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9. Deberes de las entidades financieras hacia las personas con discapacidad

9.1. Deber de pagar dineros adeudados a personas con discapacidad por entidades en liquidación

9.1.1. Afectación del mínimo vital de la persona con discapacidad por retener dineros que se le adeudan

La actora constituyó un CDAT (Certificado de Depósito de Ahorro a Término), en una entidad financiera con el dinero fruto de una indemnización por unos perjuicios causados por lesiones personales, que le disminuyeron en un 75% la capacidad laboral. Su objetivo era suplir sus necesidades y las de su hijo con los rendimientos financieros que le reportaría dicho certificado. La cooperativa fue intervenida por la Superintendencia Bancaria, y suspendió todos los pagos a sus ahorradores, causándole un grave perjuicio a la tutelante. La Corte afirmó que al estar frente a una entidad que presta un servicio publico, procede la acción de tutela. A pesar de que para estos eventos existe otro medio de defensa judicial, atendidas las circunstancias que atraviesa la señora, es menester prodigarle un tratamiento excepcional, debido a que las medidas adoptadas por la entidad demandada, realmente han puesto en peligro su salud y su vida. Se encuentra enfrentada a una notoria debilidad manifiesta en donde su mínimo vital y su salud aparecen violentados de forma evidente, teniendo en cuenta su minusvalía física y carencia económica nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-709-00
9.1.2. Prevalencia del derecho material sobre las formalidades para reclamar dineros

La accionante de la tercera edad, padecía múltiples enfermedades desde hace años, por lo que no pudo desempeñar una actividad laboral constante. Se vinculó hace años como catedrática universitaria, y solo contaba con el ingreso de su trabajo para sostener a su hija y para pagar los gastos médicos que sus enfermedades le ocasionan. La actora ahorró durante los últimos años de trabajo para su vejez en un CDT en cierta entidad financiera pero al momento de retirar el dinero encontró que la entidad se encontraba intervenida y en proceso de liquidación. Radicó la solicitud de reclamación para obtener el reintegro de su dinero extemporáneamente y no lo logró, por haber allegado tarde dicha solicitud. La Corte afirma que aunque existe otro medio de defensa judicial, la Constitución Política ha permitido que la acción de tutela sea ejercida cuando se presentan circunstancias graves y excepcionales que requieran proveer protección inmediata cuando se afronta la posibilidad de un perjuicio irremediable. Con ello se impone la prevalencia del derecho sustancial y el trato preferente, en defensa del derecho a la vida y a la salud. Se trata de priorizar el derecho constitucional a una vida digna, y el no menos fundamental a la integridad personal de la actora, sobre el motivo puramente procedimental de su reclamo tardío sobre recursos que son suyos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-250-01
9.2. Deber de los particulares de dar un trato igualitario a personas con discapacidad: acceso a pólizas de seguro

Una Corporación de Rehabilitación instauró acción de tutela contra una Compañía de Seguros por negarse a cotizar una póliza de accidentes escolares para la población con discapacidad de varias instituciones afiliadas a dicha corporación. La Corte manifestó que se vulneraron el derecho fundamental a la igualdad y se incurrió en discriminación de las personas con discapacidad, cuando una entidad aseguradora, sujeta al derecho privado se negó a cotizar el costo de un seguro de accidentes personales, por las condiciones físicas o mentales de dichas personas. Esto es injustificable a la luz de la Constitución porque las condena a la exclusión de una prestación asignable mediante el mecanismo del mercado por el simple hecho de sus características personales, no controlables, lo que los estigmatiza y les inflige un daño moral contrario a los principios constitucionales. Adujo, que dada la relación de indefensión de este grupo humano frente a los intereses del mercado de seguros, es claro que las personas con discapacidad pueden exigir de las aseguradoras el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades.

Lo pretendido por las demandantes no es el trato igual en la cotización del costo de la póliza del seguro de accidentes que el dado a personas sin discapacidad; lo que acusaron es la discriminación en el acceso a la posibilidad de cotizar una póliza, esto es, el goce de la oportunidad de tener un seguro de accidentes, pese a que su costo pueda, ser más elevado en consideración a los riesgos que puedan eventualmente llegar a correr las personas aseguradas dadas sus especiales condiciones. Por ello, la Corte concedió la tutela y ordenó a la Previsora cotizar el valor correspondiente al seguro de accidentes personales a favor de las personas discapacitadas, si las tutelantes así lo solicitaran nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1118-02

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