el legislador incluyó en el Código Nacional de Tránsito la definición de bahía de estacionamiento invadió la órbita de la competencia constitucional del Concejo Municipal, al que corresponde reglamentar los usos del suelo. Además es a esta última entidad a quien le correspondería definir si la bahía de un sector de la ciudad se usa o no para estacionamiento. Añadió que el Plan de Ordenamiento Territorial era el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Por último, agregó que la defensa del espacio público contribuía a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acercaba a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.

La Corte Constitucional señaló que conforme al Art. 82 CP, el elemento esencial del espacio público es su destinación al uso común, es decir, al uso por todas las personas. Dicha destinación genérica no significa lógicamente que en las condiciones concretas todas las porciones de territorio tengan una destinación única, ya que ello no guardaría armonía con la naturaleza de los respectivos bienes ni con las necesidades de la comunidad, de suerte que tan importante institución jurídica sería de imposible aplicación. Por esta razón, en lo que se refiere específicamente a las vías de circulación, si el ser humano ha incorporado a su vida cotidiana el uso de vehículos diversos, es evidente la necesidad de que las autoridades competentes destinen vías para su circulación, las cuales pueden ser usadas por todas las personas que utilicen aquellos; pero como los miembros de la comunidad también necesitan movilizarse a pie, aunque tengan vehículos, tales autoridades deben establecer las vías peatonales, igualmente destinadas al uso de todas las personas.

De lo anterior se deduce que la previsión abstracta de una destinación de uso común, en lugar de otra, entre diversas posibilidades, no altera el elemento esencial del espacio público ni altera, por tanto, la integridad del mismo. Dicha alteración se produciría, en cambio, si el Estado por conducto de sus autoridades eliminara el espacio público y diera lugar a espacios privados en una medida no razonable o desproporcionada, sin tener en cuenta las necesidades e intereses de la comunidad. Por esta razón, al disponer el aparte demandado en forma abstracta y para efectos de la regulación del tránsito terrestre que una porción del territorio aneja a una vía pública se destine al estacionamiento de vehículos, por todas las personas, no vulnera el deber del Estado de proteger el espacio público, establecido en el artículo 82 de la Constitución.

Así mismo, dijo la Corte que es oportuno recordar que, dentro del marco del Estado Social de Derecho el constituyente impuso al Estado los deberes de otorgar una protección especial a los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, con miras a su rehabilitación e integración social. En cumplimiento de la anotada protección especial y en relación con el tema que se analiza en la sentencia, los municipios y los distritos, en ejercicio de su competencia constitucional de reglamentación de los usos del suelo, tienen el deber de destinar, en medida razonable, espacios adecuados de estacionamiento, que pueden ser o no las bahías definidas por el legislador en la norma acusada, distinguidos con el signo internacional correspondiente, de modo que se garantice a las personas con discapacidad un acceso y un tránsito fácil y seguro en las vías, edificaciones y sitios, y puedan los mismos ejercer su libertad de locomoción consagrada en el artículo 24 superior e integrarse a la vida social y rehabilitarse, así como desarrollar su vida en condiciones de dignidad y, en lo posible, en condiciones de igualdad con las demás personas.

Por lo anterior, la Corte declaró exequible la definición de ?bahía de estacionamiento? contenida en el artículo 2º de la Ley 769 de 2002. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-765-06
14.5. Acceso a instalaciones de edificios abiertos al público

Una persona en calidad de ciudadano y concejal de un ente territorial afirmó que la administración municipal ha sido omisiva al no efectuar las modificaciones a la estructura del palacio municipal que facilitaran el acceso a las instalaciones de las personas con discapacidades físicas. La Corte manifestó que a partir de los principios constitucionales, las normas del derecho internacional, las disposiciones legales y la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el ámbito de protección especial de la locomoción de una persona discapacitada contempla la accesibilidad a las instalaciones y edificios abiertos al público en condiciones de igualdad, es decir sin tener que soportar obstáculos, barreras o limitaciones que supongan cargas excesivas, puesto que ?los grupos de discapacitados tienen el derecho a que se remuevan las cargas desproporcionadas que les impiden integrarse cabalmente a la sociedad?. Consideró la Corte que con la omisión de los alcaldes frente a la adecuación del palacio municipal, se vulnera el derecho fundamental a la igualdad y a la libertad de locomoción de las personas con discapacidad física, que requieran adelantar algún trámite ante el ente local.

Señala, que esta circunstancia se consolida frente al accionante, quien es titular de una protección especial por parte del Estado pues i) además de su condición de habitante del municipio, ii) ostenta la calidad de concejal, iii) que tiene una discapacidad al movilizarse en silla de ruedas, y que iv) para el cabal ejercicio de sus funciones debe frecuentar las oficinas del municipio, ubicadas en el palacio municipal, el cual carece de condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Por ello, procede el amparo constitucional de sus derechos, y se ordena al concejo municipal y a la alcaldesa del municipio que, en la oportunidad que señala la ley, adelanten las acciones correspondientes para que al aprobar el presupuesto de la próxima vigencia fiscal se incluyan las partidas necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas del palacio municipal. Igualmente, la administración municipal, en cabeza de su alcalde, dispondrá de un término de dieciocho meses contados a partir de la notificación de esta sentencia para garantizar la efectiva eliminación de las referidas barreras arquitectónicas.

De otra parte, previno al Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación para que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6° de la Ley 361 y el Decreto 1068 de 1997, tomara las medidas necesarias para lograr que la entidad accionada eliminara las barreras arquitectónicas que impedían a los limitados físicos acceder al edificio en que funciona la Administración del municipio nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-276-03
14.6. Deber de institutos educativos de adecuar acceso

Un señor y un estudiante afirmaron que al edificio de la administración del municipio y al de una Universidad no podían acceder personas con dificultades de locomoción, porque carecían de ascensores y de rampas. Desde hace años, han insistido ante los alcaldes, rectores de la universidad y demás autoridades competentes para que construyeran los accesos que requerían estas edificaciones, y aunque se han comprometido a hacerlo, no le han dado cumplimiento a sus promesas. La Corte, afirma que las personas sometidas a discriminación pueden invocar del juez constitucional su protección y, cuando la causa de dicho trato es su condición física, mandatos expresos imponen al Estado la obligación de lograr su normalización y total integración a la comunidad a la cual pertenecen, teniendo especial obligación los centros educativos, de cualquier nivel, por cuanto éstos deben contar con los medios y recursos que garanticen el derecho a la educación de las personas con discapacidad.

También señala que la acción de tutela no procede cuando se interpone por discriminación generalizada, pues los derechos fundamentales son derechos subjetivos de rango constitucional y descarta la procedencia de esta acción con miras al cese de un incumplimiento impersonal y abstracto, aunque de el se derive una desigualdad, porque la titularidad de una acción así planteada recae en la comunidad afectada o en un núcleo poblacional amplio y por ende indeterminado, cuyos intereses no pueden ser protegidos sino en acciones diseñadas especialmente para tal fin. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1639-00
14.7. Derecho de accesibilidad en conjunto residencial: trato especial para las personas con discapacidad

Una persona en representación de su hermana que padece de parálisis cerebral desde su nacimiento y que la tiene postrada en una silla de ruedas, presento acción de tutela contra el conjunto residencial donde habita, debido a la negación de construir una rampa a la entrada del bloque donde reside. La Corte señaló que se trata de una persona en condiciones de debilidad manifiesta, hecho que le permite gozar de la especial protección del Estado, conforme lo consagra el artículo 13 de la Constitución Política al consagrar que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Siendo así, que el legislador expidió la Ley 361 de 1997, cuyos principios se inspiran en el reconocimiento a la dignidad que le es propia a las personas con limitación física y establecen el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, para su completa realización personal y su total integración social.

Principios estos que fueron acogidos en el artículo 43 de la citada Ley, que ordena ?suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.? Por ello, la Corte advirtió que es preciso amparar los derechos fundamentales a la dignidad e igualdad de la accionante, pues no existía duda de que se había dado una clara discriminación en relación con la señora al sostener una restricción injustificada de los derechos, libertades y oportunidades que le asisten como discapacitada, ordenando a la Junta Administradora del conjunto residencial la construcción de una rampa de acceso a la entrada del bloque donde reside, teniendo en cuenta para ello, que en el expediente existen conceptos favorables de arquitectos, que así lo indican, conforme a los lineamientos técnicos señalados por el la construcción de una rampa de acceso a la entrada del Bloque 8 del mencionado conjunto residencial, teniendo en cuenta para ello, que en el expediente existen conceptos favorables de arquitectos, que así lo indican. Tal decisión deberá contar con los lineamientos técnicos señalados en la Norma Técnica Colombiana del ICONTEC y en la Resolución del Ministerio de Salud. Las obras a realizar deberán estar concluidas en un plazo máximo de treinta (30) días nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-285-03
14.8. Derecho a la recreación: acceso seguro al estadio

?En sentencia de tutela la Corte protegió el derecho a la recreación y a la igualdad de oportunidades de los disminuidos físicos que habían sido objeto de traslado de la pista atlética a la tribuna sur de un estadio. La medida adoptada, en concepto de la Corporación, no fue apropiada y resultó más bien inútil para brindar seguridad a todos los participantes, aumentando considerablemente los riesgos para un sector específico llamado precisamente a recibir un trato especial.?*

En relación con los discapacitados, la Corte Constitucional manifiesta que la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.

Los derechos específicos de protección especial para grupos o personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una "diferenciación positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13).?

Las circunstancias de vulnerabilidad e indefensión en las cuales desarrollan su vida las personas afectadas con algún tipo de discapacidad, son reconocidas por la Constitución Política en sus arts. 13 y 47, estableciendo como deber del Estado el de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. El mandato contenido en esta disposición tiene como propósito, además de garantizar un tratamiento privilegiado a las personas discapacitadas, equiparar las condiciones de vida de los titulares de esta especial protección, con las de las demás personas, para que el principio de igualdad material se realice eficazmente. De ahí que el deber positivo de trato especial consagrado a favor de las personas discapacitadas comprende una pluralidad de acciones de diferenciación, tendientes a evitar que las estructuras físicas, jurídicas y culturales, refuercen o mantengan la discriminación a la cual estas personas han estado sometidas.

La Corte Constitucional se ha referido a esta protección, explicando su vínculo con la naturaleza propia del Estado social de derecho; al respecto, ha manifestado que el Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas disminuidas físicas, sensorial o psíquicamente. Es así como la Carta Política consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable, son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de carácter programático (CP art. 47), que se deduce de la obligación estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e integración social. El derecho a la igualdad de oportunidades trasciende la concepción formal de la igualdad ante la ley. Tiene en cuenta las diferencias naturales o sociales como factores relevantes para determinar el trato a que tienen derecho determinadas personas o grupos. Es decir, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). Esta diferenciación positiva justificada, reconocida en el art. 13 constitucional a favor de las personas con discapacidad, fue desarrollada por el legislador mediante el art. 12 de la Ley 790 de 2002, estableciendo el denominado ?retén social? para otorgarles el beneficio de una estabilidad laboral reforzada, la cual posteriormente fue objeto de regulación a través del Decreto 190 de 2003 y de la Ley 812 de 2003. nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-288-95

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