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Última modificación: 2006-08-01
Obligación de la occre de conceder la residencia a pareja homosexual cuando cumple los demás requisitos previstos para ello

Los actores, residentes en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina instauraron acción de tutela contra la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE por una presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y a la dignidad humana, en la que consideran incurrió la accionada, al negarse a conceder la tarjeta de residencia a uno de ellos en calidad de compañero permanente del otro.

La Corte Constitucional señaló que a la luz de las normas invocadas por los accionantes para acceder a la residencia de uno de ellos, a saber, los literales a) del artículo 3 y c) del artículo 7 del Decreto 2762 de 1991, no era posible que su solicitud fuera resuelta a su favor, pues ?tales disposiciones se refieren al derecho de residencia de los cónyuges o compañeros permanentes, expresiones que, en nuestro régimen jurídico, no resultan aplicables a las parejas homosexuales. Estas normas tienen sustento en la protección especial de la familia prevista en la Constitución, y se orientan a impedir que en razón del régimen de control especial de residencia del archipiélago, las familias no puedan conformarse o mantenerse unidas. La familia que la Constitución protege es la heterosexual y monogámica y el Decreto se refiere a los dos modos de conformarla, el matrimonio y la unión libre. Por ello, no es de recibo la pretensión de que esas previsiones se hagan extensivas a las parejas homosexuales, sin que ello, por otra parte, pueda tenerse como violatorio del principio de igualdad?.

No obstante, la Corte consideró que a la luz del literal b) del mismo artículo 3º., la OCCRE habría podido conceder la residencia al accionante, dado que éste tenía más de tres años de residencia en el lugar y mantenía una relación de pareja estable con un residente de la Isla, quien, a su vez, acreditaba las condiciones de solvencia económica para hacerse cargo de éste. La Corte recordó que en la Sentencia C-530 de 1993 se había ocupado de indicar que los términos buena conducta y solvencia económica del literal b) citado debían ser analizados con criterios razonables y no de manera arbitraria.

Precisó, además, que aunque la petición a la OCCRE había sido hecha por quien no era el directamente interesado, dado que podían verse afectados derechos fundamentales, como la libertad de circulación o residencia o el libre desarrollo de la personalidad de un residente, la autoridad estaba obligada ?a la readecuación del trámite, porque la protección de tales derechos por la Administración Pública es informal, no tiene carácter rogado sino oficioso, en atención al deber genérico de las autoridades de la República de proteger ?? a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades ?? (Art. 2 C.P.)?.

En especial, porque, en este caso, era evidente la afectación que de ello resultaría para las expectativas legítimas, de quien en razón a su condición de residente temporal y al cumplimiento de los demás requisitos previstos en la ley, podía aspirar a obtener la residencia definitiva, y para los derechos del residente, quien hizo explícita la relación homosexual de carácter permanente que mantenía con el destinatario de la solicitud.

La OCCRE tenía el deber de tramitar la solicitud de la manera que mejor protegiera tales derechos. Para ello, habría podido optar por solicitar formalmente a los interesados la adecuación del trámite indicándoles los documentos que debían allegarse, o incluso, en una aproximación más formalista, habría cabido que, como en efecto ocurrió, en la Resolución mediante la cual se resolvió la solicitud, la misma se negase, en razón a no haber sido presentada por el destinatario de la actuación solicitada, pero en lugar de disponer, como se hizo, el inmediato abandono del archipiélago del señor ZZ, se le hubiese concedido la oportunidad para que adecuase el trámite, con la indicación precisa de los pasos a seguir.

Esa omisión de la OCCRE en adecuar el trámite resultó lesiva, en este caso, del derecho al debido proceso del actor para quien se solicitó la residencia, quien se vio compelido a abandonar el territorio del Archipiélago.

La Corte concedió la tutela y dispuso que el actor, si así lo deseaba, podía solicitar la residencia definitiva a la OCCRE, que debe tramitarla al amparo de las condiciones que reinaban al momento de la petición inicial y sin requerir elementos probatorios nuevos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-725-04

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