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Última modificación: 2007-08-08
Incurre en vía de hecho administrativa la autoridad penitenciaria que desconoce orden judicial que concede beneficio administrativo de 72 horas. reserva judicial de la libertad.

Una vez cumplidos los requisitos para acceder al beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, un interno formuló la solicitud ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad correspondiente, el cual lo concedió. No obstante lo decidido por el juez, el director del establecimiento penitenciario, mediante resolución negó el beneficio administrativo otorgado, aduciendo una discrecionalidad supuestamente prevista en el Código Penitenciario y Carcelario, para lo que señaló que ?analizadas la personalidad, la hoja de vida, relaciones familiares y la seguridad de la sociedad? del interno, ?se encontró bastante dudoso el cumplimiento de los requisitos exigidos para el disfrute del beneficio?.

La Corte Constitucional, para resolver el asunto planteado, consideró necesario dirimir cuál es la autoridad competente para decidir acerca del otorgamiento del permiso administrativo de hasta por 72 horas, al que conforme al régimen penitenciario y carcelario pueden acceder las personas privadas de la libertad.

La Corte recordó que sólo los jueces de la República pueden disponer la privación de la libertad de las personas, con las excepciones señaladas en la Constitución Política, y que a esto se le denomina principio de reserva judicial de la libertad, cuya cobertura no se reduce al momento de la imposición de la sanción, sino que se extiende a la fase de ejecución de la pena. Enfatizó que la ejecución de la pena también es una función jurisdiccional, trátese de asuntos relacionados con la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad, o de aquellos relativos a la modificación de las condiciones de cumplimiento de la condena.

La función administrativa de las autoridades penitenciarias y carcelarias, encargadas de una gran cantidad de aspectos relacionados con la ejecución de la pena, no puede tener el alcance de decidir de manera definitiva sobre la libertad de las personas. Señaló la Corte que tratándose de los mencionados beneficios administrativos el papel de las autoridades penitenciarias es el de certificar las condiciones o requisitos que exige la ley para el otorgamiento del correspondiente beneficio, cuando supongan hechos que el juez no pueda verificar directamente; pero la facultad certificadora de tales autoridades no desplazan o sustituyen a la autoridad judicial encargada de velar por la legalidad en la ejecución de la pena, y en desarrollo de tal potestad otorgar o negar los referidos beneficios.

El hecho de que se denominen beneficios administrativos no concede a las autoridades de este orden facultades para determinar las condiciones o casos en los cuales son procedentes. Es decir, dichos beneficios por afectar de manera directa el derecho de la libertad personal, ?su configuración está amparada por la reserva legal y su aplicación por la reserva judicial?.

Agregó la Corte que además de violarse el derecho fundamental al debido proceso por parte de la autoridad penitenciaria y carcelaria, en este caso se afectó el derecho a la libertad del accionante. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-972-05. Ver también Sentencia T-1093-05

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