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Última modificación: 2006-08-01
La exclusión de un adulto mayor del programa de auxilios para ancianos en estado de indigencia no es discrecional

Las actoras son personas de 80 y 73 años de edad, que están inscritas en un programa del Gobierno Nacional para la protección de las personas mayores adultas en estado de indigencia o de pobreza extrema, lo que les da el derecho a recibir un auxilio mensual de $85.000. Sin embargo, éste dinero no se les ha entregado porque en el municipio donde residen no hay Banco Agrario, entidad a través de la cual se deben efectuar estos pagos. Manifiestan que les han propuesto cobrar en un municipio vecino, pero que esa solución no es viable, pues por su edad les es muy difícil trasladarse a ese lugar, además carecen de recursos para sufragar el transporte y se exponen a ser víctimas de los asaltantes de carreteras interesados en despojarlas de ese dinero.

La Corte Constitucional estableció que en efecto las dos accionantes se encontraban inscritas en el Programa de Protección Social al Adulto Mayor lo que relevaba al juez constitucional de establecer su situación de indigencia o de extrema pobreza. Por tal razón, consideró que si las actoras no tenían acceso al auxilio económico se comprometía su subsistencia. De igual forma, la Corporación estableció que las normas reglamentarias del auxilio, preveían que en aquellos casos en los cuales no existía sucursal del Banco Agrario para hacer el pago, éste debía hacerse a través de la tesorería del municipio, para lo cual sólo era necesario suscribir un convenio, etapa que no habían cumplido las accionadas, lo cual era reprobable.

La Corte indicó que ?no basta con que la Constitución Política establezca que Colombia es un Estado social de derecho (art. 1º de la Carta) y del inmenso contenido que implica esta definición, ni que este principio, vinculado a los fines sociales del Estado (art. 2º), se imponga como marco de interpretación de las demás normas constitucionales y legales que se relacionen con el mismo, si las autoridades de la República, responsables de hacerlo realidad, no sólo no facilitan que las personas puedan acceder al disfrute de los derechos fundamentales, sino que, al momento de ponerlos en ejecución, entraban la labor poniendo en grave peligro la subsistencia de quienes por su estado de debilidad manifiesta o de pobreza extrema, se convierten en los afectados por el incumplimiento de las obligaciones estatales. En estos eventos se desconoce, también, el deber de solidaridad?.

Por otro lado, y dado que el alcalde del Municipio había negado que una de las accionantes estuviera inscrita en el registro, en tanto que el administrador fiduciario del fondo afirmaba lo contrario, la Corte le recordó al burgomaestre que ?para tener en cuenta jurídicamente esa afirmación ?debió informar las razones para la exclusión, pues incluir o no a una persona en el Programa no es asunto discrecional de las autoridades, sino que requiere de un procedimiento previo, y cuando éste culmina, se pueden tomar las decisiones pertinentes? ?lo cual debe constar en un acto de exclusión fundamentado.

La Corte tuteló los derechos al mínimo vital y a la igualdad de las actoras y ordenó a los accionados que en un plazo máximo de 30 días adelantaran todas las gestiones necesarias para facilitar la entrega del subsidio a las actoras en su municipio de residencia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1031-04

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