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8. Homosexualidad en establecimientos de reclusión

8.1. Derecho a la visita conyugal homosexual en establecimientos de reclusión

Dos mujeres recluidas en distintos centros penitenciarios del país, presentaron acción de tutela contra las autoridades penitenciarias en defensa de sus derechos a la intimidad, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, por haberles impedido el ejercicio del derecho a visita conyugal. Ese derecho había sido solicitado por una de ellas, en uso de permiso de salida de 72 horas y con ese fin se había desplazado a la ciudad donde estaba recluida su compañera sentimental. Las autoridades del centro carcelario le impidieron el ingreso aduciendo que de acuerdo con el reglamento debía presentar su cédula de ciudadanía y su pasado judicial para ingresar al penal, sin tener en cuenta que el certificado judicial no puede ser obtenido por una persona privada de la libertad. También se adujo que el reglamento carcelario no preveía las visitas conyugales lésbicas u homosexuales.

La Corte señaló que en este caso no se discutía la libre opción sexual de las demandantes sino las reiteradas e infundadas negativas para permitir la entrevista en intimidad. Señaló que las autoridades carcelarias si bien pueden exigir a quienes pretendan ingresar a los establecimientos carcelarios, la cédula de ciudadanía y el certificado judicial, a fin de adoptar medidas consecuentes con el mantenimiento del orden y de la disciplina carcelaria, no pueden permitir que la exigencia de esos documentos limite los derechos constitucionales de los visitantes e internos hasta desconocerlos?. La Corte consideró que ?las personas privadas de la libertad pueden reclamar oportunidades para afianzar en la intimidad sus relaciones de pareja, y que las autoridades carcelarias no pueden entorpecer sus propósitos, en razón de que la dignidad humana de los reclusos está especialmente protegida en los artículos 1, 2, 4, 5, 15, y 16 constitucionales?. La Corte ordenó a las autoridades penitenciarias permitir el ingreso de la accionante con beneficio administrativo a la cárcel donde se encuentra recluida su compañera o disponer otro lugar donde puedan tener dichos encuentros.

Destacó que el reglamento de visitas conyugales no prevé disposiciones que regulen el ingreso a las personas privadas de la libertad a otro centro carcelario para el ejercicio de la visita conyugal ni de las personas que se encuentran disfrutando de permisos administrativos, por lo cual instó a la Defensoría del Pueblo para que impulse las acciones judiciales o administrativas pertinentes para que las autoridades penitenciarias sean conminadas a expedir la reglamentación que brinde a los directores de los penales criterios claros, generales y uniformes en la materia, que les permitan garantizar a los internos el ejercicio de la sexualidad en condiciones de igualdad y salvaguardando su dignidad e intimidad, sin desconocer las condiciones específicas de cada establecimiento. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-499-03
8.2. Obligación del inpec de adoptar medidas para que los reclusos no atenten contra la libre orientación sexual de uno de ellos

Un interno, cuya orientación sexual es homosexual, instauró acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- al considerar que se le estaban violando los derechos a la vida, a la salud, a su integridad física y moral y a su libertad sexual. Manifestó que había sido víctima en distintas oportunidades de abuso sexual por parte de otros reclusos de la Cárcel Nacional Modelo y de otros centros penitenciarios donde había estado recluido, hechos respecto de los cuales existían constancias en documentos de dichos centros. Dijo que a causo de esos abusos había intentado suicidarse, y que temía ser portador de VIH. Admitió haber hecho uso en distintas ocasiones de la acción de tutela para lograr su traslado a otro centro de reclusión, pues, hasta ese momento, no había logrado una protección efectiva de su integridad por parte de las autoridades encargadas de su custodia y vigilancia.

La Corte Constitucional consideró que los derechos del accionante habían sido violados sistemáticamente por las omisiones del INPEC, pues su dignidad humana había sido desconocida de forma grave y manifiesta y se le había sometido a circunstancias de inseguridad y riesgo que podrían incluso haber comprometido su vida y su salud de forma irreparable, en caso de que efectivamente hubiere sido contagiado de SIDA. Para la Corte, las autoridades carcelarias se limitaron a constatar que en efecto el accionante había sido sometido a algunos de los delitos y vejaciones que había denunciado y a verificar la incapacidad institucional del sistema penitenciario?para tratar el caso específico de una persona del carácter, comportamiento y personalidad del accionante?. De tal manera, que se habían limitado a remitirlo indefinidamente a distintos centros penitenciarios, sin darle una garantía real de protección a la vida, la salud, la integridad física, la dignidad y la libertad sexual del actor.

La Corte le ordenó al director del INPEC y al director del Centro de Reclusión donde se encontraba el actor tomar las medidas necesarias para impedir que la libertad sexual y la integridad física del accionante sean afectadas o amenazadas nuevamente. En un plazo de tres meses ubicarlo en un centro penitenciario que no suponga riesgos para su dignidad y, en especial, para su libertad sexual y su integridad física. Asegurar que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias en las cuales fue desconocida la libertad sexual y la dignidad del actor, para poder deducir las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan. Promover las denuncias penales que surjan de dichas investigaciones. Abstener de imponer limitaciones adicionales al actor en relación a los derechos que se reconocen a los demás reclusos e impedir retaliaciones en su contra. Garantizarle que se le practiquen los exámenes para determinar si es o no portador del VIH y brindarle los servicios de salud que sean necesarios con ocasión de esta eventual afección o cualquiera otra que se le hubiera podido ocasionar a causa de las acciones realizadas en contra de éste. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1096-04
8.3. Los internos con diversa orientación sexual pueden ingresar elementos de uso personal a los establecimientos carcelarios, necesarios para el ejercicio de dicha identidad

Un ciudadano privado de su libertad manifiesta que tiene la condición de ?gay transexual?. Por este motivo porta el cabello largo y usa productos de maquillaje y accesorios. Manifiesta que en razón a su identidad sexual, es sometido a tratamientos discriminatorios y violentos por parte de la guardia penitenciaria, quienes se oponen al estilo de su cabello y han decomisado los elementos que le permiten ejercer su opción sexual.

Estos comportamientos llevan al actor a concluir que los servidores públicos del establecimiento penitenciario desconocen sus derechos fundamentales. Por ende, impetró acción de tutela en contra del INPEC.

La Corte considera que la limitación de derechos fundamentales de las personas reclusas no pueden tener un grado de intensidad que implique la afectación del núcleo esencial de derechos diferentes a la libertad de locomoción y la libertad personal, ya que sólo serán razonables y proporcionadas constitucionalmente, las restricciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que sean ?legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente?, en este sentido el ejercicio de la sexualidad es uno de los derechos que escapan de las suspensiones propias de la privación de la libertad.

En criterio de la Corte la protección de la identidad y la opción sexual es consecuencia del principio de dignidad humana. Por ende, toda interferencia o afectación a este derecho es un grave atentado a su integridad y dignidad.

Para el caso particular del actor, la adopción de su identidad sexual está mediada por el uso de maquillaje, el pelo largo y determinadas prendas de vestir, elementos todos ellos que permiten reafirmar dicha opción y atenuar las imposiciones que le generan las características propias del sexo fenotípico. En otros términos, el adecuado ejercicio del derecho a la autonomía personal, reflejado en la determinación de la opción sexual, depende del uso de tales elementos por parte del accionante, por lo que la privación injustificada de los mismos conlleva la vulneración de sus derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad. La institución demandada en abierta contradicción con los postulados del debido proceso, impuso sanciones al actor, consistentes en la prohibición de ingresos de sus elementos y la imposición de maneras determinadas de presentación personal, incompatibles con su opción sexual. Estas sanciones no estuvieron precedidas de ningún procedimiento disciplinario, ni tampoco de una motivación suficiente, que diera cuenta del porqué la apariencia física del recluso era incompatible con la disciplina y las limitaciones a los derechos fundamentales propias de la privación de la libertad en los establecimientos carcelarios.

A juicio de la Corte, el Director General del INPEC deberá prever expresamente en el Acto Administrativo que modifique dichos reglamentos, que la imposición de medidas y sanciones disciplinarias a las personas privadas de la libertad no deberá interpretarse de manera tal que sirvan de menoscabo para los derechos de las personas reclusas de identidad u opción sexual diversas. En ese sentido, las medidas y sanciones disciplinarias al interior de los establecimientos penitenciarios no podrán tener un alcance tal que (i) sirvan para prohibir el ingreso de elementos de uso personal a los establecimientos carcelarios, necesarios para que las personas reclusas de identidad sexual diversas puedan garantizar el ejercicio de dicha identidad; (ii) discriminen a las personas reclusas de identidad u opción sexual diversas en el derecho a la visita íntima, en iguales condiciones que las personas reclusas heterosexuales; y, de manera general, (iii) discriminen en el acceso y goce de los derechos adscritos a las personas privadas de la libertad, por el solo hecho de pertenecer a una minoría de identidad u opción sexual diversas.

La Corte decide tutelar los derechos invocados por el accionante. En segundo lugar ordena al director del establecimiento de reclusión que inicie una campaña de sensibilización y capacitación a los funcionarios, personal de guardia e internos de ese establecimiento, sobre la protección de los derechos constitucionales de los reclusos y reclusas de identidad u opción sexual diversa.

Por último ordena al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que adelante las acciones tendientes a reformar las normas reglamentarias en materia de régimen de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el fin que resulten compatibles con la protección de los derechos constitucionales de las personas internas de identidad u opción sexual diversas, conforme lo expone la jurisprudencia constitucional sobre la materia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-062-11

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