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6. Protección al derecho a la educación

6.1. Derecho a la educación de personas con discapacidad

6.1.1. Educación especial del estudiante con discapacidad psiquica como medio para lograr una igualdad real

?La madre de un menor que sufre retardo mental, interpuso una tutela contra un colegio que se negó a recibir al niño al no cumplir con algunos requisitos exigidos (edad cronológica, incapacidad de dar una adecuada educación) por la institución. La Corte Constitucional señala que los menores discapacitados no sólo tienen una importante proclamación de derechos, sino que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º de la Carta, aquellos pueden exigir el cumplimiento y la efectividad de sus derechos y de las garantías consagradas legal y constitucionalmente.

?Una forma de promover las condiciones para que sea efectivo el derecho a una igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educativo de los menores discapacitados, es otorgarles un trato cualificado y privilegiado. Por lo tanto, en algunas oportunidades, el derecho a la educación especial puede constituirse en un instrumento idóneo, adecuado y necesario para "la normalización social plena y la total integración de las personas con limitación" (art. 2 de la Ley 361 de 1997). Para algunos críticos nota 1 la educación especial podría promover formas de discriminación, como quiera que podría conducir al aislamiento de los discapacitados, o podría orientar a la negación del derecho, por la insuficiencia de colegios y de escuelas especializadas en el país.

?Después de ponderar situaciones concretas en las que se discutía la necesidad de una educación especial para los menores, varias sentencias de la Corte Constitucional nota 2, permiten deducir las siguientes subreglas:
a) la acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del derecho a la educación de los menores discapacitados.
b) la educación especial se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la acción de tutela sólo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del menor.
c) Si está probada la necesidad de una educación especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo.
d) En caso de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera ese tipo de instrucción, esta no sólo se preferirá sino que se ordenará.
e) Ante la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor discapacitado. Por consiguiente, la jurisprudencia ha considerado que la educación especializada, a priori, no puede considerarse un motivo de discriminación sino que por el contrario se constituye en un mecanismo eficaz e idóneo para promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.?* nota 3

De igual forma, la Corte señaló que se viola el derecho a la educación integral de niños y niñas con autismo o discapacidad cognitiva moderada, cuando un centro de educación especial oficial le niega el cupo de acceso, bajo el argumento de no tener el niño las condiciones cognitivas adecuadas para compartir aula de clases con otros menores que no sufran su discapacidad.

La Corte consagró que en correspondencia con las obligaciones que emanan del derecho internacional de derecho humanos, muchas de ellas vinculantes por la figura de bloque de constitucionalidad, el Estado colombiano debe proceder de manera expedita y eficaz a asegurar a toda la población con discapacidad la garantizar del derecho a la educación, eliminando no sólo de manera inmediata las barreras de discriminación, sino también la de adoptar las medidas necesarias para su integración a la vida social. Por lo tanto la acción de tutela debe prosperar cuando las personas con discapacidad son privadas o no se les brinda oportuna y adecuadamente el acceso a su derecho fundamental a la educación.

Por lo tanto se ordená a la Secretaría Distrital de Integración Social que realice las gestiones pertinentes para que el niño sea incluido en el Proyecto 205 relativo a la ?Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo o discapacidad cognitiva moderada? y en consecuencia, empiece a ser atendido de manera integral de acuerdo a los términos del proyecto, en el Centro Crecer.

En caso de existir imposibilidad material de abrir un nuevo cupo en esta institución para la atención del niño, la se deberá contratar con una institución particular que preste el servicio de educación especial cerca al lugar de residencia de la accionante, por el tiempo que sea indispensable y hasta tanto, esté en capacidad de ofrecer la atención requerida en un centro de educación especial oficial o con el cual el Distrito tenga convenio. nota 4

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Sobre algunos riesgos de la educación especial, pueden consultarse los conceptos técnicos que analiza la sentencia T-429-92
  2. Pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional T-429-92, T-036-93, T-298-94, T-329-97, T-513-99 y T-792-07
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-620-99
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-170-07
6.1.2. Principio de interés superior del menor con discapacidad psíquica: derecho a la educación especial

?La Corte Constitucional encontró que el principio pro infans, en el caso concreto, no fue acatado por la institución educativa demandada. El niño que sufre retardo mental, a la situación de indefensión propia de su edad y condición agrega la derivada de su defecto psíquico y, por consiguiente, plantea a la sociedad la máxima exigencia de protección. La Constitución impone, deberes concretos a los padres, docentes, miembros de la comunidad y autoridades públicas, que se enderezan a la ayuda y protección especial al menor disminuido físico o mental, de modo que se asegure su bienestar, rehabilitación y se estimule su incorporación a la vida social. Los disminuidos físicos o mentales, en cierta medida, por su falta de autonomía, están inexorablemente supeditados a los demás, y si la sociedad no responde a su muda convocatoria de solidaridad, se ven abocados a su destrucción o a los padecimientos más crueles.

?El deber de solidaridad predicable de la autoridad docente frente al educando, va más allá de la caridad -casual, arbitraria, particular y subjetiva- y de la contraprestación y juego de derechos y obligaciones. La raíz y el sentido de la solidaridad, en este contexto, no es otro que la persecución del bien del otro. Si de por medio está el menor disminuido psíquico, la solidaridad se torna en compromiso y adhesión con el desfavorecido. No se percibe lamentablemente esta actitud en la conducta de quien ha debido suministrar la información que, sin duda, habría permitido a sus padres la renovación de la matrícula del menor, posibilitando a éste la prosecución de sus estudios. No se hizo así y se produjo su violación al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, en relación con aquéllos que sí pudieron acceder al centro educativo y que se encontraban en la misma situación.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-298-94
6.1.3. Principio de integración de las personas con discapacidad psíquica: educación especial como recurso excepcional

?La madre de un menor que sufre de algunas afecciones mentales y físicas quiso matricular a su hijo en un colegio "normal". El plantel educativo se negó a recibirlo alegando ausencia de facilidades arquitectónicas y deficiencias en la preparación de su personal. La Corte Constitucional observa que de conformidad con los mandatos constitucionales y legales, la educación ordinaria se ofrece a todos los niños sin reparar en sus eventuales limitaciones o necesidades especiales y supone el acceso y permanencia en la cotidiana normalidad. La educación especial ha de concebirse sólo como recurso extremo para aquellas situaciones que, previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la Institución educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer efectivo su derecho a la educación. Por tanto, la educación especial no podrá nunca servir de instrumento para la negación del derecho constitucional prevalente de acceso y permanencia en el sistema educativo que hoy tienen los niños colombianos".?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-513-99
6.1.4. La prestación del servicio educativo no puede ser suspendida a la persona con discapacidad siquica por razón de la edad

Se afecta el derecho a la educación de una persona con discapacidad psíquica al suspenderle el cubrimiento del servicio de educación especial que recibía, con el argumento de haber alcanzado la mayoría de edad.

La Corte Constitucional ha establecido que el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad síquica no puede tener como límite la minoría de edad, dadas sus particulares circunstancias y la especial protección consagrada en su favor por el ordenamiento constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, como el deber de ?previsión, rehabilitación e integración para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos?. Además por la relación funcional que existe entre el derecho a la educación y los contenidos mínimos garantizados por el principio de la dignidad humana. De otra parte, la edad mental de estas personas es asimilable a la de los menores de edad, lo que sumado a su especial estado de vulnerabilidad, los hace sujetos titulares de dicho derecho fundamental. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-487-07
6.1.5. Requisitos para una adecuada integración educativa de las niñas y niños con discapacidad

Los directivos de una Asociación de Padres de Familia de un Centro de Educación Especial de Cali interpusieron acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación de esa ciudad, al considerar que los actos administrativos por ella proferidos, que decidieron el traslado de algunos estudiantes discapacitados a centros de educación oficial regular, vulneraban los derechos fundamentales de los menores a la dignidad humana, al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la protección especial de las personas con discapacidad. En criterio de los accionantes, dichas instituciones de enseñanza carecían de los recursos suficientes para brindar la formación adecuada a los niños con limitaciones tales como síndrome de Down, parálisis infantil, autismo y diversas clases de retardo psíquico.

La Corte Constitucional señaló, que en el caso de la educación de las personas con discapacidad, es determinante el hecho que las elecciones relativas a la adscripción dentro de un modelo de integración o de atención especializada deben analizar suficientemente las condiciones de cada persona en particular. Este análisis, además, debe efectuarse con una mayor intensidad y cuidado en el caso que el afectado con la política sea menor de edad, en razón que es titular de un interés constitucional prevalente (Art. 44 Constitución Política). De ahí, que no desconoce que la eficacia del derecho fundamental a la educación de los niños con discapacidad está supeditada al cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, no discriminación y aceptabilidad, en el entendido que el sistema educativo no puede cerrar sus puertas a los alumnos con limitaciones físicas, mentales o sensoriales o, simplemente, brindar una formación que carezca de las características esenciales de pertinencia, adecuación cultural y calidad.

En este sentido, la Corte exhortó a la Secretaría de Educación para que verificara el cumplimiento de los requisitos para garantizar la prestación satisfactoria del servicio educativo a los menores de edad con discapacidad, a través de educadores debidamente capacitados para el efecto y en instalaciones que se adaptaran a las distintas limitaciones de los educandos. Igualmente, en todos los casos, la integración a las instituciones educativas regulares deberá contemplar una evaluación psicopedagógica y un diagnóstico interdisciplinario, en los términos del parágrafo del artículo 3º de la Resolución 2565 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, que define los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales nota 1.

En otra sentencia, la Corte señaló que las instituciones del sistema de educación general tienen el deber de permitir a las personas con discapacidad el acceso a tal derecho en entornos integrados, a fin de contribuir en su proceso de integración social, así ello implique un esfuerzo adicional razonable de su parte, pues tal proceso debe ser impulsado por directo mandato constitucional (C.P. art. 47). nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-440-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-792-07
6.1.6. Se vulnera el derecho a la educación al suspender la contratación de interpretes de señas

Se vulnera el derecho a la educación de un niño con discapacidad auditiva, cuando una entidad como la Gobernación y Secretaría de Educación suspende la contratación de los intérpretes de señas. Olvidando los principios orientados a la protección de aquellas personas que, debido a sus condiciones de especial vulnerabilidad, merecen una mayor atención por parte del Estado para lograr el efectivo desarrollo de sus derechos, especialmente los que gozan de carácter fundamental. La especial protección de los grupos marginados en materia de rehabilitación e integración de éstos con la sociedad se encuentra relacionada con el desarrollo de proyectos educativos que beneficien a personas con limitaciones físicas, sensoriales y síquicas, más aún si se trata de menores de edad, en virtud del carácter fundamental que adquiere el derecho a la educación, de modo tal que puedan desenvolverse productivamente dentro de la comunidad.

De ahí, que la responsabilidad de la Gobernación y en general del Estado, va más allá de garantizar a los menores el acceso material a un centro educativo, sino que es indispensable que el niño logre captar los conocimientos que allí se imparten, situación que obviamente se ve truncada si no existe un medio de comunicación adecuado en la relación docente?alumno. En estas circunstancias, es deber del Estado, tomar las medidas pertinentes para lograr que el acceso al servicio público de educación sea real y efectivo y, se lleve a cabo sin interrupciones. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-454-07
6.1.7. Derecho fundamental a la igualdad y a la educación de la población con discapacidades

Se viola el derecho a la educación de personas mayores de edad que padecen algún grado de discapacidad, cuando un ente territorial decide suspender el subsidio económico que venia siendo consignado en la institución que prestaba los servicios educativos especiales requeridos. Olvidándose que es deber del Estado y la sociedad brindar la asistencia particular y de adelantar esfuerzos ingentes para garantizar el máximo nivel de desarrollo de sus libertades, consiste en las condiciones objetivas de discapacidad del cual provienen sus necesidades especiales.

Pues este servicio, debe comprenderse no sólo desde el haz de su dimensión académica sino dentro de una perspectiva más compleja en el cual sean atendidas las diferentes facetas que participan en el proceso educativo de los ciudadanos, es decir, abarca fines específicos que difieren de manera considerable, en una distinción de grado, en el caso de las personas con necesidades educativas especiales. En este escenario el intercambio social adquiere una notable importancia pues resulta indispensable para alcanzar el más alto aprovechamiento de las facultades de estas personas y, en tal sentido, para asegurar el mejor desarrollo de sus libertades.

De esta manera la duración del proceso durante el cual transcurre la formación no puede verse bajo los mismos lineamientos empleados en el caso de la población ordinaria.

De ahí, que la aplicación de los límites de edad diseñados para la política educativa dirigida a la población ordinaria constituye una violación del derecho fundamental a la igualdad y a la educación de la población con discapacidades. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-984-07
6.1.8. Derecho a la educación inclusiva

Se vulneran los derechos fundamentales a la educación, a la vida digna y a la igualdad de los niños y niñas con discapacidad cuando no se cumplen las políticas de integración en materia educativa, especialmente en la pertenecía y vinculación al aula regular de cualquier institución educativa.

Lo anterior implica el deber de las entidades estatales de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del servicio de educación a personas con discapacidad, el que debe darse en aplicación del derecho a la igualdad y con observancia de las condiciones especiales de cada individuo, de tal forma que los procesos de aprendizaje y socialización sean lo más parecido posible a los de cualquiera de los educandos que carecen de discapacidad. En este sentido, se les debe proporcionar todos los medios que se tengan al alcance con el fin de obtener un adecuado desarrollo conforme a sus capacidades, a partir de una política inclusiva.

Pues si bien los procesos de integración en materia educativa para niños con discapacidad, se encuentran constitucional y legalmente aceptados, especialmente si se tiene en cuenta que la educación especial se concibe como un recurso extremo, dicho proceso debe darse de manera pacífica, a fin de que las medidas adoptadas no agraven la situación particular de los sujetos de especial protección. Por tanto, los lineamientos bajo los cuales debe desarrollarse la adaptación de las personas con alguna discapacidad, debe hacerse en coordinación con toda la comunidad educativa, a fin de evitar que estas situaciones en vez de generar una adaptación adecuada, conlleven a una discriminación o perturbación en el proceso de aprendizaje tanto para el sujeto especial como para los demás miembros de la comunidad, brindando un adecuado acompañamiento en la totalidad del proceso de adaptación.

De esta manera se ordenó iniciar las gestiones necesarias para preparar y capacitar a toda la comunidad educativa en materia de integración y formación de las personas con algún tipo de discapacidad, dando cumplimiento a los lineamientos hechos por el Ministerio de Educación en materia de integración educativa. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-473-09
6.1.9. El principio de progresividad y la prohibición de regresión en la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad

Un ciudadano con una discapacidad auditiva por hipoacucia sensorial profunda bilateral, interpuso acción de tutela contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, pues el SENA se había negado a abrir una convocatoria para la población no oyente que brindara la oportunidad de cursar el programa de mantenimiento de hardware en el período lectivo 2006. Este programa había sido convocado en los años 2004 y 2005.

La Corte Constitucional señaló que tal decisión estaba desconociendo la normatividad que regía la materia y la jurisprudencia sobre protección especial a las personas con discapacidad, además del principio de progresividad y no regresividad. La Corte fundamentó su decisión en los siguientes aspectos:

(i) Existe un amplio consenso internacional respecto del deber de los Estados de remover los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad acceder en igualdad de condiciones a la plena realización y efectividad de sus derechos. Lo anterior, regido por la prohibición de retroceso en los avances logrados en la materia y, a su vez, por el compromiso de efectividad progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población.

(ii) La población con discapacidad constituye un grupo social de especial protección constitucional por la situación de marginalización en que ha permanecido a lo largo de la historia, lo cual implica de parte de las autoridades públicas adoptar medidas enderezadas a eliminar todas las formas de discriminación, mediante acciones afirmativas que garanticen su pleno disfrute de los derechos de los cuales son titulares.

(iii) Por expreso mandato constitucional (C.P. art. 47), el Estado tiene el deber de propender por la rehabilitación y la integración social de las personas que padecen cualquier tipo de limitación física, mental o sensorial.

(iv) El derecho a la educación técnica y superior implica la igualdad de acceso con base en criterios de mérito académico y la prohibición de establecer discriminaciones basadas en criterios sospechosos. En el caso de las personas con discapacidad, a partir del derecho internacional de los derechos humanos y del propio ordenamiento constitucional, surge la obligación del Estado de establecer tratos favorables para lograr la igualdad real y efectiva en dicho acceso.

(v) De conformidad con los instrumentos internacionales y la hermenéutica efectuada por sus intérpretes autorizados, los mandatos constitucionales, la legislación en materia de derecho a la educación de las personas con discapacidad, y la reiterada jurisprudencia proferida por este Tribunal Constitucional, el modelo por el que deben propender los Estados contemporáneos, en la medida de sus posibilidades, es el de la integración de las personas con discapacidad al sistema general de educación, a fin de garantizar una verdadera integración social.

Para la Corte, el SENA como institución educativa de carácter público, debe ceñirse estrictamente a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el ámbito internacional, a más de ajustar sus procedimientos y actuaciones al ordenamiento jurídico interno y, específicamente, a la normatividad que configura la política pública específica para el caso de la población con limitaciones auditivas.

La Corte hace énfasis en que una medida que implique un retroceso en los logros alcanzados respecto de deberes prestacionales dirigidos a garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los discapacitados, requiere una justificación satisfactoria que conlleve el cumplimiento de un fin imperioso a la luz de los principios constitucionales, pero que, en ningún caso, puede depender de criterios voluntaristas o que no resistan un análisis de razonabilidad, en la medida en que representen un sacrificio desproporcionado para los derechos de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección.

Por lo anterior, la Corte ordenó al Servicio Nacional de Aprendizaje ?SENA-, que ofrezca el programa de mantenimiento de hardware para el período lectivo correspondiente al año 2007, en su modalidad de curso mixto (para personas sordas y oyentes), y que en el futuro se abstenga de suspenderlo nuevamente en virtud del principio de progresividad que debe regir sus actuaciones. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-884-06
6.1.10. Doble cuota de subsidio familiar para estudiantes universitarios con discapacidad

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 -parcial- de la Ley 21 de 1982, conforme al cual,: ?Los hermanos huérfanos de padre y los hijos que sean inválidos o de capacidad física disminuida, y que hayan perdido más del sesenta por ciento (60%) de su capacidad normal de trabajo, causarán derecho al subsidio familiar sin ninguna limitación en razón de su edad y percibirán doble cuota de subsidio si reciben educación o formación profesional especializada en establecimiento idóneo.? El actor afirmó que la norma violaba los artículos 13 y 47 de la Constitución Política, pues según él condicionaba injustificadamente el acceso a la doble cuota de subsidio para las personas con discapacidad, pues para recibirla tenían que formar parte de un centro de educación superior. Teniendo en cuenta que es deber del Estado proteger especialmente a aquellos que se encuentren en condiciones económicas, físicas o mentales desfavorables, y que debe además adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad, la condición impuesta iría en contra de estos preceptos.

La Corte decidió declarar exequible la norma, pues consideró que el trato diferente que se da a quienes estudian y reciben por esto una doble cuota, se justifica por los altos costos de la educación superior en Colombia. La diferenciación que se hace es totalmente objetiva, razonable y proporcional, pues las personas con discapacidad que tienen la posibilidad de estudiar en estos institutos no son muchos y los presupuestos jurídicos y fácticos que dan lugar al ejercicio efectivo de la igualdad no son absolutos, eternos o inmóviles, sino que son relativos, temporales y dinámicos, por lo que pueden cambiar como en este caso, haciéndose una diferenciación entre miembros de una misma clase de personas, las personas con discapacidad que estudian en un plantel de educación superior y los que no. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-559-01
6.1.11. Derecho a percibir beneficios convencionales hasta la liquidación de la empresa

Un padre en representación de su hija con discapacidad interpuso acción de tutela contra un Instituto en liquidación, al considerar que se desconocía el derecho fundamental a la educación de la menor al suspenderse, intempestivamente, el subsidio de educación otorgado por la convención colectiva de trabajo y reconocido también para los hijos de los pensionados en virtud de la ley 4 de 1976. Como consecuencia de esa decisión, el tratamiento educativo que se le venía prestando a la menor fue suspendido.

Al respecto la Corte Constitucional, recordó que el ordenamiento jurídico internacional propugna por una protección especial a las personas con discapacidad. En este sentido, consideró que el otorgamiento de subsidios a los trabajadores y pensionados por los organismos públicos y reconocidos por Convenciones Colectivas, para colaborar en la disminución de la carga económica que implica, en algunos casos, el alto costo de la educación especial, puede constituirse como una medida progresiva en materia de derechos fundamentales, pues persigue el cumplimiento de los postulados que tanto a nivel nacional e internacional se han establecido en materia de protección de las personas con discapacidad.

De otra parte, recordó que en la Sentencia C-902 de 2003 ya esa Corporación había precisado que las convenciones colectivas regían los contratos de trabajo mientras la relación laboral subsistiera. De tal forma que, en un proceso de liquidación de una entidad u organismo administrativo nacional, la convención que se encontrara vigente al momento de la liquidación del organismo, debía ser aplicada hasta la terminación del proceso de liquidación.

En el caso concreto objeto de estudio, la Corte encontró que la convención colectiva del Instituto accionado aún se encontraba vigente pues aún no había sido denunciada ni se había terminado el proceso de liquidación.

Frente al tema de la suspensión del tratamiento educativo la Corte estimó que debía considerarse que en los casos de personas con discapacidad era aplicable el principio de continuidad de la protección del derecho a la educación especial. En otros términos, la protección efectiva de estos derechos fundamentales lleva al juez de tutela a impedir que por controversias de índole contractual, económicas o administrativas, se ponga en riesgo los resultados que tal proceso pueden generar.

La Carta Política protege el derecho fundamental a la educación como un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. Así mismo, este cobra una vital importancia en los casos de niños con discapacidad.

Por lo anterior, la Corte ordenó el pago del subsidio al padre de la menor con discapacidad, desde la fecha de la notificación de la Sentencia hasta la liquidación efectiva de la entidad, con el fin de continuar con el tratamiento educativo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-886-06
6.1.12. Acceso al servicio público de educación

Se vulneran los derechos fundamentales a la educación, a la vida, a la salud y a la seguridad social de una niña con discapacidad, cuando una autoridad administrativa municipal decide no renovar un convenio administrativo, por motivos de prohibición de la ley de garantía, negando la prestación del servicio de educación especial y las terapias adecuadas para la atención de la niña beneficiaria. Así como la negativa de brindar el servicio de transporte escolar.

Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho constitucional de carácter social a la educación en el caso de las personas con discapacidades de diverso orden, cuenta con un contenido mínimo no susceptible de ser alterado, que se halla definido en la ley y en los actos administrativos respectivos, derivado de la propia Carta constitucional. Contenido que debe ser protegido y garantizado por las autoridades, permitiendo la realización progresiva de este derecho hasta que las personas puedan gozarlos plenamente.
Además de la progresividad, el derecho a la educación cuenta con algunos elementos que lo convierten en un derecho fundamental de aplicación inmediata. Esto implica el deber correlativo de las entidades estatales de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del servicio de educación, los cuales deben suministrarse en condiciones de igualdad, y bajo la consideración de las condiciones especiales de las personas afectadas con dichas limitaciones, de tal forma que los procesos de aprendizaje y socialización de tales sujetos sean lo más parecido posible a los de cualquiera de los educandos que carecen de alguna discapacidad.

Por lo tanto, se ordenará al ente municipal realizar las gestiones pertinentes para que la niña sea incluida dentro de algún programa relativo a la atención terapéutica en las mismas condiciones en que venía siendo atendida, advirtiendo que en el futuro la administración municipal debe tener en cuenta las contingencias legales que se pueden presentar en la ejecución del servicio, con el fin de garantizar la continuidad y la inviolabilidad de la progresividad del mismo. Asimismo incluir a la niña dentro del sistema de transporte escolar que ofrece el municipio, atendiendo las necesidades especiales propias de su condición. En caso de existir imposibilidad material de abrir un nuevo cupo en una institución para brindar la atención ordenada, deberá contratarse con una institución particular que preste el servicio de educación especial cerca al lugar de residencia de la accionante, por el tiempo que sea indispensable y hasta tanto esté en capacidad de ofrecer la atención requerida en un centro de educación especial oficial. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-282-08
6.1.13. Asignación de salones de clase de acuerdo a discapacidad

Se viola el derecho a la educación de un niño quien padece una discapacidad motora, que le dificulta el traslado y el desplazamiento a tiempo a los salones de clases durante la jornada escolar, cuando una institución educativa establece la metodología de circulación, en donde los estudiantes dependiendo de las asignaturas de turno, deben trasladarse de un salón a otro a lo largo de la jornada educativa.

La Corte manifestó que las personas con limitaciones psíquicas y físico sociales: i) gozan de la especial protección del Estado; ii) son titulares de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad, en los componentes prestacionales reconocidos y determinados por el Estado en el marco de su política pública de educación; quiere decir que iii) estas personas pueden reclamar directamente los contenidos fundamentales del derecho a la educación que derivan directamente de la Carta por vía de la acción de tutela.

Lo anterior implica el deber correlativo de las entidades estatales de i) garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del servicio de educación, los cuales deben suministrarse en condiciones de igualdad, y bajo la consideración de las condiciones especiales de las personas afectadas con dichas limitaciones, de tal forma que ii) sus procesos de aprendizaje y socialización sean lo más parecido posible a los de cualquiera de los educandos que carecen de alguna discapacidad.

Por lo anterior, la Corte estimó que existe una violación del derecho a la educación de la niña con discapacidad, en la medida en que el sistema vigente en el colegio, mediante aulas especializadas, la perjudica notoriamente en su proceso educativo, dado que por su incapacidad motora no puede asistir a tiempo a las clases, no tiene la posibilidad de atender de manera completa al material asignado para cada materia y se le dificulta el traslado permanente y rápido durante la jornada escolar.

En consecuencia, se ordenó al colegio tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pueden impedir el acceso a la educación de la niña con discapacidad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-022-09
6.1.14. Derecho a la educación superior

Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación de una persona que sufrió una disminución de su capacidad laboral, como consecuencia de la prestación de sus servicios a una institución militar, cuando se niega la solicitud de la asignación de una beca para adelantar estudios de educación superior.

La Corte Constitución ha señalado que las personas con discapacidad mental, física, sensorial o cognitiva son titulares del derecho fundamental a la educación, derecho que no está limitado por la edad o por cualquier otro criterio de distinción, como el nivel educativo o el grado de instrucción. De manera general, ese derecho se deriva de los términos genéricos en que está consagrada su protección constitucional y de su condición de sujetos de especial protección; de las normas, tratados y convenios internacionales que desarrollan la materia y que se entienden incorporados al ordenamiento jurídico interno en virtud del artículo 93 de la Constitución; de la estrecha relación que existe en estos casos entre el derecho a la educación y la realización de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad; y de la obligación del Estado de garantizar su integración social y su adecuado desarrollo a través de la provisión de los medios requeridos para elevar su autonomía personal y las posibilidades de autosostenimiento.

Al respecto los artículos 13, 47 y 68 de la Constitución Política y de los tratados y convenios internacionales ratificados y aprobados por el Estado colombiano, en aplicación de las normas nacionales que regulan la materia y en ejercicio de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, el Estado se encuentra obligado a adoptar acciones afirmativas en el ámbito educativo -como lo es la concesión de becas- para que las personas con discapacidad se integren en debida forma a la sociedad.

En consecuencia se ordenó adelantar los trámites requeridos para que el apoyo económico otorgado por el Comité de Capacitación para el Programa de Apoyo a Personal Herido en Combate, Resultados Operacionales Sobresalientes y Apoyos a las Unidades, se haga efectivo a partir del segundo período académico del año 2009. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-515-09
6.2. Límites al derecho a la educación de la persona con discapacidad

6.2.1. Limitación física que no afecta el desarrollo mental de una persona con discapacidad

?Una persona de 22 años de edad, que sufrió polio y por ello quedó con una discapacidad para caminar, solicitó a una escuela que lo dejara matricular en el grado 5º de primaria, a lo cual la institución se negó alegando ausencia de cupos y que el actor superaba la edad requerida por la institución. La Corte Constitucional encuentra que la limitación física que padece el actor, obligado a desplazarse con la ayuda de muletas, es una dificultad de movilización, que no permite afirmar que el actor deba ser tratado como un menor edad, y que sea obligatoria su aceptación en un centro educativo especializado en otorgar educación a menores. La limitación física del demandante, por sus características, no lo hace menos adulto.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-534-97
6.2.2. Obligación de los estudiantes de cumplir los deberes mínimos de asistencia a clase

?Una persona de 22 años de edad, que sufrió polio y por ello quedó con una discapacidad para caminar, solicitó a una escuela que lo dejara matricular en el grado 5º de primaria, a lo cual la institución se negó alegando ausencia de cupos y que el actor superaba la edad requerida por la institución. La Corte Constitucional encuentra que la limitación física que padece el actor, obligado a desplazarse con la ayuda de muletas, es una dificultad de movilización, que no permite afirmar que el actor deba ser tratado como un menor edad, y que sea obligatoria su aceptación en un centro educativo especializado en otorgar educación a menores. La limitación física del demandante, por sus características, no lo hace menos adulto.?* nota 1Se vulneran los derechos fundamentales de un trabajador que ha sido separado de su cargo por una discapacidad adquirida por un accidente de trabajo y quien se encontraba afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, cuando la administradora niega la pensión de invalidez fundada en una norma que si bien estaba vigente al momento de estructuración de la invalidez, impone condiciones más gravosas que las contenidas en la legislación precedente.

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1073-06
6.3. Derecho al consentimiento informado de persona con discapacidad mental para decidir sobre el derecho de reproducción

Una madre en representación de su hija beneficiaria y quien presentaba retraso mental y epilepsia refractaria interpuso acción de tutela contra el Seguro Social, por negarse a efectuar una esterilización quirúrgica a la menor, a fin de evitar que quedara embarazada. La Corte adujo que se vulneraron los derechos de autonomía, a la dignidad humana, y el derecho a la reproducción de una mujer con una discapacidad mental leve, cuando el Estado y la sociedad no le proveen el conocimiento necesario para que pudiera adoptar decisiones autónomas en relación con el manejo de su sexualidad. Señaló que los servicios de seguridad social que se presten a las personas con debilidades físicas o mentales deben servir como mecanismos para la superación, no sólo de una condición patológica, sino, principalmente, para brindarles la mayor capacidad para que sobrepasen las barreas físicas o mentales que los aíslan o les impiden desarrollar sus propias actividades, entre ellas el impartir la educación sexual y reproductiva adecuada.

La Corte decidió ordenar al Instituto de los Seguros Sociales, para que, convocara un equipo de médicos especialistas en neurología, psiquiatría y ginecología, a fin de que evaluaran las diversas opciones médicas a las que se podía acudir en procura de preservar al máximo las condiciones físicas necesarias para que la persona con discapacidad pudiera adoptar decisiones autónomas en relación con el manejo de su sexualidad, descartando aquellas opciones que tuvieran carácter quirúrgico y definitivo y que resultaran inadecuadas a su condición de salud y al tratamiento que recibía para controlar la epilepsia que padecía. Igualmente ordenó al Seguro Social incorporar a la mayor brevedad posible a la persona con discapacidad en un programa de educación especial de acuerdo con sus necesidades, en el cual se le impartiera la educación sexual y reproductiva adecuada para las personas con sus condiciones mentales específicas, tendiente a capacitarla para ejercer su sexualidad e informarle de las repercusiones de la maternidad, de acuerdo con su condición, intereses y capacidades nota 1.

En otro caso, actuando como agente oficiosa, la madre de una mujer con discapacidad mental interpuso acción de tutela para que una EPS procediera a practicarle una intevensición quirurgica denominada ?pomeroy? a su hija para evitar un eventual embarazo.

La Corte Constitucional precisó que:

i) un procedimiento quirúrgico de esterilización definitiva femenina, denominado tubectomía (corte de trompas) constituía una restricción severa de un derecho fundamental;

(ii) que en tal virtud, dicha restricción severa de derechos no podía ser simplemente autorizada por el representante legal de una mujer incapaz, sino que además era menester obtener previa autorización judicial, dentro de un proceso distinto de la tutela en el cual se demostrara que tal mujer incapaz tenía problemas mentales que le impedían específicamente dar el consentimiento para ese tipo concreto de procedimientos quirúrgicos;

(iii) que sin dicha autorización judicial previa, no era posible al representante legal del incapaz acudir ante el juez de tutela a demandar la práctica de la intervención;

(iv) que si se tratara de una mujer incapaz mayor de edad, adicionalmente se exigía la declaración previa de su estado, por medio de un proceso de interdicción de sus derechos y discernimiento de una guarda.

Lo anterior, a juicio de la Corte, obedece a la necesidad de estudiar en cada caso concreto la situación de la mujer incapaz que pretende ser esterilizada en forma definitiva, a fin de determinar especialmente dos asuntos: primero, su nivel de autonomía, y segundo, la medida o medidas de protección alternas o complementarias que se acomodan a su particular situación personal, familiar y social. Pues, no siempre los niveles de autonomía de las personas con incapacidades psíquicas son iguales, ni siempre son irreversibles. Tales incapacidades admiten grados, pudiendo ser más o menos leves, y comprometiendo en mayor o menor medida la posibilidad de un comportamiento autónomo en el manejo de la propia sexualidad y en la posibilidad de optar por la maternidad.

Por estas razones, la Corte encontró que la acción de tutela era improcedente por falta de legitimación en la causa por activa. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-850-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-492-06

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