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Última modificación: 2013-04-24
Obligación del estado de aplicar el principio de la buena fe ante la queja o manifestación de alguna dolencia o patología por parte del recluso

Un interno demandó al Director del establecimiento en el cual se encuentra recluido, para que se le protejan sus derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana y de petición, ordenando que dicha entidad le preste atención oftalmológica o que se le traslade a otro centro en el cual le puedan brindar la atención médica que requiere, pues debido a una lesión con arma blanca a la altura de la sien, está perdiendo la visión de su ojo izquierdo.

Los jueces de instancia negaron el amparo, con base en la historia clínica aportada por el Centro Penitenciario, en la cual no hay registro del padecimiento del interno.

La Corte consideró que cuando se trata de personas que se encuentran recluidas, limitadas y restringidas en sus derechos, se hace fundamental la aplicación del principio de buena fe, más aun tratándose del derecho a la salud por cuanto su afectación trae consigo la imposibilidad de llevar una vida digna, inherente al ser humano.

Ante la imposibilidad de practicar por su cuenta exámenes diagnósticos y de proveerse la atención que consideraría pertinente con ocasión de su dolencia, asistiendo a un centro médico de naturaleza pública o privada, en cuanto la persona tiene limitado su derecho a escoger y autodeterminarse, le asiste al Estado la obligación de aplicar el principio de buena fe ante la queja o manifestación de alguna dolencia o patología por parte del recluso, así como de disponer de los medios necesarios para garantizar el disfrute del derecho fundamental solicitado, mediante la prestación de un servicio eficiente y acorde con su estado de salud.

En el caso concreto, después de la valoración probatoria y del dictamen de Medicina Legal solicitado en sede de revisión, se pudo establecer que el demandante tiene una deficiencia visual, posterior a una herida ocasionada por arma cortopunzante y además, que no ha recibido atención médica especializada.
En consecuencia, la Corte concluye que la vulneración a los derechos fundamentales invocados, se concreta con la conducta omisiva de los directivos y médicos del establecimiento penitenciario al no diagnosticar ni suministrar la asistencia médica especializada solicitada por el interno. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-190-10

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