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4. Protección especial del derecho a la dignidad humana

4.1. Límites a la libertad de expresión de las autoridades religiosas para respetar la dignidad de las personas con discapacidad

Un pariente en representación de su sobrino con discapacidad mental interpuso acción de tutela contra un sacerdote por negarse a ofrecer el sacramento de la comunión y calificar al niño de actuar como ?animalito?. La Corte manifestó que en materia de libertad de cultos y de religión la Constitución no establece restricciones, pues el artículo 19 de la Carta está fijado en términos positivos. Es decir, que la libertad de cultos supone, en cuanto a su núcleo esencial, ?las posibilidades, no interferidas por entes públicos o privados, de dar testimonio externo de las propias creencias?. Por lo tanto, prima facie, le está vedado al Estado, así como a los particulares impedir que la persona establezca relación personal con aquello que considera un ser superior y que lo haga público, en las condiciones que el particular credo y código moral que se deriva del mismo, le impongan. Así mismo, supone la obligación de respetar dicho código moral, pues así como se espera que el Estado y los particulares respeten el código moral propio de cada comunidad religiosa, también se espera que tales códigos morales no se conviertan en normas jurídicas.

De allí que la no inclusión de tales códigos morales religiosos en el ámbito del derecho, es requisito para lograr la libertad de las personas. De esta manera, la negativa de una comunidad religiosa de permitir a uno de sus miembros participar, por razones propias de la comunidad, en una ceremonia que corresponda a su culto, es un asunto interno que no corresponde resolver al Estado. La separación entre iglesia y Estado y la efectiva protección de la libertad de cultos y de religión suponen que el estado se encuentra vedado para intervenir en estos asuntos, pues, así como lo moral religioso no puede constituirse en fundamento para la convivencia ciudadana y el ordenamiento jurídico, el Estado no puede establecer el contenido dogmático y moral de un determinado grupo religioso. Tales dogmas y códigos morales se definen de manera autónoma, a partir del sentido que cada una de las prácticas tiene en la comunidad, en relación con su propio sistema de valores.

En cuanto a la libertad de expresión la Corte señaló que se puede limitar, en especial, cuando los discursos no son neutros y la capacidad de afectación de los bienes constitucionalmente protegidos depende, en buena medida, de quien hace el discurso y las expresiones utilizadas y el contexto en el cual se hace. Se protege una libertad que tenga por objeto destruir los derechos de los asociados, como sucede con el trato denigrante de seres humanos, sean en ejercicio del discurso religioso u ordinario, los cuales no puede desconocer los límites. Es decir, está absolutamente prohibido que tales discursos tengan por efecto despojar a un ser humano de la condición de humanidad, especialmente cuando se hacen afirmaciones como -los niños con discapacidades son ?animalitos? que no comprenden el sacramento de la comunión.

La condición de discapacitado implica que tiene disminuidas facultades o habilidades propias de un ser humano, pero nunca que pierda la condición de tal; es probable que realizar ciertos actos demande un mayor esfuerzo físico e, inclusive, que sea necesaria la asistencia de otra persona o la ayuda de elementos mecánicos o electrónicos desarrollados por otras personas, pero ello no implica la pérdida de la condición de humanidad. La Corte ordenó al sacerdote demandado que, de manera pública, hiciera un reconocimiento de su equivocación. Y aclarara que, el hecho que una persona tenga una discapacidad, no implica inferioridad, que permita calificarle como un no ser humano o como un ?animalito? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1083-02
4.2. Expresiones degradantes y despectivas violan los principios de la dignidad humana y la igualdad

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones legales furiosos locos (art. 140, numeral 3), imbecilidad, idiotismo y locura furiosa (art. 545), casa de locos (art. 554) del Código Civil, al considerar que se violaban los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad. La Corte ha establecido que si la norma legal emplea términos científicos revaluados, pero éstos hacen parte de una institución civil encaminada a asegurar una igualdad de trato a los incapaces, el juez constitucional debe acudir al principio constitucional de conservación del derecho, examinando la posibilidad de expulsión de los términos que resulten discriminatorios sin afectar el derecho a la igualdad o el sentido de la disposición correspondiente. En efecto, en lo que concierne al principio de igualdad, las personas que padezcan alguna variedad de discapacidad gozan, sin discriminación alguna, de los mismos derechos y garantías que los demás colombianos.

Pues, la Constitución, en su artículo 13, dispone además una protección reforzada a favor de los discapacitados en el sentido de que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr condiciones de igualdad real y efectiva para estas personas. En su artículo 47 se le estableció como obligación al Estado adelantar una política de prevención, rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos; y los artículos 54 y 68 constitucionales apuntan a que el Estado le garantice a este grupo de personas acceso al trabajo y a la educación. De tal suerte, que de conformidad con la Constitución el compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas es doble: por una parte, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar una igualdad de oportunidades, remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas.

De esta manera, en lo que respecta al numeral 3º del artículo 140 del Código Civil, la Corte adujo, que siendo el matrimonio en la legislación civil un contrato para cuya celebración debe mediar la expresión del consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes, bajo determinados supuestos se estructura una presunción legal, que como tal admite prueba en contrario, de haber faltado dicho consentimiento, por lo que la figura civil de la cual hacen parte las expresiones demandadas, encuentran su razón de ser en la protección que la ley debe a las personas que padecen determinadas enfermedades mentales que les impiden adelantar juicios libres y prestar su consentimiento con plena conciencia de sus actos. Se trata, por tanto, de asegurar, para efectos civiles y en relación con el matrimonio, una igualdad de trato entre desiguales pues la libertad para expresar el consentimiento para contraer matrimonio no se halla presente en quien se encuentra, en un determinado momento, privado de su capacidad de razonar.

Si bien la finalidad que persigue la norma se ajusta a la Constitución, es evidente que los términos empleados por el legislador de la época para referirse al caso en que se presume la falta de consentimiento para contraer matrimonio de quien es incapaz en razón a su condición mental, son contrarios a la dignidad humana y por ende discriminatorios. Por lo tanto, si bien deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico, no es posible expulsar las solas expresiones demandadas, resultando necesario en este caso su integración normativa a fin de poderlas retirar del ordenamiento jurídico, permitiendo a su vez, que el contenido normativo que si resulta constitucional no pierda sentido y armonice con el sistema jurídico del que forma parte.

Por lo tanto, se declaró inexequible la expresión ?...los furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en los mentecatos a...? del numeral 3º del artículo 140 del Código Civil. El cual queda de la siguiente manera: ?Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio.? E igualmente, en cuanto al artículo 545 quedará ?El adulto que se halle en estado habitual de demencia será privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos. La curaduría del demente puede ser testamentaria, legítima o dativa.?, en el entendido que debe existir interdicción judicial.

En cuanto a la expresión de locos del artículo 554 del Código Civil, la Corte manifestó, que dicho artículo es discriminatorio, pues hoy en día las casas, los establecimientos o las instituciones en las que se deben internar para el tratamiento respectivo a las personas que padecen una discapacidad en razón a su condición mental, deben tener una denominación acorde con la dignidad humana, la Constitución y los tratados internacionales, y no aquella que expresa el aparte acusado que por ser peyorativa contraría la Constitución de 1991. Por lo tanto, se declaró la inexequibilidad de la expresión ?...de locos...? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-478-03
4.3. Prohibición de maltrato a menores con discapacidad en entidades publicas de beneficencia

?Si un establecimiento público, como es una Beneficencia, incumple con sus obligaciones, y permite que los niños estén en circunstancias peores a las narradas por Charles Dickens, ofendiendo la majestad de la existencia humana, la sociedad no puede permanecer impasible, la Procuraduría puede y debe tomar la vocería de los desamparados y la justicia tienen la obligación de tutelar con rapidez y energía. La indiferencia de la Beneficencia de Cundinamarca tan alejada del humanismo, se torna culposa. Al ser esos niños elegidos para su cuidado gratuito, hay que darles todo el apoyo que se pueda, sólo de esta manera se concreta el gasto público social. Solo así las Beneficencias desarrollan la función que realmente les corresponde. Como se aprecia, debe buscarse la gratuidad para lograr el desarrollo espiritual y material del infante y, si hay recursos disponibles, la asistencia al niño impedido debe prestarse de la mejor manera posible, buscándose los objetivos señalados no solamente en la Convención sino en la Constitución y en el Código del Menor.

?El daño ocasionado a los menores se comprobó con las visitas que hicieran la Procuraduría y el Tribunal de Cundinamarca donde encontraron un catálogo de tratos humillantes contra los niños impedidos rompe el alma y es una monstruosidad. Una sociedad en donde los niños tienen que padecer toda clase de sufrimientos con los dientes apretados y en donde el maltrato a los menores, a fuerza de repetirse incesantemente, se convierte en parte de una cotidianidad que se soslayada por casi todos, es una sociedad más enferma que esos niños impedidos que sólo tienen como oficio esperar la muerte en los hospicios de Sibaté. La Beneficencia de Cundinamarca posee recursos disponibles para dar a los menores impedidos que se albergan en "La Colonia" la atención justa, acorde con los tiempos modernos y sin embargo no se la ha dado. El descuido en que se hallan los menores de los pabellones "San José" y "Niño Jesús" en Sibaté configura violación a los derechos que el fallo de tutela protegió.

?Es indudable que se afecta este derecho en nivel muy alto cuando se maltrata a un menor minusválido encerrándolo por las noches, no dándole el abrigo y los alimentos requeridos, no curándolo ni prestándosele la asistencia para sobrevivir. Además, es indigno no darles a esos niños un mínimo sentido de vida y mantenerlos, por el contrario, en un desesperante vació existencial. Encerrar bajo llave unos niños, sin posibilidad si quiera de acudir a los servicios sanitarios, es un trato degradante. Además, es un trato cruel someter a niños de escasa edad al hambre y la camisa de fuerza. Son motivo de tutela niños afectados en mayor o menor grado por enfermedades mentales, ellos tienen derecho a curación. Olvidados como están los niños de "La Colonia", le corresponderá también al ICBF colaborar en la búsqueda de un contorno humano para superar tan terrible aislamiento. La educación de las personas con limitación física o mental es obligación especial del Estado.

?Y si tales personas han sido ubicadas en una casa de beneficencia, corresponde a ésta tal responsabilidad y si no lo hace, como ha ocurrido en el presente caso, viola el derecho fundamental a la educación. La recreación es una facultad inherente al ser humano, aún a los afectados mentalmente. Aunque sus enfermedades algunas veces no ofrezcan perspectiva de derrota de la dolencia, de todas maneras son seres humanos que tienen derecho a encontrarle un sentido a la vida. Y una manera para neutralizar la impotencia frente a las circunstancias es facilitar la recreación. Para ello se requiere que en el albergue haya elementos materiales y funcionales que humanicen el tratamiento, y, en el caso de estudio, pasa todo lo contrario: hay un sistema organizativo que aumenta la desesperación y la locura.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-95
4.4. Integralidad del sistema de protección de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social

Unas madres en representación de sus hijos con discapacidad interpusieron acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ?ICBF-, al considerar que les fueron vulnerados sus derechos fundamentales; por dar terminado la medida especial de protección de hogar biológico que amparaba a los niños y, cuyas familias se encuentran en situación de pobreza.

La Corte Constitucional adujo que el sistema constitucional de protección de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, incluyendo las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad, han concluido que:

a. El menor con discapacidad es un sujeto de especial protección constitucional, condición que se ve reafirmada cuando se encuentra en condiciones de pobreza.

b. El menor con discapacidad debe gozar de la plenitud de los derechos que el ordenamiento reconoce de manera general a todos los menores, sin discriminación alguna por razón de la incapacidad.

c. Toda medida que afecte a los menores con discapacidad en el disfrute de sus derechos se presume inconstitucional y corresponde a las autoridades asumir la carga de la prueba en contrario.

d. Los menores con discapacidad tienen derecho a que se adopten medidas de discriminación positiva orientadas a permitirles su rehabilitación, integración social y disfrute de sus derechos.

e. Corresponde en primer lugar a los padres o a las personas que tengan a su cargo la custodia de los menores asistir y proteger al niño, tarea en la cual, sin embargo, existe una participación de la sociedad y del Estado y una responsabilidad subsidiaria de éste y,

f. En la medida de los recursos disponibles, el Estado debe brindar asistencia pública orientada a permitir que los menores con discapacitados y en condiciones de pobreza extrema accedan a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Donde se deriva, por un lado, que la atención a la que tienen derecho las personas con discapacidad debe ser especializada, toda vez que éstas deben ser objeto de la atención adecuada a su situación, y, por otra, que el deber del Estado hacia las personas con discapacidad se orienta a garantizarles una mejor condición de vida, razón por la cual deben brindarse alternativas terapéuticas, así la razón de la incapacidad no pueda derrotarse.

En ese contexto, la decisión del ICBF de terminar las referidas medidas de protección es contraria al derecho de los menores a recibir la asistencia del Estado para asegurar el pleno goce de sus derechos y en particular al acceso a los servicios que ofrecen los sistemas de educación y de salud.

Por lo tanto, se dispuso que en el término de un mes, el ICBF, practique una evaluación en torno a la situación actual de los menores en orden a determinar si se encuentran dentro de los presupuestos que dan lugar a una medida de protección, a la luz de las previsiones del Código de la Infancia y la Adolescencia. En particular la evaluación deberá referirse a la capacidad de las unidades familiares de los menores para atender sus necesidades básicas y a la manera como sus requerimientos en materia de educación y de salud están siendo atendidos por las correspondientes instituciones del Estado.

Si como resultado de la anterior evaluación se encuentra un déficit en la atención de los derechos de los menores, el ICBF deberá dictar la medida de protección que corresponda, realizando el acompañamiento necesario para que los menores tengan acceso a los sistemas educativo y de salud en los términos del Código de la Infancia y de la Adolescencia, Así mismo se ordenará a la Directora del ICBF y al Director de Promoción Social del Ministerio de Protección Social, como responsables del Plan Nacional de Discapacidad, que en el término de cuatro meses presenten las bases de una política pública específicamente orientada a atender las necesidades de los menores con discapacidad y en condiciones de extrema pobreza, comprendiendo los componentes de educación, salud y asistencia, en los términos de la Ley 1098 de 2006, que incluya la programación de las partidas presupuestales necesarias, así como indicadores que permitan medir permanentemente el avance, el estancamiento o el retroceso en la cobertura de tales derechos. nota 1

En otra sentencia la Corte manifestó que se vulneran los derechos a la vida digna, educación y rehabilitación de niños con discapacidad, cuando se declara la terminación de la medida de protección a su favor -hogar gestor- donde venían recibiendo un tratamiento integral para sobrellevar la discapacidad que los aqueja. Olvidándose que la responsabilidad no debe limitarse al carácter temporal señalada en los lineamientos internos, si no todo lo contrario, deben ofrecerse alternativas para continuar con el tratamiento que se venia dando.

Pues el ICBF es una institución de servicio público comprometida con la protección integral de la familia y en especial de la niñez, por lo que adquiere el compromiso de guiar y asesorar a través de los diferentes seguimientos a las familias que se encuentren en una situación económicamente precaria, para adoptar las medidas necesarias a fin de continuar con el tratamiento, valiéndose de las entidades públicas y privadas encargadas de prestar atención a los niños en los diferentes campos, pero bajo su responsabilidad, supervisión y liderazgo, como entidad del Estado creada con ese fin. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-608-07
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-816-07
4.5. Interrupción de embarazo en mujer con discapacidad

Desconoce una Entidad Promotora de Salud los derechos al amparo especial que le confiere el ordenamiento constitucional a las personas con discapacidad (artículos 47, 13 C. N.) así como la protección de la dignidad humana (artículo 1º de la C. N.), cuando se niega a practicar de manera pronta y urgente una cirugía tendiente a interrumpir el embarazo de una joven cuya discapacidad es un hecho notorio ? en este caso, limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que le impiden manifestar su consentimiento de manera libre y directa - quien fue víctima de abuso carnal sin consentimiento y abusivo.
Es importante resaltar que si se desea garantizar ciertamente el respeto por los derechos constitucionales fundamentales de las personas con discapacidad no puede tratarse a estas personas ?como si se tratara de un ?grupo homogéneo? y ha de atenderse a su edad, a su nivel educacional y socio económico. No puede, en suma, dejarse de lado la severidad de la discapacidad en cada caso particular tanto como el momento de aparición de la misma.
De ahí, que para el caso en concreto, las entidades prestadoras de salud que exijan el cumplimiento de requisitos formales adicionales al denuncio para practicar el aborto inducido en una mujer notoriamente discapacitada ?con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que imposibilitan la exteriorización libre y directa de su consentimiento? la cual ha sido víctima de abuso carnal violento, sin consentimiento o abusivo, incurren en un grave desconocimiento de la protección que se deriva para las personas con discapacidad de la Constitución Nacional así como de lo consignado en el ámbito internacional. Bajo esas circunstancias, las autoridades públicas y los particulares que obren en calidad de tales, han de interpretar las normas de modo que más favorezca a estas personas pues, de lo contrario, al dilatar en el tiempo la práctica del aborto inducido las pondrán en un absoluto estado de indefensión en contravía de lo dispuesto por el artículo 13 superior, así como de la jurisprudencia consignada en la sentencia C-355 de 2006. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-988-07

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