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Última modificación: 2013-04-11
La no expedición de la cédula de ciudadanía a una persona mayor que se encuentra en situación de indigencia vulnera su derecho a estar plenamente identificada y al ejercicio pleno de sus de sus derechos civiles y políticos

Un personero municipal instauró acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil en representación de una mujer, persona mayor, en situación de extrema pobreza o indigencia, a quien la accionada no había entregado su cédula de ciudadanía, tramitada seis años atrás, razón por la cual el Banco Agrario le negaba el desembolso del subsidio económico otorgado a los adultos mayores para lo cual se requería ese documento de identificación. La Registraduría argumentó que la peticionaria se encontraba en una situación de doble cedulación, razón por la cual canceló la segunda numeración asignada.

La Corte consideró que la Registraduría había vulnerado los derechos al debido proceso, reconocimiento de la personalidad jurídica y al mínimo vital de la actora, al constatar que no obstante haberse percatado varios años atrás de la doble cedulación no la había vinculado al proceso administrativo de cancelación de la cédula ni le había notificado su decisión, desconociéndole su derecho a estar plenamente identificada y al ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos así como al acceso a los beneficios económicos que se derivan de su situación especial de persona mayor en situación de indigencia.

En su sentencia, la Corte estableció que i) el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica está relacionado con la capacidad humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, y con el reconocimiento de los atributos de la personalidad de todo ser humano; ii) la cédula de ciudadanía es un mecanismo que desarrolla el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que es un instrumento idóneo para identificar a las personas, y le permite a los ciudadanos ejercer sus derechos civiles y políticos; iii) estas funciones especiales hacen que la acción de tutela sea un mecanismo judicial procedente para resolver los conflictos que se generen en la tramitación, preparación, expedición, rectificación, renovación y cancelación de las cédulas de ciudadanía.

Para proteger los derechos de la actora, la Corte le ordenó tramitar nuevamente la cancelación del documento de identidad con la participación de la tutelante y en un plazo no mayor a un mes expedir el documento de identidad correspondiente. De igual forma, declara que para este caso específico se acepte la contraseña como documento válido de identificación en el Banco Agrario para el desembolso del subsidio mientras se hace la expedición final del documento de identidad por parte de la Registraduría. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-929-12

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