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Última modificación: 2011-01-28
La sanción administrativa que impide la visita conyugal a la persona privada de la libertad por el tiempo que le falta para cumplir la condena es desproporcionada e irrazonable

El actor afirmó que durante el cumplimiento del primer año de su pena de 42 meses de prisión fue visitado periódicamente en el establecimiento de reclusión por su compañera permanente, quien para esa época era menor de edad. Sin embargo, cuando ella cumplió la mayoría de edad, dado que aún no había solicitado la expedición de su cédula de ciudadanía, el establecimiento penitenciario y carcelario en el que se encontraba recluido le impidió el ingreso en dos ocasiones. Abocada a tal situación su compañera permanente intentó ingresar al mencionado establecimiento con la contraseña de la cédula de ciudadanía de otra persona, razón por la cual el director del establecimiento, mediante un acto administrativo y con base en las normas vigentes sobre la materia, decidió prohibir su ingreso por el término de cuatro años.

El accionante consideró que aquella sanción era desproporcionada y vulneraba sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad; pues la sanción impuesta a su compañera (48 meses) era incluso mayor a la pena privativa de la libertad que a él se le había impuesto.

La Corte recordó con relación a los derechos fundamentales de los presos que pueden ser restringidos en razón de las condiciones que resultan de la privación de la libertad que esa facultad no tiene un carácter absoluto. Las disposiciones legales y las medidas orientadas a restringir el ejercicio de los derechos fundamentales de los internos de un establecimiento penitenciario, deben ser razonables, útiles, necesarias y proporcionales a la finalidad que busca alcanzar, esto es, su resocialización. Sólo serán razonables y proporcionadas constitucionalmente, las limitaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que sean "legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente? .

Para el caso concreto, la Corte concluye que es claro que la compañera permanente del interno accionante infringió el régimen disciplinario del establecimiento de reclusión al intentar ingresar al mismo con la contraseña de la cédula de ciudadanía de otra persona. Sin embargo, aunque la autoridad penitenciaria, con fundamento en las normas que regulan la materia y en ejercicio de su potestad de definir el régimen interno de visitas y de adoptar las medidas pertinentes para garantizar la disciplina, la seguridad y el orden público en el interior del establecimiento, se encuentra legitimada para imponer una sanción administrativa a la referida infractora, tal decisión no se encuentra ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y en consecuencia, vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad.

A la luz de la Constitución y de las normas que regulan la materia, la autoridad penitenciaria no puede anular el ejercicio de tales derechos de manera absoluta como sucedió en este caso. La sanción impuesta excede el término de reclusión del interno, por lo que tal decisión frente a la falta cometida implica la anulación absoluta del derecho del interno a la visita íntima, pues de acuerdo con el término de la sanción impuesta a su compañera permanente, el interno no podrá recibir su visita durante el tiempo de condena que le falta por cumplir, situación que deriva en una restricción excesiva de sus derechos fundamentales.

En otras palabras, la sanción impuesta no se ajusta al principio de razonabilidad, pues a pesar de que busca garantizar la disciplina, la seguridad y el orden público en el establecimiento de reclusión, en criterio de la Corte, no existe una razón suficiente que permita justificar que el actor no pueda recibir la visita de su compañera permanente durante la totalidad del tiempo de condena que le falta por cumplir.

No obstante, la Corte advitió que aunque la sanción no se ajusta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, las autoridades penitenciarias y carcelarias -si así lo estiman-, podrán dar curso a la acción disciplinaria y penal a que haya lugar contra la compañera permanente del actor, de conformidad con las normas pertinentes.

En virtud de lo anterior, la Corte concedió al interno la tutela de sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad del actor, y dejó sin efectos el acto administrativo por medio del cual se impuso la sanción a la citada visitante, expedida por la Dirección del establecimiento de reclusión. En consecuencia, ordenó a dicha Dirección que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la correspondiente sentencia, realizara todas las gestiones administrativas necesarias para restablecer las visitas íntimas del interno con su compañera permanente, bajo condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad, siempre y cuando la visitante se sometiera al marco de las normas de seguridad y disciplina establecidas en el Reglamento del Régimen Interno de dicho Establecimiento.

Así mismo, aclaró la Corte que en el evento en que la referida visitante infringiera nuevamente el régimen interno del establecimiento de reclusión, las autoridades penitenciarias podrían imponerle la sanción respectiva, respetando para ello los límites definidos para el efecto por la Constitución, la legislación y la jurisprudencia, es decir, si la sanción consistiera en la prohibición de las visitas íntimas, deberá sujetarse a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y en consecuencia, no podrá anular el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad del recluso. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-274-08

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