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Última modificación: 2010-12-18
Obligación del inpec de asegurar los servicios de salud a los internos cesa cuando estos recobran su libertad

Después de recobrar su libertad por pena cumplida, un ciudadano instauró acción de tutela por considerar que el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, la Penitenciaria Nacional Modelo de Cúcuta y otras entidades del Estado le estaban vulnerando sus derechos a la vida, a la salud, a la igualdad y al trabajo.

En su demanda de amparo relata que estuvo detenido en la Penitenciaria Nacional Modelo de Cúcuta condenado a 9 años de privación de la libertad y que a su ingreso estaba totalmente sano. Explica que durante su reclusión tuvo un accidente en dicho establecimiento de lo cual se derivó una lesión en su columna vertebral. Dicho accidente se originó en la actividad que él desempeñaba para redimir su pena como ranchero o cocinero, después del cual resultó enfermo de la columna, con dolores que no le permitían caminar, sentarse o realizar algún oficio y que durante dos meses en la enfermería de la penitenciaría le estuvieron suministrando calmantes.

Afirma que después de alcanzar su libertad no puede sentarse, estar mucho tiempo de pie y tampoco puede trabajar para mantener a su familia, es decir se encuentra desprotegido por parte del INPEC y del Estado. Por lo tanto reclama de los accionados: exámenes y tratamientos para la afección de su columna, incluirlo en el programa de ayudas que da el gobierno a las familias necesitadas, afiliarlo a una ARS y que se le asigne en el nivel I del Sisbén, ya que actualmente se encuentra en el nivel II.

En su respuesta, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cúcuta y el INPEC aseguraron que mientras el accionante estuvo detenido le proporcionaron la atención médica necesaria, pero que las obligaciones del INPEC cesaron en todos los sentidos debido a que el mismo actualmente se encuentra disfrutando de su libertad. Agregan que poco antes de otorgarle la libertad, al demandante le practicaron un estudio de RX de columna lumbosacra con resultados normales.

De igual forma seañalaron que de las peticiones contenidas en la acción de tutela ninguna había sido formulada de manera directa ante el establecimiento de reclusión o ante el INPEC.

Para la Corte, es claro que la negativa del Inpec de prestar los servicios demandados se encuentra ajustada a la ley, ya que las obligaciones de esta entidad solo recaen en los internos que tenga a su cargo, es decir sobre los reclusos sobre los cuales recae su custodia y vigilancia. Una vez que a estos se les otorga la libertad por cualquier circunstancia, tales obligaciones desaparecen, incluidas, por supuesto, las relativas a la salud y a la seguridad social, las cuales serán asumidas por otras entidades del Estado.

Por otro lado, la Corporación consideró improcedente la acción de tutela porque esta se interpuso de manera directa sin que el interesado hubiere acudido previamente a requerir la prestación de lo solicitado a la entidad accionada.

Cuando el actor reclama directamente al juez el amparo constitucional de sus derechos fundamentales, sin haberlo pedido antes a la(s) entidad(es) accionada(s), está suponiendo que sus solicitudes serán negadas, y en tal juicio considera que es más fácil o rápido obtener lo pretendido a través de la acción de tutela. nota 1

En el caso concreto advirtió la Corte: ?...encuentra la Sala que, la presente acción de tutela fue presentada directamente al juez constitucional, sin que exista prueba de que se requirió previamente al municipio de (?...?) o a cualquier autoridad administrativa, la prestación de las ayudas económicas, afiliación y reclasificación y que éstas se hubieran negado a hacerlo.?

?En otras palabras, el juez de tutela no puede entrar a dar órdenes con base en supuestas negativas u omisiones, en aras de la protección pedida pues, sólo le es dado hacerlo si existen en la realidad las acciones u omisiones de la autoridad y ellas constituyen la violación de algún derecho fundamental.?

En el presente caso la Corte concluyó que no se habían vulnerado los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, confirmó el fallo proferido por los jueces de instancia, mediante los cuales se había declarado la improcedencia de la acción de tutela. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-750-07

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