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Última modificación: 2007-08-14
Obligación de las autoridades de publicar los reglamentos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para que los internos puedan saber que conductas están tipificadas como faltas disciplinarias y cuáles son las sanciones que acarrea su comisión

Una persona recluida invoco la protección de su derecho fundamental al debido proceso porque no se le permitía la consulta del reglamento interno del establecimiento carcelario, ni se colocaba a disposición de los internos defensores de oficio para que los asesoraran durante los procedimientos disciplinarios, como tampoco se les notificaba sobre las anotaciones que sobre ellos se realizaban en los libros de guardia de los pabellones. La Corte consideró que no habían razones para conceder la tutela porque no se habían violado los derechos fundamentales descritos por el interno, y solicitó al centro de reclusión mantener siempre a disposición de las personas privadas de la libertad, ejemplares suficientes del conjunto de instrumentos que conforman el régimen disciplinario de los internos.

Las directivas de los establecimientos carcelarios deben publicar el reglamento interno con el fin de que las personas recluidas conozcan con exactitud cuales son sus derechos y sus obligaciones dentro del penal. La no publicación podría comprometer y afectar de manera grave otros derechos fundamentales de las personas recluidas en este tipo de instituciones, como por ejemplo el derecho general de libertad de los internos.

La Corte precisó que los reclusos como sujetos disciplinables en potencia, debido precisamente al control disciplinario agravado que sobre ellos ejerce el Estado, necesitan saber con exactitud que tipo de conductas están tipificadas como faltas disciplinarias y cuales son las sanciones que acarrea su comisión, porque en caso contrario carecerían de un referente normativo indispensable para el ejercicio de sus derechos, libertades y deberes; máxime cuando algunas de las sanciones previstas en la Ley 65 de 1994 tienen importante incidencia en la duración de la pena de privación de la libertad y en la posibilidad de gozar de ciertos beneficios carcelarios. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-572-05

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