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Última modificación: 2007-08-14
Derecho a la educación del interno. principio de confianza legítima

Un interno impetró una acción de tutela por la violación de sus derechos fundamentales a estar cerca de su familia, al libre desarrollo de la personalidad, a escoger profesión y a la educación aduciendo que con la autorización de las directivas del penal se encontraba cursando su primer semestre de administración de empresas cuando fue trasladado a otro penal, viendo truncada sus aspiraciones de estudiar una carrera. La Corte tuteló el derecho fundamental de educación del accionante por la violación del principio de confianza legítima por considerar que las directivas del centro de reclusión le habían modificado las condiciones que le había ofrecido al interno para desarrollar sus estudios, sin que éste en ningún momento hubiera sido advertido sobre esta posibilidad, y ordenó al penal realizar los tramites para garantizarle al accionante la continuación de sus estudios, o el reintegro del dinero que había sufragado para tal fin. En cuanto al traslado del interno la Corte dijo que se ajustaba al marco de discrecionalidad que tenía el director del INPEC.

En aquellos eventos donde el ciudadano, entre ellos los reclusos, han depositado su confianza en las actuaciones de la administración y espera de ella el trato favorable que le viene proporcionando, no le es dable a esta alterar dichas condiciones de manera súbita. De lo contrario, se violaría el principio de la confianza legítima que tenía el ciudadano respecto de la administración.

La Corte ha reiterado que ?Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política?. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1322-05

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