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1. Estado de indigencia. principio de solidaridad social. sistema de protección y asistencia

1.1. Determinación de la condición de indigente absoluto y protección especial del estado

?Un señor de avanzada edad que se encontraba desamparado y sin trabajo como consecuencia de un problema ocular, solicitó al juez de tutela ordenar al Estado suministrarle ayuda económica para una operación de los ojos. La Corte Constitucional ordenó al juez del conocimiento que determinara si el actor tenía el carácter de indigente absoluto y si, resultaba procedente en su caso, que recibiera por parte de la autoridad pública respectiva la protección especial contemplada en el inciso 3o. del artículo 13 de la Constitución Política. La Corte estableció que el juez de tutela tiene el deber de determinar en primer término, la real existencia de la situación excepcional y, luego, verificada la configuración del derecho prestacional fundamental, articular la fórmula que de manera más económica, eficiente y adecuada sirva al propósito de hacerlo efectivo, apelando, si así lo considera procedente a la solidaridad social.

?Para acreditar el carácter de indigente absoluto deben cumplirse las siguientes características: -(i) incapacidad absoluta de la persona de valerse por sus propios medios; (ii) existencia de una necesidad vital cuya no satisfacción lesiona la dignidad humana en sumo grado; (iii) ausencia material de apoyo familiar - cabe reconocer en cabeza del sujeto y a cargo de la entidad pública respectiva, el derecho a recibir la prestación correspondiente, estableciendo -a la luz de las circunstancias- las cargas retributivas a su cargo, las cuales pueden consistir en trabajo social. Resalta la Corte que los indigentes son personas que carecen de recursos económicos mínimos para subsistir dignamente y se encuentran incapacitados para trabajar, debido a su edad o estado de salud. Son miembros de la comunidad desfavorecidos en la repartición de los recursos económicos, marginados de la participación política, y condenados por su situación menesterosa, a una vida de penurias y necesidades que ofende la dignidad de la persona humana.

?El principio de solidaridad social ha dejado de ser un imperativo ético para convertirse en norma constitucional vinculante para todas las personas que integran la comunidad (Constitución Política art.1). La primera consecuencia que se desprende de este principio tiene relación con la exigibilidad de los deberes u obligaciones impuestas por la Constitución (Constitución Política arts. 44, 46 y 95) o por ley (Código Civil arts. 411 y siguientes) a determinadas personas, bien por la vía de los mecanismos ordinarios, o mediante el ejercicio de la acción de tutela, cuando ello sea necesario para impedir eficazmente la vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental.

?Cuando una persona demuestra la circunstancia de debilidad manifiesta en que se encuentra, debido a su condición económica, física o mental (Constitución Política art. 13), sin que ella misma o su familia puedan responder, excepcionalmente se genera para el Estado una obligación de proteger especialmente a la persona colocada en dicha situación. En tal evento, se opera una inversión en el orden de exigibilidad del principio de solidaridad social, que obliga al Estado a una prestación directa e inmediata en favor de la persona que se halla en circunstancias de debilidad manifiesta, sin perjuicio del derecho en cabeza de la autoridad estatal, cuando sea del caso, al reintegro posterior de su costo por parte del beneficiario y de su familia.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-533-92, reiterada en la Sentencia T-384-93
1.2. Dignidad humana de personas en estado de indigencia

?Una persona interpuso una acción de tutela contra una alcaldía menor por considerar contaminado el ambiente, perturbada la tranquilidad ciudadana, vulnerados los derechos a la salubridad y a la seguridad, entre otros, porque en su concepto, existía un sector del barrio que "sólo sirve de vivienda a personas que atentan contra la vida de los habitantes y transeúntes del sector y traen basura convirtiendo el sitio en foco de contaminación?. La Corte Constitucional señaló que el calificativo de "desechables", es impropio e indigno y ha venido tomando fuerza en medios sociales en los que se ignora el valor de la dignidad humana y el imperativo constitucional de su respeto.

?Los así designados son personas que, como tales, gozan de la plena titularidad de todos los derechos reconocidos en la Constitución; iguales a los demás en sus características y en su condición esencial de seres humanos, no hay razón alguna para discriminarlos y menos todavía para que se descalifiquen de manera tan burda sus elementales derechos a la existencia y a una plena integridad moral y física. La sociedad no puede asumir una actitud de desprecio o de pasiva conmiseración hacia quienes, por fuerza de las circunstancias, llevan una vida sub-normal y altamente lesiva del derecho a la igualdad que pregona la Carta. Su papel debe ser el de buscar, dentro del criterio de solidaridad, soluciones eficaces y urgentes a la problemática que plantea la proliferación de cinturones de miseria en las ciudades, ya que el artículo 13 de la Constitución le ordena, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-376-93
1.3. El fenómeno de la pobreza crítica y la dignidad humana

?La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la Ley 210 de 1995 aprobatoria del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Washington", suscrito en Washington el 14 de diciembre de 1992 en donde el artículo II del Protocolo adiciona algunos artículos de la Carta de la OEA relativos a la pobreza crítica. El fenómeno social de la pobreza está íntimamente ligado con la dignidad del ser humano, en consecuencia, cualquier tarea que se emprenda con el fin de combatirla conduce necesariamente a la protección de ese derecho esencial. La solidaridad y el desarrollo son postulados que convergen para derrotar la pobreza crítica, de ahí que se haya considerado el desarrollo integral como elemento determinante para alcanzar la paz, mantener la seguridad y consolidar la democracia. Además, la erradicación de la pobreza encaja dentro de la obligación que tiene el Estado de mejorar la calidad de vida de los habitantes, como la de dar protección a las clases menos favorecidas y cumple con uno de sus fines esenciales cual es el de promover la prosperidad general y asegurar un orden justo.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-187-96
1.4. La no expedición de la cédula de ciudadanía a una persona mayor que se encuentra en situación de indigencia vulnera su derecho a estar plenamente identificada y al ejercicio pleno de sus de sus derechos civiles y políticos

Un personero municipal instauró acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil en representación de una mujer, persona mayor, en situación de extrema pobreza o indigencia, a quien la accionada no había entregado su cédula de ciudadanía, tramitada seis años atrás, razón por la cual el Banco Agrario le negaba el desembolso del subsidio económico otorgado a los adultos mayores para lo cual se requería ese documento de identificación. La Registraduría argumentó que la peticionaria se encontraba en una situación de doble cedulación, razón por la cual canceló la segunda numeración asignada.

La Corte consideró que la Registraduría había vulnerado los derechos al debido proceso, reconocimiento de la personalidad jurídica y al mínimo vital de la actora, al constatar que no obstante haberse percatado varios años atrás de la doble cedulación no la había vinculado al proceso administrativo de cancelación de la cédula ni le había notificado su decisión, desconociéndole su derecho a estar plenamente identificada y al ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos así como al acceso a los beneficios económicos que se derivan de su situación especial de persona mayor en situación de indigencia.

En su sentencia, la Corte estableció que i) el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica está relacionado con la capacidad humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, y con el reconocimiento de los atributos de la personalidad de todo ser humano; ii) la cédula de ciudadanía es un mecanismo que desarrolla el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que es un instrumento idóneo para identificar a las personas, y le permite a los ciudadanos ejercer sus derechos civiles y políticos; iii) estas funciones especiales hacen que la acción de tutela sea un mecanismo judicial procedente para resolver los conflictos que se generen en la tramitación, preparación, expedición, rectificación, renovación y cancelación de las cédulas de ciudadanía.

Para proteger los derechos de la actora, la Corte le ordenó tramitar nuevamente la cancelación del documento de identidad con la participación de la tutelante y en un plazo no mayor a un mes expedir el documento de identidad correspondiente. De igual forma, declara que para este caso específico se acepte la contraseña como documento válido de identificación en el Banco Agrario para el desembolso del subsidio mientras se hace la expedición final del documento de identidad por parte de la Registraduría. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-929-12
1.5. Asistencia pública y derecho al libre desarrollo de la personalidad de personas en estado de indigencia

?La Corte Constitucional decidió que una persona imposibilitada para procurarse su propia subsistencia y bienestar, tenía derecho a que las autoridades municipales se la procuraran y éstas la obligación de procurársela. La Corte estableció que las causas del pauperismo se enfrentan a través de políticas de carácter macroeconómico en las que el Estado debe involucrarse directamente para lograr combatirlas y así brindarles a los indigentes un mejor estar de vida. En el caso concreto, la Corte encontró que a pesar de que en todo tiempo y lugar las puertas del centro de rehabilitación social del municipio, habían permanecido abiertas para la persona desamparada, desafortunadamente por razones imputables a él, aquél no ha podido prestarle su amparo y asistencia. Aclaró la Corte que el Estado, no puede actuar por la fuerza para obligar a la persona a recibir su ayuda, ya que de esta manera invadiría la esfera de otros derechos constitucionales fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad inherente al ser humano y el derecho a la libertad personal.

?Sostuvo que no había lugar a predicarse la violación del derecho a la igualdad, porque aunque se protegió al actor internándolo en una dependencia oficial en atención a la asistencia pública que debe imperar como una obligación estatal dentro de nuestro Estado, este exigió su libertad, al considerar el centro de bienestar social como una cárcel. La Corte advirtió al Alcalde y al Secretario de Bienestar Social de Medellín, que deberán concurrir a asistir al señor si éste le impetrase su protección y si a su vez voluntaria y normalmente se apresta a recibirla.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-029-93
1.6. Obligación de asistencia estatal al drogadicto crónico

El accionante manifestaba ser habitante de la calle y padecía adicción crónica a las drogas, por lo que solicitó al Estado, se le provea tratamiento médico y rehabilitación. La Corte consideró que toda persona en estado de indigencia se encuentra en estado de debilidad psíquica manifiesta por lo cual el Estado tiene la obligación de prestar la atención especializada que requieran. Además, la drogadicción crónica es médicamente una enfermedad, por lo que debe ser objeto de atención médica a través de los regímenes contributivo o subsidiado. Así, cuando se encuentre fehacientemente probada la condición de drogadicto crónico y la imposibilidad material de la familia de prestar la ayuda requerida, y no se cuente con la afiliación al sistema de salud, surge para el Estado el deber de prestar la atención médica y psicológica requerida. En el caso, la Corte negó la protección por considerar que las pruebas obrantes, el dicho del accionante y la afirmación de un tercero en el sentido que consumía bazuco, son insuficientes para llegar al convencimiento de los hechos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-684-02
1.7. La mendicidad no es delito ni contravención, ni puede ser sancionada

El artículo 1° del Decreto 1136 de 1970 establecía que quien ejerciera la mendicidad en lugar público o abierto al público sería recluido en ?asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado? o se le prestaría la asistencia pública necesaria en su domicilio si lo tuviere o sería entregado a la persona obligada y capaz de prestarle alimentos.

La Corte Constitucional, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad presentada contra una parte de la norma, en la que se alegaba la violación del artículo 13 de la Carta Política, decidió declarar la inexequibilidad total de la disposición, tras precisar que la mendicidad ejercida por una persona de manera autónoma y personal, es decir, sin un agente intermediario a través de la trata de persona, no constituye delito ni es una conducta reprochada en un Estado Social de Derecho como el nuestro y que por lo tanto no puede ser sancionada.

De igual forma, la Corte recordó que ya desde 1997 en la sentencia C-016 en la que se había abordado el estudio de los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 522 de 1971 se había establecido que la mendicidad había dejado de existir como contravención desde 1980 cuando se había derogado la sanción de relegación a colonia agrícola pues la contravención por si misma no podía existir sin sanción.

De esta manera, la Corte concluyó que la disposición demandada, al ser una norma indeterminada era vulneratoria de la Constitución, ya que era una norma desproporcionada que castigaba al mendigo por el sólo hecho de serlo, sin haber realizado ningún otro acto, permitiendo que fuera recluido en asilo, hospital o clínica.

La Corte precisó que la norma atentaba contra la libertad del artículo 13 de la Constitución al recluir a los mendigos contra su voluntad. Además, atentaba también contra su dignidad, al utilizar un lenguaje que los cosificaba pues disponía que fueran entregados como si los mendigos no fueran personas, sino cosas.

La Corte retiró del ordenamiento el artículo 1 del Decreto 1136 de 1970. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-040-06

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