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Última modificación: 2006-08-01
Protección especial del estado a personas en estado de indigencia y límites a la solidaridad de la sociedad frente a ellos

?Una señora convivió por más de 43 años con su compañero cuando quedó parapléjica en 1997. Los gastos de la señora eran sufragados por su esposo quien la internó en un hospicio hasta septiembre de 1998, cuando fue trasladada por su media hermana al municipio del Socorro y dejada en casa de una conocida. Esta persona instaura acción de tutela pues sostiene que la anterior situación está afectando la unidad, armonía y paz familiar del hogar, porque pese a no tener ningún parentesco, se le ha impuesto la responsabilidad de velar por ésta, sin tener la obligación legal para ello. La Corte Constitucional consideró que era evidente la vulneración de los derechos fundamentales de una persona de la tercera edad, cuyas condiciones físicas hacían imperiosa la intervención del Estado, en este caso, representando por el juez de tutela.

?La señora de 70 años de edad y parapléjica, fue tomada como el simple objeto generador del conflicto, tanto por quien interpuso la tutela como por los falladores de instancia, que olvidaron su condición de ser humano, con derecho a ser tratada dignamente y cuyas condiciones especiales, la hacían merecedora de protección inmediata, como expresamente lo señala el artículo 46 de la Constitución. El hecho que dio origen a la acción de la referencia, tuvo como fundamento el principio de solidaridad social de que trata el artículo 95, numeral 2 de la Constitución, que con el tiempo degeneró en una carga desproporcionada para la actora. En este caso, ante la ausencia de la familia o ante la imposibilidad de ésta para atender a la anciana, era al Estado, través de sus distintos órganos y funcionarios, uno de ellos, el juez de tutela, a quien le correspondía tomar las medidas necesarias para conciliar los intereses de los sujetos involucrados en el conflicto suscitado.? * nota 1



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-277-99

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