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Última modificación: 2006-08-01
Programa de auxilios para ancianos en estado de indigencia - falta de competencia del juez de tutela para ordenar el gasto

Un grupo de ancianos en estado de indigencia ejercieron el derecho de petición solicitando a la alcaldía municipal del lugar donde residían la presentación al Concejo de un proyecto de acuerdo para que se hiciera el reconocimiento y el correspondiente pago de la prestación especial para la vejez prevista en el artículo 258 de la Ley 100 de 1993. La alcaldía no aprobó su solicitud, lo que los motivó a instaurar acción de tutela indicando que eran personas de avanzada edad, que carecían de medios económicos, que eran calificables como indigentes y por consiguiente requerían la protección de la autoridad pública por la debilidad manifiesta en la que se encontraban y solicitaban el subsidio alimentario equivalente al 50 % del salario mínimo. La Corte Constitucional sostuvo que el subsidio alimentario a los ancianos indigentes se convierte en una de las formas por medio de las cuales se expresa el trato favorable a los débiles, medida ésta consagrada en el artículo 46 de la Constitución, pero de ella no surgen directamente prestaciones concretas a cargo del Estado.

La individualización de los derechos sociales, económicos y culturales no puede hacerse al margen de la ley y de las posibilidades financieras del Estado. Para estos efectos la legislación ha creado un auxilio especial para ancianos indigentes siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos como: i. ser colombiano, ii. superar los 65 años de edad, iii. residir durante los últimos diez años en el territorio nacional, iv. carecer de rentas o ingresos suficientes para su subsistencia o encontrarse en condiciones de extrema pobreza, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional de Política Social; v. residir en una institución sin ánimo de lucro para la atención de ancianos indigentes, en cuyo caso, parte de la pensión se paga a la respectiva institución, vi. el Gobierno nacional reglamentará el pago de los auxilios de aquellas personas que no residan en una institución y cumplan los demás requisitos, vii. estas condiciones pueden ser modificadas por las entidades territoriales si éstas establecen el beneficio con cargo a su propio recurso; además pueden con sus propios recursos aumentar el monto del subsidio, según lo estimen conveniente.

Sin embargo, la acción de tutela no es el mecanismo procedente para exigir a las autoridades la apropiación de unos recursos con el fin de ser destinados al pago de este tipo de subsidios. El juez constitucional, en primer lugar, no está en la posibilidad de ordenar el gasto, pues esto corresponde a las autoridades competentes de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. En segundo lugar, no está en la órbita de sus competencias hacer cumplir una norma general y abstracta que contempla la existencia de un subsidio alimentario, pues esto último corresponde más bien a una acción de cumplimiento o de grupo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-029-01

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