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Última modificación: 2013-04-24
Obligación del estado de expedir sin costo alguno los duplicados de la cédula de ciudadanía a los internos incluidos en el sisben dada su especial relación de sujección al estado

Varias personas privadas de la libertad instauraron acción de tutela de contra la Registraduría Nacional de Estado Civil, en defensa de su derecho fundamental de identificación, con el fin de lograr la expedición del duplicado de la cédula de ciudadanía, la cual les fue negada por no acreditar su adscripción al Sisbén y en consecuencia no estar exonerados del costo de éste.

La Corte recordó que la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene el deber de tramitar, expedir, renovar y rectificar, según el caso, la cédula de ciudadanía a toda persona que tenga derecho a tal documento, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, posibilita el ejercicio de significativos derechos constitucionales y legales, como son los derechos civiles y políticos, la acreditación de la ciudadanía y la determinación de la identidad personal.

De igual forma precisó que la ley le otorga a la cédula de ciudadanía el alcance de medio de identificación personal, de donde se infiere que mediante ella se acredita la personalidad del titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, los actores requieren el duplicado de sus respectivas cédulas ya que, sólo a través de ese documento idóneo, y en ocasiones irremplazable, les es posible establecer su identidad, estando de otra parte en imposibilidad de movilizarse para obtenerlo.

Por otra parte, la Corte estableció que debido a la especial relación de sujeción que tienen las personas privadas de la libertad con el Estado, éste debe asumir frente a ellos una serie de responsabilidades y tomar diversas iniciativas especiales, para contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia se les puede restringir como, para el presente caso, el derecho a la personalidad jurídica, sin perjuicio de lo atinente a la suspensión de los derechos políticos.

De esta forma, tutela los derechos de los internos que se encuentran acreditados en el Sisben y extiende esa misma protección a aquellos encuestados a los que aún no se les ha asignado nivel, en el evento de que esta sea asignado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-721-10

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